El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó este miércoles el hallazgo de parte del material bélico que, de acuerdo con denuncias de ambos países, el expresidente argentino Mauricio Macri envió para apoyar al Gobierno de la expresidenta de facto Jeanine Áñez en noviembre de 2019, cuando se acababa de concretar el golpe de Estado contra Evo Morales.

La revelación incrementa el escándalo por el supuesto tráfico de armas del macrismo al régimen que gobernó Bolivia durante un año, ya que hasta ahora se desconocía qué había pasado con el material.

Aguilera explicó en conferencia de prensa que la Policía de Bolivia lo encontró en sus depósitos y sin ningún tipo de documentación que valide su entrega o uso.

«Varios de estos pertrechos son municiones, granadas tipo béisbol, granadas de fragmentación, gases pimienta y otros que forman parte de los elementos recibidos de Argentina sin que hubiera respaldo documental», afirmó sin precisar las cantidades de cada uno de esos elementos.

Una vez encontrado el material bélico, agregó, ahora lo que procede es reconstruir qué funcionarios acudieron al aeropuerto de La Paz para recibirlo, lo que ocurrió el 11 de noviembre, es decir, un día después del golpe.

«Sabemos que habrían arribado en un avión C 130 de la República Argentina, del cual descienden funcionarios vestidos de uniforme militar. Ellos estaban con sus propios pertrechos y parte de estos habrían sido entregados sin ningún tipo de documentación a la Policía Boliviana», explicó.

También precisó que se realizará una investigación interna para determinar circunstancias, fecha, hora y partícipes de la entrega y recepción del material, con lo cual ya están en condiciones de ofrecer información más detallada en las próximas semanas.

La denuncia

El pasado jueves, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, dio a conocer una carta en la que el entonces comandante Jorge González Terceros Lara, hoy procesado por el delito de sedición, le agradece al embajador argentino Normando Álvarez García «la colaboración prestada» a la institución armada, «en el marco del apoyo internacional» entre ambos países, «debido a la situación conflictiva que vive Bolivia».

La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe, y reporta el envío de material bélico consistente en cartuchos, gases lacrimógenos y granadas. La duda que se abre es por qué si el cargamento era supuestamente para custodiar la Embajada de Argentina, como han argumentado los exfuncionarios macristas, lo agradecen los militares bolivianos.

Después de la denuncia pública, el presidente Alberto Fernández le envió a su colega Luis Arce una carta de disculpas en la que asume «el dolor y la vergüenza» por la colaboración de Macri con la dictadura boliviana.

«Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país», afirmó.

Los principales exfuncionarios implicados son Macri y los exministros de Seguridad, Patricia Bullrich; Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y Defensa, Oscar Aguad, y el exembajador Normando Álvarez García, quienes han ofrecido versiones contradictorias. 

Primero desmintieron por completo las acusaciones, pero luego reconocieron que sí se había enviado material bélico, pero no para el régimen de Áñez, sino para que lo usara el Grupo Alacrán, un cuerpo de seguridad de élite que pertenece a Gendarmería y que viajó para custodiar la Embajada de Argentina en La Paz en medio de la violencia política que el país vecino padeció esas semanas.

¿Extradiciones?

El martes, Mayta aseguró en una entrevista con la Agencia Télam que la Justicia de Bolivia podría ordenar extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a los exfuncionarios argentinos involucrados en esta operación.

«Esas decisiones las tomarán los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad», comentó Mayta.

Mientras tanto, en Argentina el Gobierno ya denunció penalmente a Macri por los presuntos delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.

El ministerio de Seguridad, la Agencia Federal e Inteligencia, la fiscalía especializada en armas y la Aduana también están llevando a cabo investigaciones internas que podrían derivar en nuevas causas penales.