El Estado dominicano ha sido un pésimo administrador de fábricas y comercios, es decir empresas estatales, y si tiene razones políticas para quedarse como dueño de las dos plantas de electricidad de Punta Catalina, por lo menos debe entregarlas en administración a una compañía extranjera con experiencia en plantas de carbón y sin ninguna vinculación con instituciones o consorcios que ya operan en el país.

Al caer la dictadura de Trujillo el Gobierno sucesor estatizó por medio de expropiaciones unas veintidós fábricas y comercio que pertenecían a la familia Trujillo, así como doce ingenios azucareros, los cuales también eran de su propiedad.

Hoy día de esas veintidós empresas veinte han quebrado y las dos que siguen operando precisamente las administran dos grupos extranjeros: la guatemalteca dueña junto con el Estado y que opera a Molinos Dominicanos y la inglesa que regentea la antigua Tabacalera.

De las tierras del CEA que iban desde Haina hasta Sabana Grande de Boyá, más las que poseía en las cercanías de San Pedro de Macorís, Puerto Plata y la Línea Noroeste, son pocas las que siguen en manos estatales y estas probablemente están siendo ocupadas ilegalmente. Por esa pésima administración debe culparse a todos los partidos, el Reformista, el PRD y el PLD.

Pero también hay ejemplos de empresas existentes y rentables donde el Estado es accionista, pero que son o fueron administradas por compañías extranjeras. En el mismo sector energético tenemos a Itabo, una planta de carbón donde el Estado posee un 50% de las acciones pero que es manejada por la AES una empresa norteamericana y en iguales condiciones está Ege Haina, otra planta de carbón. 

Por muchos años la Refinería Dominicana de Petróleo contaba con 50% de sus acciones en manos del Estado pero era administrada por una empresa internacional, la Shell. Son ejemplos de compañías donde el Estado es accionista pero son bien administradas por empresas extranjeras.

La comisión nombrada por el Gobierno pasado para decidir qué hacer con las Catalina y que encabezó el recién fallecido monseñor Agripino Núñez Collado, entre sus recomendaciones estuvo la entrega de su administración a una empresa foránea con experiencia en el área. La decisión sobre esa entrega de la administración a una compañía extranjera la podrían tomar los cinco miembros del comité técnico creado por el fideicomiso.

Y hablando de fideicomisos, siempre me haré la pregunta de por qué no se buscó una solución más simple y formar una compañía por acciones donde el Estado fuese el accionista principal en vez de un fideicomiso. Pero eso es para una discusión entre abogados.