La Convención de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI que se abre a la firma de las organizaciones regionales y de integración.

El 3 de mayo del 2008, en Ginebra, entró en vigor dicho tratado. Se cristalizó uno de los procesos de negociación más productivo para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Al año 2022 estamos muy cerca de su universalización. Es algo grandioso y sin precedente.

Tenemos que acelerar la aplicación de este tratado de derechos y de desarrollo. La CDPD es jurídicamente vinculante y un instrumento de políticas públicas impagable para hacer las transformaciones culturales, económicas y políticas.En su elaboración confluyeron voluntades, experiencias, compromisos, madurez, creatividad y buenos negociadores.

Negociaban generalmente diplomáticos y líderes de la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias de todo el mundo. El liderazgo de la sociedad civil alcanzó su nivel más alto de madurez y realizó enormes aportes.La diplomacia dio ejemplo de acertada utilidad de la política internacional. Su complicidad y entrega fueron decisivas.Estamos en deuda con esos líderes sociales y políticos, algunos ya idos.

Con la entrada en vigor de la CDPD, la sociedad mundial inició procesos para hacer sus ajustes necesarios e irse rehabilitando ella, para ser más justa e inclusiva.Hay grandes avances.

La pandemia frenó procesos, evidenciando fortalezas y debilidades después de 14 años de entrada en aplicación. Estos pocos años son insuficientes para edificar el modelo social de la discapacidad y erradicar falsas creencias, desinformación, discriminación y mitos.

Corresponde seguir haciendo desmontes de los modelos asistencialista y médico, que arruinan la dignidad y nos someten al olvido. Estos paradigmas todavía tienen grandes arraigos culturales.

¡Cuidemos los derechos humanos alcanzados, sigamos construyendo esta agenda de paz, convivencia y dignidad de la sociedad dominicana!