Panamá lleva tres semanas de conflicto entre los sindicatos y el Gobierno. Aunque ya se instaló una mesa de negociaciones, las protestas en las calles siguen y la represión también.

La consecuencia más visible es que han empezado a faltar productos de primera necesidad en los comercios y los videos de anaqueles vacíos levantan las alarmas. Voceros como el presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Merca Panamá, Sebastián Oriel Peña, han pedido «empatía» a los gremios para evitar que la situación se agrave.

«Las micro y pequeñas empresas, que son el motor de Panamá, hoy en día ven afectadas su economía y así mismo la economía familiar de muchos trabajadores que de manera directa e indirecta laboran en esta cadena de distribución de alimentos», lamentó Oriel Peña en declaraciones a La estrella de Panamá.

En ese mismo tono, distintas patronales han exigido «conciencia» a los trabajadores que llevan semanas en las calles para exigir no solo la bajada de precio de los combustibles, sino también demandas en el ámbito educativo, social, económico y salarial. ¿Cómo llegó a esta situación el país que logró uno de los crecimientos más altos de la región el año pasado, con un 15.3 %?

Inseguridad alimentaria

Los reportes de la prensa local hacen énfasis en el notable desabasto de los rubros agrícolas, como zanahorias, lechuga, papa y plátano en los principales mercados. La situación no solo ha provocado el cierre de los comercios, sino también la pérdida de cosechas por parte de los productores.

Ante ese panorama, los trabajadores del campo advierten que los precios de los rubros alimentarios podrían subir aún más debido a la falta de mantenimiento de los cultivos, la escasez de insumos para el agro y las dificultades para el transporte de las cosechas.

«El Gobierno nacional debe continuar trabajando en la búsqueda de un diálogo transparente, con la participación de todas las partes representativas y establecer mecanismos que garanticen que los compromisos que adopten sean viables, medibles y, lo más importante, que se cumplan», aseveró ayer el presidente de Sindicato de Industriales de Panamá, Luis Frauca.

Según Telemetro, la carne, la leche y las legumbres también han empezado a faltar debido al cierre de carreteras, que se reanudó con más fuerza esta semana después de que los sindicatos rompieran el compromiso pactado con el Gobierno de levantar los bloqueos. De momento, las patronales advierten que la coyuntura pone en peligro la seguridad alimentaria del país.

No obstante, los líderes de las protestas aseguran que el Ejecutivo les hizo firmar el acuerdo bajo presión y no mostró disposición de negociar otras demandas, como pactar la bajada de precios de la canasta básica y los medicamentos. Además, se mostraron en contra del mecanismo ideado para el despacho de combustible a las personas, que implica presentar la cédula de identidad.

Crecimiento y desigualdad

En 2021, Panamá fue uno de los países con mayor crecimiento económico después del frenazo que provocó la pandemia de covid-19. Con 15.3 % de expansión del Producto Interno Bruto (PIB), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) situó a la nación centroamericana a la cabeza de la recuperación.

Sin embargo, hay que leer las letras pequeñas del crecimiento económico. En los últimos meses, el alza sostenida de los combustibles —potenciada por el conflicto entre Rusia y Ucrania— dejó al descubierto el modelo de dependencia energética de Panamá, que importa el 100 % de los derivados del petróleo que consume.

En el país no hay ni una sola refinería, lo que provoca que las oscilaciones en el mercado internacional petrolero tengan un impacto tan directo en su economía. De hecho, el suministro de combustible está exclusivamente en manos privadas y lo único que puede hacer la Secretaría Nacional de Energía (SNE) es establecer un precio tope a los carburantes.

Uno de los puntos claves del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos fue establecer un precio congelado del combustible de 3.25 dólares por galón, que regirá a partir del 18 de julio, a cambio del levantamiento de los bloqueos viales. Sin embargo, los líderes de las protestas han ampliado sus exigencias.

El problema de fondo es que si bien Panamá mantiene un ritmo sostenido de crecimiento —más allá del bache durante la pandemia— arrastra problemas estructurales que se han agravado después de la crisis sanitaria, como la desigualdad, la opacidad fiscal, la corrupción y los altos niveles de deuda.

Un informe país elaborado por el Banco Mundial destaca que la pobreza rural «se mantuvo seis veces más alta que en las áreas urbanas» y la crisis del covid-19 provocó un aumento de 2.7 puntos porcentuales en la tasa de la pobreza. 

La situación no es nueva, ya que en 2015, un informe oficial sobre la distribución de ingresos reveló que 10 % de las familias más ricas de Panamá poseía 37.7 veces más que las más pobres, una situación que sigue sin revertirse.

«En el caso de Panamá, el crecimiento se ha mantenido alto en el contexto de la región, sin embargo, concentrado en sectores productivos y provincias específicas, lo que se constituye en un factor estructural de desigualdad. Por tanto, pareciera que no solo se trata de mantener un crecimiento alto, sino también diversificado y balanceado territorialmente. De igual forma, las políticas y la inversión productiva se enfoca en las áreas con mayores ventajas comparativas del país, que por lo general son sectores que no son intensivos en mano de obra, lo cual tiene un impacto en la concentración del ingreso y, con ello, la capacidad de influir en la toma de decisiones», refiere por su parte un informe elaborado por la representante Residente Adjunta del PNUD en Panamá, Aleida Ferreyra, y publicado el año pasado.

Más allá de la coyuntura, el Gobierno de Laurentino Cortizo —que asumió en julio de 2019— tiene sobre la mesa varios pendientes y no solo es negociar con los sindicatos para levantar con prontitud los bloqueos, pues también urge dar paso a una agenda que atienda las desigualdades y los históricos problemas postergados.