El expresidente argentino, Mauricio Macri
Juan Mabromata

Emmanuel Gentile

Una investigación periodística reveló que entre 2015 y 2019, durante la gestión del exmandatario argentino Mauricio Macri, jueces, fiscales y periodistas oficialistas visitaron asiduamente la Quinta Presidencial de Olivos, en Buenos Aires, en forma privada. 

Esto ha reforzado las sospechas sobre la existencia de una ‘mesa judicial’ macrista, que habría coordinado con el Ejecutivo el avance de causas que involucran a referentes del kirchnerismo. Principalmente, a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya ha denunciado ser víctima de ‘lawfare’ (persecución judicial) por parte de la administración de Cambiemos, con la complicidad de los medios hegemónicos. 

En diciembre de 2018, la dos veces presidenta argentina denunciaba que el diario Clarín había adelantado en sus páginas un fallo judicial en su contra por la causa ‘de los cuadernos’, en la que se la acusa de ser líder de una asociación ilícita dedicada a cometer actos de corrupción. 

«Digo yo: ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta«, expresó entonces la dirigente desde Twitter. 

Las reuniones entre funcionarios del Poder judicial y Macri en Olivos figuran en una serie de documentos a los que accedió el portal El Destape. Sin embargo, varias de esas visitas habían sido omitidas en el pedido de acceso a la información pública que realizó anteriormente la ONG Poder Ciudadano, que inició una causa judicial debido a que no recibía los archivos en tiempo y forma. La Justicia resolvió a favor de la entidad civil, que finalmente hizo pública la documentación. 

Del entrecruzamiento de datos realizado por el medio surge que no habían sido informados a la ONG los ingresos de: el CEO del multimedios Clarín, Héctor Magnetto, y otros directivos de peso como Jorge Rendo, Ricardo Kirschbaum y Ricardo Roa; el de los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (a cargo de varias causas que involucran a la exmandataria); la visita del fiscal general Raúl Pleé (quien investiga a Cristina Fernández en la causa conocida como ‘dólar futuro’); y la de los periodistas del diario La Nación, Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni. 

En el caso de Borinsky, según El Destape, fueron 15 las veces que pasó por la Quinta Presidencial, en tanto que Hornos estuvo dos veces allí y otras seis en la Casa Rosada,sede del Gobierno. Algunas de las fechas coinciden en el tiempo con resoluciones judiciales que afectaban a los exfuncionarios acusados.

Consultado por el mismo medio, Borinsky reconoció que fue a la residencia oficial «a jugar al pádel», pero aseguró que «no fueron tantas veces».

Ambos magistrados ya fueron denunciados penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene la potestad de seleccionar y sancionar a jueces y fiscales, con la posibilidad de removerlos de sus cargos. Además, legisladores del actual oficialismo anunciaron que impulsarán una comisión investigadora en el Congreso. 

¿Causas armadas? 

La investigación de El Destape aporta pruebas de peso para la causa que iniciaron diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada ‘mesa judicial’, que habría operado durante el anterior Gobierno de Macri para que avanzaran los procesos contra rivales políticos. 

La denuncia fue presentada en mayo de 2020, con base a testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente de la centroderecha.

Uno de los más contundentes fue el de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien afirmó que en 2015 recibió la visita de un alto funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión, y dijo que esa persona le sugirió cuál debía ser el rumbo a seguir en un expediente contra Cristina Fernández.

Se trata de la causa sobre el memorándum de entendimiento con el gobierno de Irán firmado por la expresidenta, y luego ratificado por el Congreso nacional, mediante el cual se intentó juzgar en Argentina a los presuntos responsables del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994.

Tras la revelación de las frecuentes visitas de los camaristas a Macri, el abogado de la líder peronista, Carlos Beraldi, pedirá la nulidad de la investigación, según confirmó en una entrevista con Radio Nacional.  

«Las visitas frecuentes (a Macri) de jueces que intervenían en las causas de Cristina confirman que las causas estaban armadas«, dijo Beraldi. Y argumentó la medida: «Cuando un juez y un fiscal no son imparciales, sus actos son inválidos«. 

Hacia una reforma judicial

El avance de estas investigaciones, que podrían poner un palo en la rueda al macrismo en un año de elecciones legislativas, cuentan con el respaldo del gobierno nacional de Alberto Fernández. 

De hecho, el reciente nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, va en ese sentido. Según declaró el propio presidente en la apertura de sesiones del Congreso, el pasado 1 de marzo, la Casa Rosada quiere poner fin a estos delitos de gravedad institucional. 

«Observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todas estas dudas se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara«, declaró el jefe de Estado. 

Fernández cree que Soria es el hombre indicado para terminar con el uso de la justicia como instrumento de persecución a rivales políticos. De hecho, como diputado, fue uno de los principales denunciantes de las maniobras por las que se acusa al gobierno anterior.

Antes de asumir al frente de Justicia, el exlegislador Soria expresó su voluntad de «terminar con el ‘lawfare’ (guerra jurídica)» y «desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho» del expresidente.  

Justamente, el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno en junio del año pasado, busca, según el peronismo, terminar con la utilización de ese poder contra opositores del gobierno de turno, y fusionar juzgados penales y económicos.

Claro que para lograrlo deberá imponerse a la férrea resistencia de la oposición macrista y los medios más importantes del país, que traducen el proyecto como una avanzada contra la Justicia en aras de lograr la «impunidad» de los peronistas en procedimientos que, cada vez con mayor claridad, son cuestionados por su presunta parcialidad.