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La enésima movilización antigubernamental tuvo en Haití características peculiares. A las protestas de campesinos, médicos, abogados, estudiantes, jóvenes de las periferias, católicos y evangélicos -solo por mencionar algunas de las más recientes- se sumaron ahora los “Fantasmas”, un grupo disidente de la Policía Nacional de Haití (PNH) conocido como “Fantom 509”.

Quiénes están detrás de las máscaras de estas figuras fantasmagóricas? ¿Se trata de sediciosos y terroristas como afirma el gobierno de facto de Jovenel Moïse? ¿Cuáles son sus intereses y demandas? ¿Por qué su irrupción en las calles del país contó con el acompañamiento entusiasta de miles de personas? Y, además, ¿por qué fracasan una y otra vez los operativos antipandillas? ¿Qué otros actores armados operan en el país y con qué objetivos? A continuación, un recuento y un análisis sobre la proliferación de actores armados en el país.

La protesta

Desde la mañana del día martes, la calma siempre precaria e intermitente de Puerto Príncipe se vio asaltada por una protesta intempestiva. La actividad diurna de la urbe, sin llegar a interrumpirse del todo, comenzó a discurrir en cámara lenta: numerosos negocios y oficinas gubernamentales se apresuraron a cerrar, mientras los padres se preocupaban por buscar a sus hijos en las escuelas. A media mañana, diferentes grupos de manifestantes comenzaron a bloquear e incendiar neumáticos en diferentes puntos de la Avenida de Delmas, una arteria central de la zona metropolitana. En Nazon, incluso, un camión fue colocado de lado para trancar el tráfico por completo. 

Algunos de los presentes ocultaban sus rostros con capuchas, y por lo general sus respuestas sobre el motivo de la protesta eran esquivas. Rápidamente comenzó a escucharse lo que se conoce como el bat tenèb, el golpeteo de las cacerolas, de parte de quienes acompañaron el reclamo. Reclamo que en Haití, salvo que se indique lo contrario, se sobreentiende que tiene carácter antigubernamental, más aún desde que el pasado 7 de febrero expirara el mandato presidencial del presidente, ahora de facto, de Jovenel Moïse.

Pronto se supo que el protagonismo de la jornada era de los “Fantasmas”, quienes comenzaron a reagruparse, encapuchados y muñidos con armas largas. Ya nutridos de varios cientos de acompañantes, una caravana comenzó a remontar la avenida central hasta el distrito comercial de Pétionville, dejando a su paso algunas barricadas y neumáticos en llamas, así como pequeños retenes. No pudimos ver, hasta entonces, presencia alguna de las fuerzas de seguridad. Desde Pétionville la manifestación comenzó a descender hacia Champ de Mars, centro político del país, deteniéndose ocasionalmente y realizando disparos al aire. Ya en las inmediaciones del Palacio Nacional se produjo algún conato de enfrentamiento con la Policía Nacional, con grupos a cargo del comisionado Jean-Louis Paul-Ménard, lo que culminó con algunos disparos y gases lacrimógenos que dispersaron a los manifestantes. Los Fantasmas se esfumaron con el mismo sigilo con que se habían congregado. 

¿Quiénes son los Fantasmas?

La caracterización del grupo es compleja, por su comportamiento errático, por la multiplicidad de métodos, pero sobre todo por su clandestinidad. Su surgimiento tiene que ver con las demandas sectoriales de un sector importante de la PNH. En primer lugar en relación a la exigencia de aumentos salariales para los efectivos policiales, desde los 15 mil y 20 mil gourdes mensuales -entre 200 y 250 dólares aproximadamente- hasta los 50 mil gourdes -650 dólares-. Pero la demanda central, hasta ahora irresoluble, se vincula a la exigencia de contar con un sindicato, lo que es rechazado de plano por la cúpula policial y por el gobierno nacional. 

