Parir siendo mujer pobre es un riesgo enorme en República Dominicana. La tasa de mortalidad materna escaló a 127 por cada 100,000 nacidos vivos. La media en América Latina es 67 por cada 100,000 nacidos vivos. ¡La media!, porque en Cuba es de 40 por 100,000 nacidos vivos y en Uruguay es de 8 por 100,000 nacidos vivos.

Lo ocurrido en los primeros cuatro meses de 2021 en República Dominicana es una verdadera catástrofe. Es la cifra más alta desde 2017. Desde entonces venía bajando, aunque lentamente.

80 % de esas muertes pudieron evitarse, confiesan las mismas autoridades sanitarias. Es decir, 56 madres no debieron morir.

Descuido de los responsables sanitarios concentrados en enfrentar el COVID-19. Abandonaron protocolos. Escasearon las consultas previas al parto, por temor a contagio.

Permitir tal indolencia sistémica, no hacer lo que corresponde, sabiendo las consecuencias, es un crimen. Esas madres no debieron morir.

Ahora se conoce el dato, pero antes, mucho antes de recibir las estadísticas, las autoridades sanitarias lo sabían. «Lo venían sabiendo» por los reportes diarios desde los hospitales. El hecho no ocurrió de golpe, fue construyéndose día a día ante la indiferencia de los responsables de velar por la salud pública.

Y que no vengan con el cuento de siempre de las parturientas haitianas para alimentar el odio y el racismo y escapar a la responsabilidad.

Es cierto que muchas embarazadas haitianas vienen a parir a República Dominicana por la indolencia e irresponsabilidad del Estado haitiano. Otras haitianas residentes pobrísimas, también. Es una constante, no una variable. Ahora, las muertes de embarazadas y parturientas se han disparado y las autoridades sanitarias dominicanas deberían explicar porqué lo permitieron y decir cuáles son los correctivos que estarían aplicando.

Imagen: EFE