La República Dominicana, en la última década, en materia agropecuaria creció de manera sostenida. Sin embargo, en la actualidad está dando un giro peligroso, evidenciado por su notable descalabro, ya que la gestión gubernamental parece focalizar sus esfuerzos en facilitar las importaciones, con un incremento de más de 1,500 millones de dólares en los últimos tres años, dejando en el olvido el fortalecimiento del sector agropecuario local que lucha por mantenerse.

Las mismas han sido impulsadas como principal bandera de esta gestión, encabezada por el presidente Luis Abinader.

La situación ha generado gran preocupación entre diversos sectores, que se han manifestado a través de comunicados públicos, dirigidos directamente al presidente; han realizado protestas cívicas, en señal de luto del sector y numerosas ruedas de prensas de productores reclamando atención de las autoridades.

Las estructuras de importadores con grandes capitales siguen consolidándose, amenazando con un desplazamiento del aparato productivo nacional.

El gobierno les ha dado apoyo de manera permanente, aprobando una Ley de Arancel Cero «0» para 67 productos por 6 meses, venta de productos importados a la población a través de programas sociales, aprobación de plantas procesadoras de carne en Brasil para que puedan exportar a RD y ahora, como garantía de protección, sometiendo una ley que permita al presidente eliminar aranceles a productos agropecuarios cuando haya «desabasto», palabra subjetiva y abarcadora.

Las autoridades se han convertido en un peligro latente y, lejos de estimular la producción local, se esfuerzan en debilitar las capacidades productivas interna y garantizan la dependencia de productos importados, incluso de aquellos en los cuales hemos sido autosuficientes.

Un punto clave en las destructoras ejecutorias del estado, es la falta de iniciativas del gobierno para apoyar de manera decidida a nuestros productores locales, mientras los agricultores y ganaderos locales enfrentan serias dificultades, desde la falta de acceso a financiamiento, de acompañamiento técnico hasta la poca o nula transferencia de tecnología al campo que permitan lograr la rentabilidad y precios justos a los consumidores.

Otro dato revelador, como consecuencia de esta situación, es la caída sustancial de las exportaciones, que pasaron de 2,905.35 millones de dólares en el año 2022 a 2,593.05 millones de dólares en el año 2023, lo que representa una caída brusca y significativa de más de un 10%.

Este descenso, calculado como la diferencia porcentual entre ambos valores, refleja la pérdida de competitividad en los mercados internacionales y la disminución de la participación de la producción nacional en el comercio global.

Otra consecuencia no deseada de este desequilibrio es el alto costo de los alimentos en todos los comercios, tanto mayoristas como minoristas.

Las importaciones de productos agropecuarios no han logrado bajar precios, aunque ha sido el argumento para apoyarlas y, combinada con la falta de incentivos a la producción, han mantenido los bienes alimenticios con los precios más altos de la historia, generando un impacto directo en la inflación de los alimentos que se han mantenido por encima de la inflación general, y, de igual manera, agravando las dificultades económicas de la población, como se muestra en la siguiente gráfica:

La relación de dichos índices antes, era inversa, especialmente en el periodo 2012-2020, cuando la inflación promedio por año de los alimentos nunca estuvo por encima de la inflación general.

Es urgente ejecutar medidas concretas para recuperar y fortalecer la productividad nacional agropecuaria. También apoyar a los productores locales de manera decidida y consultiva, es decir, en coordinación con los diferentes sectores, fomentar la inversión en nuestro desarrollo técnico productivo y establecer políticas que promuevan la competitividad y recuperación de los mercados del exterior.

Es necesario rescatar el actual estado de deterioro y abandono del campo para continuar la construcción de una base sólida, que garantice el desarrollo sostenible del sector agropecuario y, de esta forma, permitir que el pueblo dominicano vuelva a tener tranquilidad y sosiego a la hora de planificar el consumo sus alimentos ¡Que ya no aguantan precios más altos!