De hecho, la tentativa de poner el gremio en pie llevó a comienzos del 2020 a la exoneración de cinco oficiales de este sector de la fuerza, incluida una de sus lideresas, Yanick Joseph. El modus operandi de los Fantasmas ha combinado desde entonces acciones legales y públicas de protesta, con acciones ilegales que incluyen el enfrentamiento armado, la extorsión y el ataque a oficinas de la administración pública. 

En febrero de ese mismo año, la represalia estatal fue respondida por los Fantasmas con el incendio de los stands dispuestos para celebrar el carnaval en la capital. Los enfrentamientos se radicalizaron y culminaron con un ataque a un cuartel del Ejército, dos muertos y una decena de heridos. En aquellas jornadas el apoyo a la rebelión policial fue entusiasta y masivo. 

En abril del 2020, ante la demora en la paga de los salarios, los Fantasmas respondieron con ataques a la Oficina Nacional de Seguros (ONA), para ingresar finalmente en el patio del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde incendiaron varios vehículos. Tras estos hechos, el entonces Ministro de Justicia Lucmane Délile, declaró al grupo disidente como una organización terrorista. 

En febrero de este año, nuevos enfrentamientos con la Policía Nacional en Canapé-Vert condujeron al asesinato de Patrick Anozard, un agente de la Unidad SWAT de élite. Como respuesta, la Inspección General de la Policía Nacional de Haití (IGPNH) anunció la creación de una comisión especial para investigar a policías afiliados a los Fantasmas o a pandillas locales, promoviendo la “depuración” de la institución. Aunque Jonet Vital, portavoz de la IGPNH, anunció la identificación de 70 de estos policías, la investigación se encuentra estancada de momento.

Bajo las capuchas negras y los uniformes oficiales que caracterizan a los Fantasmas, se encuentran entonces efectivos en actividad, así como otros retirados o exonerados. Tampoco es de descartar el reclutamiento de simples bandidos o mercenarios para sus acciones de presión. Lo que es claro es que este grupo, sumamente activo, actúa como el brazo armado de un sector disidente de las fuerzas de seguridad, que puede incluso resultar representativo de sectores de la fuerza que no se movilizan activamente. Y que, en su enfrentamiento encarnizado con el gobierno de facto de Moïse, genera una mezcla de terror y simpatía en vastas capas de la población.

La operación en Village de Dieu: ¿inoperancia policial o suicidio planificado?

La protesta del 15 de marzo, sin embargo, no implicó ataques a edificios estatales, enfrentamientos, ni estuvo guiada por demandas salariales o sindicales. Quizás, por eso, volvió a ser acompañada por miles de manifestantes, pese al carácter armado de la movilización. Como uno de los Fantasmas nos refirió en una de las barricadas, la convocatoria tuvo como objetivo reclamar por el fallido operativo antipandillas que el viernes 12 de marzo culminó en desastre en Village de Dieu.

Desde que León Charles asumiera nuevamente el cargo de Director Nacional de la PNH el 18 de noviembre del 2020, al menos nueve operativos antipandillas han sido realizados. Las acciones se han desplegado en Croix-des-Bouquets, Canaan, Petit Rivière de l’Artibonite y, cuatro veces consecutivas, en Village de Dieu, una barrio popular del sur de Puerto Príncipe. Según la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), hay más de 76 pandillas operando en todo el territorio nacional, así como más de 500 mil armas circulando ilegalmente. 

El balance de los operativos no fue alentador: 13 personas fueron asesinadas, 8 resultaron heridas y 56 gángsters fueron arrestados, aunque ningún jefe de banda. La mayor parte de las veces el costo es asumido por los propios habitantes de los barrios más empobrecidos, quienes quedan atrapados en medio de los operativos y ven sus casillas incendiadas. Tal vez el caso más emblemático haya sido la destrucción completa del barrio “Shada 2” como pudimos documentar, una enorme explanada reducida a escombros para desalojar a una de las pandillas más activas de la ciudad de Cabo Haitiano.

