La Internacional Progresista presentó el «Informe sobre la desigualdad mundial 2026», revelando que menos de 60,000 personas poseen el triple de riqueza que la mitad de la población global.

El documento, prologado por la economista Jayati Ghosh, describe un sistema mediante el cual el 0.001% más rico ejerce un control desproporcionado sobre los recursos económicos y las decisiones políticas internacionales.

Los datos estadísticos subrayan que el 10% más rico captura actualmente más ingresos que el 90% restante. En términos de propiedad, este estrato superior posee tres cuartas partes de los activos mundiales, mientras el 50% más pobre apenas retiene el 2%.

Estas cifras evidencian una estructura financiera que prioriza la acumulación de capital sobre la distribución equitativa de ingresos.

La organización señala que la brecha educativa reproduce jerarquías históricas derivadas del colonialismo.

El gasto medio por niño en el África subsahariana es de 200 euros, frente a los 9,000 euros registrados en Oceanía y Estados Unidos. Esta diferencia de cuarenta veces en la inversión pública perpetúa condiciones de deuda y emergencia permanente en las regiones del Sur Global.

El informe califica el orden vigente como un «apartheid global», organizado en torno a la propiedad y la capacidad de decisión sobre la vida ajena.

Según el organismo, este sistema no admite soluciones tecnocráticas, sino que requiere una transformación estructural. La escasez que afecta a la mayoría de la población es analizada como un producto directo de decisiones políticas deliberadas.

Asimismo, se denuncia que el aparato de seguridad global protege la riqueza extrema mediante la militarización y la criminalización de las migraciones.

El documento vincula la vigilancia de las cadenas de suministro y la represión de movimientos sociales con el mantenimiento de «zonas de sacrificio». La violencia política se identifica como la herramienta necesaria para sostener la desigualdad en contextos críticos.

No obstante, el análisis presenta la pobreza extrema como una variable reversible. Se citan los modelos de inversión pública en el estado de Kerala y la reducción de la pobreza en China como evidencias de éxito institucional. Para la Internacional Progresista, estos resultados demuestran que el poder público organizado puede alterar los balances de bienestar físico y esperanza de vida.

Ante la convergencia de crisis climáticas y financieras, la organización propone la creación de un contrapoder internacionalista. Su estrategia para 2026 consiste en vincular las demandas de servicios públicos, soberanía de la tierra y justicia climática.

El objetivo es desmantelar las estructuras financieras que imponen el endeudamiento a las naciones y fortalecer la propiedad pública frente al capital privado.

La noticia concluye con un llamamiento a la organización transfronteriza para derrotar lo que denominan la «Internacional Reaccionaria».

El manifiesto advierte que, sin una acción política coordinada, el sistema actual profundizará su carácter militarista. La construcción de nuevas instituciones internacionales se presenta como la única vía para inclinar el desarrollo histórico hacia un orden social basado en la dignidad.