Frente a una ola de críticas dentro y fuera de México, se está discutiendo en el Congreso la iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la selección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, así como la disminución de su duración en el cargo.

Como parte de los principios de la ‘austeridad republicana’, se pretende además poner un alto a los que se consideran «gastos excesivos y onerosos» del Poder Judicial: la iniciativa contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y reducir sus prestaciones.

Asimismo, se propone que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también elegidos mediante el voto popular.

Se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte.

Y no solo eso, se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.

Una reforma crucial

Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.

Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial.

Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.

Para el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.

Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una «mayor concentración del poder», «atropellar el Estado de derecho» y «debilitar la democracia»; para la 4T se trata de «fortalecer el sistema de impartición de justicia» con el objetivo de «colocarlo al servicio del pueblo».

La falacia de la ‘politización’ del Poder Judicial

Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial es que atenta contra uno de los principios básicos de los órganos de impartición de justicia: la independencia.

Bajo esta perspectiva, toda vez que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harían propuestas de candidatos para ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados y jueces, las preferencias de Morena y sus aliados, que arrasaron en la elección de junio de este año (y por lo tanto ostentarán la Presidencia y la mayoría del Congreso), serían preponderantes.

En entrevista con RT, Jaime Cárdenas Gracia, abogado especializado en derecho constitucional, explica que el argumento esgrimido por la oposición no se sustenta, ya que, en realidad, el Poder Judicial ya está politizado.

«Durante los últimos años, en los hechos ha sido un método completamente político, un sistema de reparto de ministros entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN)», sentencia.

En el caso de la selección de ministros de la Suprema Corte, por ejemplo, el mecanismo de nombramiento otorga al presidente de la República la facultad de presentar una terna de candidatos que luego son aprobados por el Senado con una mayoría calificada.

«Durante los últimos años, en los hechos ha sido un método completamente político, un sistema de reparto de ministros entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN)», sentencia.

Por otro lado, en el caso de jueces y magistrados, Cárdenas Gracia explica que durante los últimos años se intentó que su selección fuera a partir de concursos, no obstante, cuestiona que las convocatorias no son abiertas a toda la sociedad y se limitan a tomar en cuenta a funcionarios judiciales.

«En la actualidad la selección de jueces y magistrados se da a través de un método cerrado, endogámico y muy corporativo», asevera el también investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para Cárdenas Gracia, una de las virtudes de la reforma judicial propuesta por López Obrador es que abre la convocatoria a toda la sociedad.

Además, puntualiza que en la iniciativa se establece que los tres poderes podrán presentar propuestas de candidatos a ocupar los cargos, mismas que serán revisadas por un Comité de Evaluación, con el objetivo de seleccionar los mejores perfiles de acuerdo a su capacidad, experiencia y probidad en su desempeño profesional.

De esta forma, explica Jaime Cárdenas Gracia, el proceso de selección de candidatos ya no estará en manos de un solo poder como ocurre actualmente, el Ejecutivo, sino que dependerá de los tres poderes.

«Hay que decir que habrá una mayor participación de la sociedad a través de los Comités de Evaluación. Además, el mecanismo de sorteo para elegir a los candidatos finalistas evitará el control por parte de un poder o grupo», sostiene Cárdenas.

Por su parte, Andrés García Repper, abogado especializado en derecho electoral y constitucional, asevera que, en cuanto a la reforma judicial que se discute en el Congreso, la de la oposición es una «visión tramposa».

«Lo único que se busca con esta reforma es que las autoridades del Poder Judicial emanen de la decisión popular, una vez superados varios filtros técnicos, por supuesto. Pero eso no significa que el Poder Judicial no continuará ejerciendo su independencia como hasta ahora», asevera el abogado Andrés García Repper.

Explica que, en su artículo 95, la Constitución mexicana establece que el poder público dimana del pueblo, con lo cual, es posible modificar en todo momento la forma en que se constituye el Poder Judicial.

«Lo único que se busca con esta reforma —alega el jurista— es que las autoridades del Poder Judicial emanen de la decisión popular, una vez superados varios filtros técnicos, por supuesto. Pero eso no significa que el Poder Judicial no continuará ejerciendo su independencia como hasta ahora»

Protestas en el plano interno y desaprobación desde EE.UU.

