El 8 de mayo estalló una huelga en la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), en la que alrededor de 700 trabajadores paralizaron labores en la mina de Cerro Maimón, exigiendo el pago de bonos del año 2022.

Así lo narra el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana. La entidad señala que el sindicato defiende que dichos bonos deben corresponder a entre 45 y 60 días de salario, como establece la ley, mientras que la empresa china realizó un pequeño pago a fines de abril correspondiente a alrededor de cinco días de salario y se niega a honrar sus obligaciones con los trabajadores.

El 9 de mayo, la Policía Nacional y efectivos militares atacaron a los trabajadores concentrados frente a las oficinas de la empresa, bajo las órdenes de un general de apellido Heredia, denunció el sindicato, dejando a un trabajador herido.

Cormidom, que usufructúa la concesión C-1 de Cerro Maimón para la explotación de zinc, plata, oro y cobre, amenaza con realizar despidos masivos de trabajadores, quienes desde enero exigen el pago de los bonos. El sindicato responsabiliza a la vicepresidenta de la empresa Elizabeth Mena y el gerente general, Paul Marinko, de la persecución antiobrera y antisindical. Actualmente se desarrolla la negociación del contrato colectivo de trabajo

La conflictividad laboral se ha acentuado luego de las muerte en septiembre y diciembre de 2021 de los trabajadores Héctor Bautista y José Manuel Fernández dentro de la mina, como consecuencia de violaciones a las normas de seguridad por parte de la empresa.

El 31 de julio de 2022 se produjo un nuevo derrumbe en la mina subterránea que dejó atrapados a los trabajadores, Carlos Yépez y Gregory Méndez. Fueron rescatados el 9 de agosto.

«El Gobierno, en vez de investigar las violaciones a las normas de seguridad, elogió a la empresa imperialista, mientras los principales medios de comunicación han intentado silenciar las denuncias de los trabajadores», destacó el Movimiento de Trabajadores.

Recordó que Cormidom es subsidiaria de Perilya, empresa que ha sido sancionada por sus violaciones a las leyes de seguridad en Australia. Perilya es a su vez propiedad de la empresa Shenchen Zongjin Lingnan Nonfemet, empresa mixta cuyo principal accionista es Guandong Rising Assets, propiedad del gobierno regional de Guangdondg, China.

Aunque ahora alega no poder cumplir con sus compromisos legales, Cormidom ha generado cientos de millones de dólares en exportaciones desde que se le entregó la concesión. Rechazamos las violaciones a los derechos laborales y condiciones de seguridad por parte de Cormidom», expresó la agrupación.