PLD sobre las investigaciones de los Papeles de Pandora
Por este medio, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), asumiendo su responsabilidad como principal partido de oposición, desea fijar su postura frente a las informaciones arrojadas por los denominados Papeles de Pandora. Dichos papeles hacen de conocimiento público a la comunidad internacional, la utilización de paraísos fiscales por parte varios presidentes latinoamericanos en ejercicio, incluyendo al Presidente dominicano, Luis Abinader.
Estos documentos han sido publicados por prestigiosos medios de comunicación extranjeros, tales como, el periódico El País, de España; el Washington Post, de Estados Unidos; Le Monde, de Francia; The Guardian, de El Reino Unido, entre otros; y, localmente, por Noticias SIN, a raíz de una investigación realizada bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según lo publicado hasta el momento, el Presidente Luis Abinader está vinculado a dos sociedades comerciales registradas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A. De acuerdo a la investigación internacional, forman parte de las compañías, fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos estructurados para eludir responsabilidades fiscales y, al mismo tiempo, escapar del escrutinio público.
Según un comunicado de la Presidencia de la República, dado a conocer el día de ayer en espacio pagado, estas empresas habían sido incluidas en el patrimonio declarado por el Presidente Abinader en su declaración jurada de bienes. Sin embargo, dicha información no se corresponde con la verdad, toda vez que las compañías offshores incluidas en la sección 5.3 de la Declaración Jurada de Patrimonio del Presidente de la República son SAVOY INVESTING, LTD y ESTELA CORPORATION, constituidas en Islas Vírgenes Británicas; y CORAL GARDENS DEVELOPMENT INC., constituida en Panamá.
Las empresas Littlecot Inc. y Padreso S.A. no fueron incluidas en la declaración de patrimonio del presidente de la República que se encuentra publicada, sin que se conozca la intención de dicha exclusión. Aun en el caso de que la propiedad de alguna empresa sea compartida con otras personas, físicas o jurídicas, debe incluirse en la declaración jurada de patrimonio, haciendo la salvedad de la proporción correspondiente a dicha titularidad, pues forman parte del patrimonio del presidente. Lo cierto es que ambas compañías fueron creadas antes de éste asumir su cargo y usadas para gestionar activos en República Dominicana. Además, según se ha informado, las acciones de estas sociedades eran inicialmente emitidas a favor de “el portador”, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios reales de las compañías.
El Presidente Luis Abinader, de acuerdo a las pesquisas, se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños. Se trata de acusaciones muy serias puesto que, de probarse estas afirmaciones, se estaría hablando de que el actual Presidente estuvo operando en paraísos fiscales, los cuales son utilizados para eludir responsabilidades fiscales y tributarias, tal y como reconoció en 2017 el Presidente chileno, Sebastián Piñera, quien dijo además que se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, o para evadir impuestos, siendo Piñera, junto a Abinader, uno de los tres presidentes latinoamericanos en ejercicio que han sido denunciados en este escándalo mundial.
Si el compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en su carrera política, como afirma el comunicado de la Presidencia publicado en espacio pagado, instamos al Presidente a actuar con transparencia y que solicite, a las autoridades fiscales y tributarias pertinentes, que realicen una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento o no de las obligaciones fiscales del ciudadano Luis Abinader con respecto a las riquezas generadas por esas empresas, y que demuestre a la sociedad dominicana que este esquema fiscal que utiliza, con sociedades offshores, fideicomisos u otros instrumentos, no se haya hecho con el propósito de eludir sus responsabilidades tributarias en la República Dominicana.
Al decidir trasladar y mantener esos fondos en el extranjero, el presidente de la República demuestra que no confía en el futuro económico del país y, por lo tanto, pone en entredicho su credibilidad y respeto por las instituciones públicas tributarias de República Dominicana y por las necesidades insatisfechas de la ciudadanía.
El PLD reconoce que en República Dominicana ha sido una práctica y costumbre el uso de estas empresas por una parte del sector privado local para la gestión lícita de sus negocios. Sin embargo, resulta criticable que una vez llegado a la presidencia de la República, el Presidente Luis Abinader mantenga vigentes estos instrumentos.
A raíz de lo anterior, cabe preguntarse:
¿Con qué autoridad moral le dice el Presidente Luis Abinader al pueblo dominicano que hará un gobierno transparente y utilizará de manera responsable los impuestos de la ciudadanía, cuando incluso antes de llegar a la administración pública apeló a la utilización de instrumentos financieros que, cuando menos, son ética y moralmente cuestionables para un Jefe de Estado?
¿Cómo va a convencer a inversionistas y empresarios de invertir en nuestro país y confiar en nuestra economía cuando la máxima autoridad prefirió mantener parte de su patrimonio fuera del mismo?
¿Qué ejemplo o estímulo le da a la población dominicana para cumplir con sus obligaciones tributarias un presidente, por demás economista, que prefiere colocar su dinero fuera del país?
Y por último, ¿cómo puede justificar una reforma fiscal a la sociedad dominicana un presidente que ha demostrado que no está dispuesto a hacer su parte, transparentando su accionar fiscal y tributario?
El Partido de la Liberación Dominicana considera que el pueblo dominicano merece una explicación completa y convincente del Presidente Luis Abinader sobre estas empresas no incluidas en su declaración pública de bienes, que lo vinculan a la colocación de gran parte de su patrimonio en paraísos fiscales, los cuales son utilizados con el fin de eludir responsabilidades fiscales y tributarias.
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