Con la consigna “Con 50 mil (pesos) no dan para vivir”, decenas de médicos pensionados y jubilados exigieron este miércoles ser incluidos en los aumentos salariales fraccionados de 15 %, 10 % y 5 %, para un total de 30 %, que aplica el Gobierno a los galenos que están en funciones, durante una protesta en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Nacional.

Condenaron que las autoridades de salud hayan dejado fuera del incremento salarial a ese grupo de profesionales, a sabiendas de que sus ingresos no son suficientes para cubrir necesidades básicas, especialmente considerando su edad y la condición de salud que padece la mayoría.

La presidenta de la Asociación de Médicos Pensionados señala que más de 3,000 médicos ganan menos de 50,000 pesos

En ese sentido, la presidente de la Asociación de los Médicos Pensionados y Jubilados, Dalma de la Rosa, sostuvo que los profesionales ya retirados nunca han recibido un aumento nominal y, que más de la mitad de los inactivos devengan menos de 50,000 pesos al mes.  

“Actualmente, hay alrededor de 5,000 médicos pensionados en todo el país, de los cuales más de 3,000 ni siquiera cobran 50,000 pesos.

Eso significa que no todos tiene esa dicha de cobrar esa cantidad, la cual no es suficiente para cubrir las necesidades básicas que tenemos”, expresó De la Rosa. 

La presidenta de la Asociación de Médicos Pensionados señala que más de 3,000 médicos ganan menos de 50,000 pesos

El doctor Rafael Pérez Pérez  enfatizó que muchos funcionarios en el país reciben pensiones  superiores, mientras que los médicos que dedicaron su vida al servicio de la salud pública se encuentran en situación precaria.

“Cómo es posible que un médico que duro 30 años salvando vidas y dando lo mejor de sí termine cobrando una mísera pensión, que ni llega a 35,000 o 40,000 pesos. Por otro lado, cómo es posible que algunos político, con menos preparación y aporte a la sociedad con respecto a los médico,  solo trabaja cuatro años y sea pensionado con más de 100,000 pesos”, cuestionó Pérez. 

Los retirados piden al Gobierno que haga uso de sus facultades para garantizar una pensión digna. Argumentan que, aunque el aumento no esté contemplado en ninguna ley específica, la Constitución establece el derecho a la salud, y ellos, como responsables de haber garantizado este derecho durante décadas, deberían recibir una compensación justa.