Representantes de las bancadas de oposición en el Congreso chileno informaron que se encuentran preparando una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras la investigación internacional, bautizada como los Papeles de Pandora, que demostró que la familia del mandatario habría obtenido ganancias millonarias a través de guaridas fiscales.

«Hay una clara convicción de que estamos en presencia de una irregularidad muy profunda, muy grave, que configuran varios argumentos que llevan a la convicción de una acusación constitucional contra el presidente de la República», afirmó el diputado Tomas Hirsch, de Acción Humanista (AH).

Tras el escándalo que provocó la publicación del trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló que Piñera participó en una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas en un evidente caso de conflicto de intereses, los partidos de oposición han mostrado su voluntad para proceder con una acción constitucional. De momento, únicamente el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se encuentra dividido, según adelantó Hirsch.

La ruta de la oposición

Hasta ahora, las bancadas se encuentran en proceso de recopilación de antecedentes. «Estamos tomando la decisión respecto de un calendario; cómo avanzar; cuáles son los pasos; en qué momento la presentamos», agregó Hirsch.

Desde el Partido Comunista (PC) informaron que ya se constituyó un equipo jurídico para redactar el recurso, con la intención de que la acción sea ingresada la próxima semana y sea votada antes de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 21 de noviembre. 

En conferencia de prensa, el diputado Daniel Núñez señaló a Piñera por comprometer «el honor de la nación, al privilegiar el lucro y el interés privado por sobre la defensa del medio ambiente».

Por su parte, el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista (PS), detalló que la acusación contra el mandatario se fundamentará en dos causales. Por haber «infringido el principio de probidad y por comprometer el honor de la patria«. 

El Congreso tiene la facultad exclusiva de elaborar una acusación constitucional contra el presidente por «actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes».

El proceso establece que deberá ser presentada por escrito y que la cámara deberá elegir, al azar, una Comisión conformada por cinco diputados, para determinar si procede la acusación.

En noviembre de 2019, Piñera enfrentó un intento de las bancadas opositoras de avanzar una acusación constitucional contra el mandatario por las presuntas violaciones a los derechos humanos durante el accionar represivo de las protestas. No obstante, fue rechazada por la mayoría en el pleno. 

Ganancias millonarias

La investigación los Papeles de Pandora desveló que Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo de Piñera, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones. El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de las Islas Vírgenes Británicas.

La última cuota dependía de que no hubiese cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que le correspondía al gobierno, lo que Piñera, que ya era presidente, efectivamente cumplió. Esa decisión es la que implicaría un conflicto de intereses.

La operación permitió que los inversionistas, incluyendo a la familia del mandatario, obtuvieran una ganancia del 1.000 % en 18 meses.

Tras la publicación de los Papeles de Pandora, Piñera aseveró que nunca fue informado ni consultado sobre la venta de Minera Dominga, ya que se encontraba enfocado en su primer mandato presidencial (2010-2014).