Organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los derechos humanos marcharán este miércoles en la capital de Argentina en rechazo al plan de ajustes y las medidas antiprotestas del Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

Esta será la primera gran movilización contra el plan económico del presidente Milei, la cual coincide con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, que llevó a la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

La movilización popular además de condenar el plan de ajuste de Milei, también busca defender el derecho a la protesta, en respuesta al protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.

Entre las agrupaciones que participarán en la marcha se encuentran el Polo Obrero, el Frente de Izquierda, Patria Grande, el Partido Comunista, la Unión Ferroviaria, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el Servicio Paz y Justicia y la Asociación Gremial Docente.

Según los organizadores, la marcha tiene previsto arrancar a las 16H30 (Hora Local), una de las columnas partirá desde el Congreso y otra lo hará desde el Obelisco, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.

«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones  en un comunicado conjunto.

En el texto también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».

La marcha del 20 diciembre representa un desafío para el presidente ultraderechista a diez días de haber asumido el poder: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó la semana pasada un protocolo ‘antipiquetes’, con el que buscan liberar las calles de cortes por manifestaciones. 

El protocolo de seguridad incluye también la aplicación de las leyes, que contempla penas de prisión, el cobro de los gastos que suponga la intervención de las fuerzas de seguridad e incluso la eventual deportación, en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.

Como parte de la agenda contra los movimientos sociales, en la víspera la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que aquellos que participen o promuevan cortes en las calles dejarán de recibir planes sociales.