Además de los partidos políticos de la oposición, buena parte de quienes laboran en el Poder Judicial ha expresado su rechazo hacia la reforma judicial.

No solamente ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, sino también quienes integran el personal administrativo se han terminado sumando al paro indefinido que comenzó el pasado 21 de agosto, en escala nacional.

Acusan que sus derechos laborales se verán socavados en caso de aprobarse la reforma, con todo y que la iniciativa constitucional no implica afectaciones en materia de salarios y prestaciones para quienes no son altos funcionarios.

García Repper puntualiza que, en el proyecto de dictamen de la iniciativa, que ya ha sufrido algunas modificaciones en las Comisiones legislativas, se establece en el primer párrafo del artículo X transitorio que a los trabajadores del Poder judicial se les respetarán todos sus derechos.

Por otro lado, en el plano externo, a partir de que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la elección presidencial, el pasado 2 de junio, y refrendó su compromiso de apoyar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el peso mexicano comenzó a sufrir un proceso de depreciación ante el dólar.

En esos días, en medio de la incertidumbre entre inversionistas, Sheinbaum reiteró en una conferencia de prensa el compromiso de la Administración que encabezará de garantizar la certidumbre jurídica.

Adicionalmente, con ánimo de fomentar la confianza en los mercados financieros, Sheinbaum comentó que Rogelio Ramírez de la O, quien se ha desempeñado como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el Gobierno del presidente López Obrador, se mantendría en el cargo.

Sin embargo, desde entonces el peso mexicano no ha logrado recuperar terreno ante el dólar. De principios de junio a la tercera semana de agosto, el tipo de cambio pasó de 17 a 19,45 pesos por dólar, una depreciación de casi 14,5 %.

Y las presiones externas sobre la economía mexicana van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley lanzó la recomendación de no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente «aumentará las primas de riesgo en México».

Las presiones externas van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley recomendó no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente «aumentará las primas de riesgo» en el país latinoamericano.

Por otro lado, el cumplimiento de las reglas del pacto comercial más relevante para México, el T-MEC, suscrito con EE.UU. y Canadá, también está siendo objeto de cuestionamientos, ya no solo por parte de legisladores norteamericanos y funcionarios como Brian Nichols, titular del Departamento de Estado para América Latina.

El jueves 22 de agosto, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, publicó un comunicado en el que apunta que la reforma judicial que está en discusión pone en riesgo el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías bajo el T-MEC.

Una primera etapa de la transformación

Tanto Cárdenas Gracia como García Repper coinciden en que la iniciativa de reforma del Poder Judicia, presentada por López Obrador, es apenas un primer paso en el camino para transformar de fondo este poder y, con ello, hacer realidad la impartición de justicia en México.

Los cambios no se limitan a la iniciativa del mandatario mexicano, sino que continuarán durante la próxima Administración. Sobre el asunto, recuerda García Repper: los tres ejes propuestos por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum son, en primer lugar, concluir la reforma judicial y, en un segundo momento, impulsar las reformas de las Fiscalías y las Defensorías de Oficio.

«Me parece acertado haber empezado con esta reforma orgánica del Poder Judicial. De haber iniciado con la transformación de las fiscalías, por ejemplo, estas habrían impugnado una iniciativa de este tipo ante la Suprema Corte que, seguramente, la habría invalidado», asegura García Repper.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia considera que es necesario avanzar en la profesionalización de las policías municipales y estatales. Y también en la reforma de las Fiscalías en México que, asegura, no han demostrado capacidad a la hora de realizar investigaciones.

«Hay que fortalecer también las defensorías públicas, para que la población de menores ingresos pueda contar con un abogado bien capacitado que pueda llevar sus respectivos casos con profesionalismo», argumenta.

Cárdenas Gracia, quien en 2020 fue titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado del Gobierno de México, concluye que aún hay mucho por hacer para convertir en realidad la impartición de justicia: «Esta reforma es apenas un inicio, una primera etapa de este proceso de transformación».