Un predio ubicado en el departamento colombiano del Cauca (suroccidente) pasó de funcionar como un sitio donde décadas atrás los paramilitares concebían la muerte a ser uno donde actualmente las comunidades planifican el crecimiento de la vida, como parte de la intervención social en los territorios por parte del Gobierno de Gustavo Petro para «reemplazar la economía ilícita por lícita». 

En este lugar, ubicado en el municipio caucano de Buenos Aires, los paramilitares concibieron más de una centena de masacres hace dos décadas. Sin embargo, su uso ha cambiado y actualmente son los campesinos afro e indígenas –que han sido víctimas del conflicto armado– los que planifican y proyectan el desarrollo de un emprendimiento avícola y agrícola popular.

El pasado miércoles, se hizo la entrega formal de un terreno de 387 hectáreas a las comunidades organizadas. Se prevé que en esa zona tenga una capacidad productiva de nueve galpones, que alberguen 400.000 pollos de engorde, y miles de litros de leche provenientes de 190 vacas. La puesta en marcha de esta iniciativa tendría efectos directos sobre 10.000 familias.

Además de la industria avícola y de producción láctea, se espera que haya cultivo de plátano, yuca, piña, arroz y cítricos.

¿En manos de quiénes estarán las tierras?

En el acto, que estuvo dirigido por el presidente Petro, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo la entrega a trabajadores de la tierra de esa hacienda, anteriormente en manos privadas, que tuvo presencia de narcotraficantes y paramilitares.

Quienes recibieron este predio, que ha sido renombrado como Alto del Cauca, son el Consejo Comunitario Cuenca de Río Cauca, Microcuencas de los ríos Teta y Mazamorrero y las organizaciones Ardencanc y Fundamerica.

Previamente, el pasado 10 de agosto de 2023, recoge El Tiempo, la Fiscalía tomó control de la Sociedad Gavigán, que antes de pasar a manos del paramilitarismo había pertenecido al narcotraficante Pablo Escobar. La entrega, para su administración, se hizo a la SAE, que la traspasó de manos privadas a las víctimas de la violencia en ese municipio caucano.

¿Qué ocurría antes?

La hacienda estaba a nombre de Oswaldo Marín, hijo de Belcy Gómez Murcia, una narcotraficante conocida como ‘La Señora’, que fue detenida en Cali en 2021. Esta mujer sería la encargada de la producción y envío de cocaína a Ecuador y EE.UU., por lo que fue extraditada a ese último país.

El espacio anteriormente fue conocido como la Hacienda San Carlos, centro de operaciones del Bloque Calima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Ese bloque paramilitar, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, estuvo detrás de 119 masacres entre 1999 y 2004, lo que además, además causó 3.400 hechos de desplazamiento forzado individual y colectivo. Solo en el Cauca, este grupo armado ejecutó 1.304 homicidios, mientras que en el vecino Valle del Cauca, cegó la vida de 2.372 personas.

La llegada de las AUC a esa zona tuvo como finalidad la disputa con las guerrillas y el combate a la fuerza pública, como manera de saboteo a las negociaciones de paz que se hicieron durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

«Construyendo paz»

Durante su discurso, el mandatario recordó que en ese lugar fueron planificadas las masacres paramilitares, entre ellas la del Naya, que ocurrió entre el 10 y 13 de abril de 2001 en las cercanías del río del mismo nombre. Tras el hecho, por lo menos 100 personas fueron asesinadas y más de 3.000 fueron desplazadas de sus comunidades.

«Al pueblo que querían martirizar, ahora lo tenemos aquí, donde se tomaban las decisiones oscuras del poder mafiosos en Colombia», aseveró.

Petro destacó que con esta entrega se demuestra que la economía popular es posible y que se puede superar la desigualdad social, atizada por las décadas de conflicto armado.

«Podemos hacer un país más equitativo, porque si lo construimos, estamos construyendo la paz, porque la paz es sinónimo de equidad social, así como la violencia es sinónimo de desigualdad social«, expresó.

En el acto, participó el mayor Armando Caracas Carabalí, representante del Consejo Comunitario Cuenca del río Cauca y Microcuenca río Teta y Mazamorrero, quien, con palabras cargadas de emoción, recordó el pasado.

«Nos humillaron, nos dejaron por mucho tiempo desplazados», dijo y agregó que con esta determinación se demuestra que el pueblo puede gobernar y producir alimentos.

«Las comunidades estamos cansadas de vivir en guerra, queremos vivir en paz. Por eso llamamos a que continúen las mesas de diálogo hasta que todo esto sea un éxito para los territorios», expresó el líder social.

Al tomar la palabra Adriana Bandera, representante legal de la organización comunitaria Ardencanc, manifestó que desde el trabajo que se realiza en esa zona apuestan a «hacer la diferencia» a través de la construcción de la paz. 

«Como campesinos hemos estado poniendo nuestra parte para que el territorio en el norte del Cauca pueda ser mejor, porque creemos en que en el Gobierno está la respuesta», aseveró.

Por su parte, Feliciano Valencia, líder indígena de la comunidad Nasa, expresó que las comunidades habían aceptado el desafío para demostrar que también puede «administrar en grande» y no solo «cositas pequeñas«.

El también exsenador recordó que anteriormente, para reclamar la presencia del Estado, había que recurrir a las «vías de hecho», entre ellas las protestas y cierres de vías.

«Estamos viendo que no tuvimos que hacer una acción de presión para que el presidente llegara a compartir con nosotros. Sin necesidad de poner muertos y heridos en las luchas callejeras», manifestó.