En la escuela primaria de la aldea Masafer Yatta (Cisjordania) estudiaban una veintena de niños y niñas. El 23 de noviembre de 2022, tan sólo un año después de su construcción, excavadoras de las fuerzas de seguridad israelíes demolieron la estructura del centro educativo. El emplazamiento de la escuela es ahora un campo de tiro donde militares israelíes entrenan.

La infraestructura había sido financiada con una de las muchas partidas de cooperación al desarrollo de la UE. Desde hace años, este dinero es destinado a la construcción de infraestructuras en los territorios palestinos de Franja de Gaza y Cisjordania: escuelas, canalizaciones, hospitales, establos y otros equipamientos.

Tras los atentados perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre, el comisario de Vecindad y Ampliación de la UE, Olivér Várhelyi, puso en duda el envío de estas ayudas a Palestina. Pero lo cierto es que, antes de que el repunte de violencia en la región pusiera en el punto de mira estos fondos, las infraestructuras levantadas con ellos llevaban años siendo boicoteadas por el Estado de Israel.

Desde 2009, las autoridades israelíes han demolido –parcial o completamente– 9.887 infraestructuras en territorio palestino, según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU (UN OCHA). De ellas, 1.691 estaban financiadas por organismos internacionales, principalmente por la UE y sus Estados miembros, si bien este recuento sólo abarca el periodo 2016-2022. En términos económicos, supone la pérdida de infraestructuras por valor de 2,44 millones de euros provenientes de las ayudas de cooperación al desarrollo de los Estados miembros de la UE.Las demoliciones han provocado el desplazamiento de, al menos, 14.000 palestinos

Pero el coste humano es aún mayor. Al menos 233.718 personas se han visto afectadas por estas demoliciones y desalojos, llegando a provocar el desplazamiento de alrededor de 14.000 palestinos, según los datos oficiales reportados a la ONU y a la Comisión Europea por parte de las Organizaciones no gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que trabajan sobre el terreno.

Por ello, en sucesivas declaraciones e informes de la situación, la UE ha instado a Israel a detener las demoliciones y desalojos, que no han hecho sino «aumentar el sufrimiento de la población palestina y agravar aún más un ambiente ya tenso». Y es que, en paralelo a la radicalización del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, las demoliciones, desalojos, detenciones y la violencia de los colonos contra palestinos en territorios ocupados, habían convertido la región en un polvorín.

Incluso el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenaricic, se manifestó a través de su cuenta de X [antes Twitter], «especialmente preocupado por el aumento de la violencia contra los palestinos, las demoliciones y confiscaciones de bienes y estructuras humanitarias».

De enero a septiembre de este año, antes de los atentados de Hamás y del posterior asedio israelí a la Franja de Gaza, ya se habían destruido 749 infraestructuras en territorios palestinos. La segunda cifra más alta en tan sólo nueve meses desde que existen registros, sólo superada en el año 2016.

A Flourish chart

El 78% de las demoliciones en los últimos 15 años tuvieron lugar en la Zona C de Cisjordania, término con el que los Acuerdos de Oslo de 1993 bautizaron a los 60 kilometros de territorio palestino al este de la región. En aquella negociación, las entonces autoridades israelíes y palestinas establecieron una hoja de ruta para la solución de los dos Estados, que debía culminar cinco años después.