En un país en el que el salario mínimo no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta básica familiar, el presidente Luis Abinader ha reconocido públicamente que la indexación salarial es “justa y necesaria”.

Sin embargo, en la misma frase, la posterga indefinidamente por temor a una pérdida de 18,200 millones de pesos en recaudación. ¿Cómo puede ser justa una medida que no se aplica?

El mandatario plantea un dilema falso: “¿A quién le quitamos los recursos: a salud o a educación?”.

Pero omite mencionar que el gasto corriente del Estado incluyendo nóminas infladas y contratos cuestionables supera con creces lo que costaría ajustar los tramos del ISR.

Mientras tanto, un trabajador que en 2017 ganaba 34,685 pesos exentos hoy paga impuestos sobre un sueldo que ha perdido más del 44% de su poder adquisitivo.

La contradicción es evidente. El Gobierno celebra un déficit fiscal controlado en 2.2% del PIB y mejoras en la calificación de riesgo, pero mantiene congelada una disposición legal desde hace ocho años. La indexación no es un capricho político: es el artículo 327 del Código Tributario, una norma que el propio Estado viola sistemáticamente.

Abinader argumenta que la medida se incluyó en la fallida reforma fiscal del año pasado, rechazada por “sectores que ahora la reclaman”.

Pero esa reforma era un paquete integral que incluía aumento del ITBIS y otros gravámenes regresivos. Rechazarla no equivale a rechazar la indexación; es rechazar un todo que beneficiaba más a las arcas públicas que a los bolsillos de los trabajadores.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, condiciona el diálogo a “medidas compensatorias”. ¿Cuáles? ¿Más impuestos indirectos que golpean a los más pobres? ¿O finalmente enfrentar la evasión fiscal de los grandes contribuyentes, que según estimaciones ronda los 100,000 millones de pesos anuales?

La estabilidad macroeconómica que tanto presume el Gobierno se construye sobre los hombros de una clase media asalariada que paga religiosamente sus impuestos mientras ve cómo su salario real se evapora. Indexar los tramos del ISR no es un lujo: es corregir una injusticia tributaria que el propio presidente admite, pero no resuelve.

En 2025, con inflación controlada y crecimiento económico sostenido, el momento para la indexación no es “cuando sea viable”. Es ahora.

Porque la verdadera estabilidad no se mide solo en calificaciones de riesgo, sino en la capacidad de un país para proteger el ingreso de quienes lo sostienen con su trabajo diario.