Autoridades tradicionales pertenecientes a los pueblos Wixárika, Náayeri, O´dam y Mexikan agradecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el Decreto por el cual se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan sus lugares sagrados y las rutas de peregrinación. Aseguraron que se sienten “respaldados, reconocidos y visibilizados” con esa ordenanza.

En la instalación de la Comisión Presidencial del Decreto (instancia con carácter permanente), realizada en la Secretaría de Gobernación, sostuvieron también que este es un “paso sin precedentes”, pues ningún otro mandatario lo había hecho.

Virginia Flores Flores, gobernadora tradicional de la comunidad Xoconostle, Durango, tras agradecer por el decreto conminó también a que “se haga realidad la reforma constitucional (en materia indígena) como un acto de justicia”.

El representante del pueblo wixárika, Rafael Torres Pinedo, dijo que los lugares sagrados son la esencia de la vida, sabiduría y legado de los ancestros que se siguen conservando a través de ceremonias, ofrendas y peregrinaciones. Apuntó que para su pueblo la firma del decreto es un hecho histórico porque se reconoce legalmente a los lugares sagrados: “una demanda de décadas”.

Del pueblo mexikan, la representante Eleuteria Campos Juárez resaltó que ningún presidente había firmado un decreto para preservar los lugares y sitios sagrados, y señaló que ahora corresponde a las madres y los padres de familia de los pueblos indígenas inculcar a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres.

Igualmente, el representante del pueblo náayeri, Feliciano Díaz Valentín, solicitó a los tres órdenes de gobierno cumplir con el decreto que nació como un plan de justicia y reconoció el trabajo de las autoridades por cumplir su deber para respetar y garantizar la cultura y creencias.

La Comisión Presidencial se encargará de la coordinación de las tareas en la materia. Entre ellas, el decreto establece que sus territorios no podrán ser objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras industrias que los afecten o deterioren.

El pasado 9 de agosto, el Ejecutivo federal firmó el decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas wixárika, náayeri, o’dam o au’dam y mexikan, el cual marca un precedente en la historia de México al reconocer el derecho a utilizar sus tierras para realizar rituales y ceremonias tradicionales y poner alto a las agresiones e invasiones de externos.

La Segob tiene la presidencia de la Comisión. Para la dependencia, lo que se está haciendo no sólo es resarcir los daños del pasado, sino construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos y la naturaleza. Se está construyendo una nueva modernidad y un modelo de vida para las próximas generaciones.

Este decreto no solamente hace un llamado a las autoridades a respetar y a promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, sino que enuncia y específica que estos territorios no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería, con las industrias que afecten el equilibrio ecológico y que tanto empresas nacionales como extranjeras muchas veces vinieron a destruir.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y secretario técnico de la comisión, Adelfo Regino Montes, puntualizó que es la primera vez que se establece la obligación de todas las autoridades de promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, así como el medio ambiente de los lugares sagrados.

Los lugares sagrados y rutas de peregrinación, recalcó, “no serán sujetos de concesiones o permisos relacionados con la minería, esto lo establece la reciente reforma a la Ley Minera que fue aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y fue una iniciativa enviada por el presidente de México y establece la misma obligación para todas las industrias que pudieran afectar o deteriorar estos sitios sagrados”.

Los cinco lugares sagrados son Tatei Haramara, en la Isla del Rey, San Blas, Nayarit; Hauxa Manaka, en San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo, Durango; Xapawiyemeta, en la Isla de los Alacranes, Lago de Chapala, Jalisco; Te’ekata, en Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco; y Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en su calidad de integrante de la comisión, manifestó que el gobierno del presidente López Obrador “no ha tenido miedo ni ha cejado un segundo en reconocer lo que somos como país y en fortalecer todo aquello que, por racismo, clasismo, por individualismo, por capitalismo desenfrenado, por creer que lo más importante es el bien de unos pocos, es el negocio de unos cuantos; sobre el bien común eso había que cambiarlo de raíz”.

También como integrante de la comisión, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, señaló que durante el gobierno del presidente López Obrador se han hecho varios decretos y llevado a cabo acciones legales que buscan beneficiar a los pueblos indígenas, como el que prohíbe la siembra del maíz transgénico y el uso del glifosato, ya que se trata de una planta sagrada que permite tener una conexión cultural directamente con la madre tierra.

Asimismo, se refirió al impulso de las reformas a la Ley Minera, que establecen puntualmente que no se permite minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas ni en fondos marinos. Comentó que, por instrucción del Ejecutivo federal, en esta administración no se han entregado concesiones para hacer minería a cielo abierto y la Semarnat cuida que no se lleven a cabo estas prácticas fuera de la normatividad.

La instalación de la comisión presidencial fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, junto con las secretarias de Cultura, Frausto, y de la Semarnat, Albores; el director del INPI y la titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de Segob, Josefina Bravo.