Más de 30 expresidentes de todo el mundo suscriben una carta en la que trasladan al presidente estadounidense Joe Biden, a pocos meses de terminar su mandato, una solicitud hecha por otros en el pasado: retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. 

Entre los firmantes están Cristina Fernández de Kirchner,Dilma Rousseff, José Luis Rodriguez Zapatero,  Evo Morales y Ernesto Samper.

La isla habría quedado incluida como parte de una medida del gobierno de Donald Trump, quien dio marcha atrás al intento de su predecesor, Barack Obama, de sacarlo de dicha clasificación, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015.

La misiva fue dada a conocer por el expresidente colombiano, Ernesto Samper, vía X, y en su cuerpo se puntualiza que el retiro de Cuba del listado debe ser previo al fin de su mandato presidencial.

La carta sostiene que mantener esa designación para el país supone «una medida coercitiva difícilmente justificable en el siglo XXI, cuando la igualdad entre Estados debe ser una realidad”.

El grupo de altos políticos mundiales señaló que si el gobierno estadounidense cumpliera la petición, se aliviaría la situación de millones de personas inocentes, por las limitaciones que suponen la presencia de Cuba en esta lista.

Agregan que “la injusta decisión afecta, además, la carta universal de los derechos humanos, pilar ético de las relaciones internacionales contemporáneas, al impactar los sectores más vulnerables de la población cubana golpeados en el último tiempo por los efectos nefastos de la pandemia, agudizados por la falta de medicamentos y equipos para atender la emergencia”.

A su vez, recalcaron que tras «décadas de sanciones unilaterales y medidas coercitivas, la economía de Cuba es una de las más castigadas del mundo y se encuentra hoy día, socialmente, en un punto de difícil retorno», según expresaron al inicio del comunicado.

«La ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos, inédita en su magnitud, es quizás el ejemplo más ilustrativo del impacto devastador y sufrimiento provocado por medidas extremas contra la economía cubana, derivadas de su inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo», agregaron para luego subrayar que estas medidas poseen un impacto extraterritorial que afecta los intereses de otros paises, los sectores bancarios y empresariales.

El pasado mayo, el Departamento de Estado estadounidense había retirado a Cuba de la lista de Estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, una medida que los firmantes reconocen como una «decisión acertada y justa» pero no dudaron en criticar lo contradictorio del accionar de las autoridades al mantener a Cuba incluida en la otra lista.

«¿Cómo se puede afirmar, al mismo tiempo, que un país si coopera en la lucha mundial contra el terrorismo y a la vez acusarlo de apoyarlo abiertamente?», cuestionaron en la carta.

Los exmandatarios alegaron que ambos países no deben privarse de cooperar por poseer «sistemas políticos de inspiraciones ideológicas distintas», en especial con el impacto creciente del terrorismo.

En este sentido, la carta menciona la «activa participación» del gobierno de Cuba en la construcción del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, así como su intervención como garante en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, también en Colombia.

“No tiene ningún sentido que un país como Cuba, que ha trabajado por la paz en el mundo (…) sea incluido en la lista de países que apoyan el terrorismo”, expresó Samper.

El comunicado urge a Biden a tomar acción para «aliviar la situación de millones de personas inocentes». «Ningún país deberia comprometer con fines políticos la seriedad de la lucha contra el flagelo del terrorismo», sostiene la carta sobre su final.

Diagnóstico repetido

La misiva hace eco de una advertencia anterior, emitida por tres expertos independientes vinculados a la ONU, quienes señalaban las consecuencias de la presencia de Cuba en el listado del Departamento de Estado.

Los relatores especiales firmantes del comunicado son:  Alena Douhan, relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales; Cecilia M. Baillet, experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional y George Katrougalos, experto independiente sobre el orden internacional.

Al volver a incluir a Cuba como patrocinador del terrorismo en 2021, las ya presentes restricciones económicas para el país caribeño fueron ampliadas, profundizando su aislamiento internacional, señalaron los relatores.

En su diagnóstico, los expertos coincidieron en que la permanencia en la lista profundiza las prohibiciones económicas en un momento crítico para el país, lo cual causa un impacto humanitario mayor, aumentando la inseguridad para el acceso a alimentos por parte del pueblo cubano, lo cual supone una contravención del derecho internacional.