El 12 de marzo una nueva operación en Village de Dieu movilizó a una centena de policías de varias unidades especializadas, pero apenas 12 eran los que tenían la misión de introducirse, en tres vehículos blindados, en los territorios del grupo criminal conocido como “5 Segundos”. Se trató de un despliegue más bien modesto si consideramos que más de 1500 efectivos fueron movilizados para el carnaval en la ciudad de Port-de-Paix. Y más aún teniendo en cuenta el poderío de la banda comandada por el bandido “Izo”, que además de operar en su propio territorio, se encuentra mucho mejor armada que las fuerzas de seguridad del Estado. Los bandidos habían sido informados de la operación, y tendieron una emboscada. 

Como resultado, cuatro efectivos de la PNH fueron asesinados. Un quinto oficial murió producto de las heridas, y otros 7 resultaron heridos. Imágenes y videos de sus cuerpos ensangrentados y escarmentados en la vía pública circularon prácticamente en vivo desde el día viernes por las redes sociales, suscitando la indignación generalizada. La demanda de sus cuerpos, que ni siquiera fueron recuperados, es uno de los reclamos que mencionaron a la prensa los portavoces de los Fantasmas. Además, armas, municiones, uniformes, placas identificatorias y hasta un carro blindado fueron secuestrados por los bandidos.

En un comunicado del 15 de marzo, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), caracterizó al operativo como “suicida” y responsabilizó al Director General y al Inspector General Carl Henry Boucher. Pero sobre todo señaló que este tipo de operativos son “organizados para complacer al presidente de facto Jovenel Moïse y darle razones para afirmar que las bandas armadas están siendo efectivamente desmanteladas, mientras que fueron él y su equipo quienes armaron y federaron a las bandas”. 

El comunicado se refiere a la reciente irrupción del “G9”, una poderosa federación de pandillas comandada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Los organismos de derechos humanos y la oposición acusan a Moïse de connivencia con el crimen organizado, y consideran que el G9 opera como un brazo paramilitar para la represión política y el control territorial de los barrios movilizados contra el gobierno y la injerencia externa.

La seguridad, el monopolio de la fuerza y los actores internacionales

La teoría política clásica menciona al monopolio -legítimo o no- de la coerción como una característica definitoria de los Estados modernos. Sin embargo, estados periféricos que no por eso dejan de ser modernos son caracterizados, sobre todo bajo regímenes neoliberales, por la fragmentación de la coerción y por la dispersión de los actores armados. En Haití, encontramos al menos los siguientes:

-Las Fuerzas Armadas, disueltas por Jean Bertrand Aristide en el año 1996 por su participación institucional durante la dictadura del clan Duvalier, y nominalmente removilizadas por el gobierno de Jovenel Moïse.

-La Policía Nacional, principal actor securitario del país, aunque por lo general mal armada y peor entrenada. Sus escasas capacidades operativas son rebasadas no solo por las bandas criminales, sino también por las pacíficas protestas callejeras antigubernamentales que, como en julio del 2018, llevaron a su acuartelamiento.

-Grupos de choque de los latifundistas locales, notablemente en departamentos como el del Norte y el Nordeste del país. Estos participan sobre todo en el desalojo y acaparamiento de tierras de propiedad campesina, en alianza con grupos especiales como la Brigada de Áreas Protegidas (BSAP), curiosa unidad policial dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. 

-Sectores disidentes de la policía como los Fantasmas, con sus probables ramificaciones extrapoliciales, los que, evidentemente, actúan completamente al margen del control estatal.

-Fuerzas de ocupación internacional de las Naciones Unidas, con sus correspondientes contingentes policiales y militares. Aunque la amenaza de re-ocupación es como una especie de espada de Damocles que pende sobre el país, sus últimos remanentes fueron desmovilizados con el fin de la MINUJUSTH en el año 2019, siendo ésta reemplazada por una misión civil, la BINUH. Estas misiones “de paz” tuvieron un accionar destacado en la represión al movimiento popular en la coyuntura post 2004, perpetrando algunas masacres emblemáticas como la de Cité Soleil.

