Vicenç Navarro
Profesor de Salud Pública en la School of Public Health de la Johns Hopkins University; Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Cent

Indiqué en un artículo reciente que hoy sabemos cómo contener la pandemia de coronavirus (Cómo los dogmas neoliberales están obstaculizando la resolución de la pandemia, Público, 03.02. 21). Soy docente e investigador de la Escuela de Salud Pública en The Johns Hopkins University, uno de los centros académicos que está trabajando en el tema, y puedo dar testimonio de que la comunidad científica sabe cómo contenerla, de manera tal que ya podríamos empezar a recuperar elementos importantes de la normalidad que nos permitieran salir del pesimismo generalizado y ver que sí que hay futuro, construyéndolo de manera que podamos evitar o al menos minimizar el daño causado por esta pandemia.

hora bien, el hecho de disponer del conocimiento necesario no es garantía de que pueda aplicarse, pues por paradójico que pueda parecer, hay comportamientos y creencias en instituciones internacionales de gran peso, influenciadas por intereses económicos y financieros, que gozan de gran influencia política y proyección mediática y que, consciente o inconscientemente, están dificultando la resolución del mayor problema al que se enfrenta hoy la humanidad.

Analicemos, por ejemplo, el caso de las vacunas anti-coronavirus. De nuevo, sabemos cómo prevenir las infecciones de coronavirus mediante la vacunación de la población y sabemos también cómo distribuir estas vacunas. También estamos, por cierto, en vías de introducir medicamentos para curar o al menos paliar la gravedad de la enfermedad causada por el virus. Y, sin embargo, la aplicación de todo este conocimiento está todavía muy lejana debido a la existencia de grandes resistencias y obstáculos a nivel nacional e internacional. Según los análisis de la agencia Bloomberg, al ritmo actual de vacunación, el mundo tardará siete años en alcanzar la inmunidad colectiva al coronavirus (con un 75% de vacunación global).

La situación actual de la vacunación a los dos lados del Atlántico Norte

El primer dato relevante y esperanzador en el análisis de la situación de las vacunas a los dos lados del Atlántico Norte es que están apareciendo un gran número de ellas, tanto en EEUU como en la Unión Europea. Además de las tres más conocidas (Pfizer, Moderna y AstraZeneca), otras están ya a punto de salir tras ser evaluadas por las agencias reguladoras y, eventualmente, tener garantizada su eficacia y seguridad. La última lista de previsión de nuevas vacunas que podrían ser producidas en EEUU y Europa ascendía a casi una decena entre este y el próximo año.

En esta producción de vacunas, los Estados y el gasto público han jugado un papel esencial, pues se han invertido enormes cantidades de fondos públicos que han permitido su investigación, desarrollo y producción. Este gasto se ha hecho mediante subsidios públicos y la compra de tales productos, garantizando una gran demanda sin ningún tipo de riesgo. Como indiqué en mi artículo anterior, actualmente la gran mayoría de fondos invertidos en la producción de vacunas han sido públicos, hecho reconocido por la Asociación Internacional de Industrias Farmacéuticas. Repito, sin estos recursos, ni se hubieran desarrollado las vacunas, ni lo podrían haber hecho a la velocidad que lo han hecho.

Por otro lado, la enorme demanda insatisfecha garantiza que no se cumplan las famosas leyes del mercado, pues las farmacéuticas productoras de tales vacunas tienen tantos clientes como quieren y determinan sus precios. De ahí que las ganancias sean astronómicas, pues sus clientes (los Estados) están desesperados por conseguir las vacunas. En realidad, la escasez de vacunas refuerza el poder de negociación de la industria farmacéutica que, en varias ocasiones, ha incumplido acuerdos y cambiado de comprador al encontrar otro mejor, ocasionando problemas como los causados por AstraZeneca en la Unión Europea, poniendo de manifiesto una deficiente capacidad negociadora por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, causa del justificado enfado en varios países de la UE. El sistema de negociación de la UE ha dejado mucho que desear, y el lento ritmo de distribución de las vacunas en los países de la UE, además de insatisfactorio y súper caro, es resultado de ello. No hay duda de que la firme orientación política conservadora y liberal (creyentes del dogma liberal) de la mayoría de la dirección de las instituciones de la UE explica su deficiente gestión de la pandemia y de la provisión de las vacunas a la población europea.

Pero hay otra manera de hacerlo: poner el bien común por encima de los beneficios particulares de las industrias farmacéuticas

Tenemos experiencia que muestra que existen modus operandi para resolver esta gravísima situación distintos a los del modelo conservador-liberal. El caso más claro es la experiencia con la práctica erradicación de la poliomielitis a nivel mundial, una de las enfermedades que causó una mayor mortalidad en el mundo durante el siglo pasado. Analizando cómo se controló y erradicó la poliomielitis décadas atrás, podemos ver cómo se hizo y cómo se debería hacer ahora. Actualmente, esta enfermedad casi ha desaparecido y ello es resultado, primordialmente, de la manera en que se desarrolló su plan de erradicación. Con el objetivo final de erradicarla, se impulsó una campaña global, liderada en gran parte por la OMS, con la ayuda y el consenso internacional. Un elemento esencial de aquel hito es que no hubo ninguna patente que obstaculizara la producción de la vacuna a nivel mundial. Su descubridor, el Dr. Jonas Salk, insistió en que no la hubiera y que fuera de propiedad pública.

Claramente se antepuso el bien común por encima de todo lo demás. Se consideró que había bienes en el mundo, tal como indicó el Dr. Salk, que incluían el Sol que recibimos, el aire que respiramos y el conocimiento científico que salva vidas, que no pueden o deben apropiarse por ningún interés particular. El hecho de que el conocimiento fuera público permitió que muchísimos países produjeran vacunas. Y fue así como se superó esa pandemia, como ejemplo de la colaboración internacional, tanto en su producción como en su distribución y almacenamiento.

Pero la revolución neoliberal, iniciada a partir de los años ochenta, se expandió a nivel mundial en los años noventa y, en 1994, la Organización Mundial del Comercio, mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en inglés, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), aprobó la propiedad privada del conocimiento científico implicado en la producción de vacunas. Y ahí comenzó el problema. Se antepuso así el bien particular (conseguir el máximo beneficio a las empresas privadas) sobre el bien común (la vida de millones de personas). A partir de entonces, se ha visto cómo el conocimiento científico se ha puesto al servicio de la optimización de los beneficios de una industria, la farmacéutica, sobre los intereses de la población en general. Este acuerdo dificultó e imposibilitó la transmisión de conocimiento y colaboración científicas en la producción y distribución de las vacunas. Los beneficios empresariales han pasado por delante del bien común. Y a este enorme retroceso lo llaman «progreso» e «iniciativa empresarial». Como era predecible, ha sido el gobierno federal de EEUU y el de la Unión Europea (fervientes creyentes del dogma neoliberal y muy influenciados por estas industrias farmacéuticas) los que se han opuesto a eliminar el copyright (el derecho a la propiedad privada del conocimiento científico por encima de cualquier otra consideración), incluso de forma temporal mientras dure la pandemia.

Ante esta realidad, es obvio que en las condiciones actuales este sistema de producción y distribución de vacunas es sumamente limitado, insuficiente y -añado- inhumano, pues millones de vidas se perderán si se perpetúa este sistema de vocación empresarial. De ahí que varios países liderados por Sudáfrica y la India hayan propuesto a la Organización Mundial del Comercio suspender estos derechos de propiedad durante la pandemia a fin de producir vacunas de forma masiva y urgente. Esta propuesta continúa vetada por el gobierno federal de EEUU y por la UE, y ello a pesar de que las encuestas muestran el gran apoyo de la propuesta incluso por parte de la mayoría de los ciudadanos de ambos lados del Atlántico Norte. En este aspecto, la experiencia de la vacunación muestra que la división en el mundo no es solo entre países ricos y países pobres, pues en los primeros hay muchos pobres, y en los segundos hay ricos muy ricos que no están sufriendo las pandemias. La Johns Hopkins University está en Baltimore, donde solo el 5% de la población ha sido vacunada, siendo la clase trabajadora poco cualificada con salarios muy bajos, sobrerrepresentada por negros y latinos, la menos vacunada. Y ello a pesar de que algunas de las mayores fábricas de vacunas anticovid-19 de Estados Unidos están en Baltimore, sin que ninguno de estos productos, como señaló recientemente el Washington Post (In a virus-ravaged city, nearly 400 million vaccine doses are being made — and shipped elsewhere, 24.02.21), vayan a atender a la población de esta ciudad yendo, en su lugar, al «mercado nacional e internacional», es decir, a los mejores compradores, entre los cuales seguro que no se encuentran la gran mayoría de los países pobres.

De ahí que sería aconsejable que la población se movilizara en cada país y también a nivel mundial para forzar que el derecho de propiedad se supeditara al bien común en la producción de vacunas, jeringuillas y cualquier otro producto necesario para prevenir y curar la enfermedad y controlar la pandemia. Tanto en los países ricos como en los pobres, hay recursos para producir tales vacunas. Se necesita, pues, poner tales recursos al servicio de la mayoría de las poblaciones, dentro de un espíritu de colaboración y solidaridad mundial. La crisis climática ya hizo palpable la necesidad de desarrollar respuestas mundiales al gran problema. Por la misma lógica, es urgente que haya una respuesta semejante, anteponiendo los intereses de la mayoría de las poblaciones sobre los intereses particulares de minorías (intereses económicos y financieros con grandes cajas de resonancia política y mediática) que controlan hoy el orden (mejor dicho, desorden) mundial.