-El crimen organizado, tanto el “autónomo”, como el que es organizado, armado y financiado por el poder político: senadores, ministros, presidentes, etc. Como hemos señalado en otros textos, la delincuencia organizada es, en Haití, un factor predominantemente político y la delincuencia “civil” relativamente escasa. Antes del auge de “Barbecue” y del G9, otro famoso bandido, Anel Joseph -recientemente asesinado tras su fuga de la prisión de Croix-des-Bouquets- hacía públicos y explícitos sus vínculos con senadores del gobernante PHTK. Recientemente el arresto del narcotraficante convicto Lissner Mathieu -haitiano naturalizado estadounidense- quien portaba una tarjeta oficial del Palacio Nacional, arrojó más evidencias sobre los vínculos del gobierno de Moïse, las pandillas y el narcotráfico.

-Aún más difícil de ponderar que todos los actores anteriores, resulta la existencia conocida pero opaca de una infiltración permanente de ex marines y mercenarios norteamericanos. Al menos en dos ocasiones estos sujetos fueron interceptados con armas, municiones y equipos de telecomunicaciones en el Aeropuerto Internacional Toussaint L’Ouverture, para ser rápidamente repatriados a los Estados Unidos con el concurso de su embajada en Haití. Se desconoce el volumen de esta infiltración y sus funciones precisas, pero dado que su arribo al país coincide con los picos de movilización contra un gobierno aliado en la geopolítica del Caribe, estas resultan fáciles de prever.

-Por último, pero no menos relevante, resulta la reciente creación de Moïse de una “Agencia Nacional de Inteligencia”, una suerte de policía política bajo su exclusivo comando. Sus funciones, sus prerrogativas y su inmunidad extra-legal para “combatir el terrorismo”, llevaron a que incluso el club de países aliados a Moíse -centralmente Estados Unidos, Canadá y algunos de la Unión Europea- criticaran su creación.

De todo lo anterior podemos extraer al menos cuatro conclusiones:

1) Que el desmantelamiento de las fuerzas represivas está llevando al país a un esquema de atomización de la función armada que resulta aún más peligrosa, heterónoma e incontrolable, no solo para el estado, sino sobre todo para los actores civiles. La emergencia de los Fantasmas es tan sólo un síntoma de ello, y ni siquiera el síntoma más grave. Su contracara internacional es la solicitud pública de Moïse para que la OEA brinde un “fuerte apoyo técnico” al país en materia de seguridad. La respuesta positiva y “oportuna” de Luis Almagro fue conocida justamente ayer, en medio de las protestas. 

2) Que las principales víctimas de este descalabro son el campesinado, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres -lo que recrudece son, también, las violaciones y otros crímenes sexuales- y los jóvenes de las periferias urbanas, así como los movimientos sociales y la oposición política organizada. Al no haber monopolio y tentativas de legitimar el uso de la fuerza, y al resultar desconocido el origen de los más diversos crímenes -el caso más emblemático es el caso de los secuestros y las masacres- la justicia y la reparación resultan imposibles.  

3) Que la situación de caos organizado que atraviesa el país tributa, a la larga, para las posiciones de quienes claman por la intervención que los Estados Unidos y los países occidentales siempre están dispuestos a hacer para intentar pacificar a la fuerza “la cosa haitiana” y para salvaguardar el proceso de acumulación de las compañías trasnacionales y de la oligarquía local. Algo parecido sucedió en los años precedentes al 2004, en el peligroso juego de suma cero de actores que por izquierda y por derecha pretendían tumbar a Aristide, y que culminó con el golpe de Estado y el desembarco de la MINUSTAH. Es preciso tomar nota de ello. 

4) Que la operación suicida de Village de Dieu no solo tiene que ver, como la RNNDH sugiere, con una “puesta en escena” de parte del gobierno de facto de Moïse de cara a la opinión pública nacional. Esto responde más que nada a las presiones del establishment internacional, sobre todo tras el recambio del elenco gubernamental en los Estados Unidos, para morigerar siquiera un poco los costados más brutales de un gobierno autoritario que, qué dudas caben, cogobierna el país con el crimen organizado.