Los automóviles no pasan de largo frente a La Universidad San Carlos sin tocar la bocina en señal de apoyo a los estudiantes. 

Ellos son “las aves que no se asustan, de animal, ni policía”, dijo alguna vez la trovadora Violeta Parra en su canción.

Hoy se ajusta a la realidad de los jóvenes del alto centro educativo donde, la mayoría de los 200.000 estudiantes, demandan la elección de un nuevo rector de la Universidad San Carlos, el termómetro de la sociedad guatemalteca. 

“La Universidad es del pueblo, no se vende, se defiende”, es una consigna con la que exigen el derecho a una educación de calidad, pública y gratuita. 

La protesta de ellos, es siempre la de muchos. Otra vez los guatemaltecos se enfrentan a la corrupción, la cooptación del Estado, el alto costo de la vida y la criminalización de quienes alzan su voz frente a poderosas élites que controlan al país.

En el Gobierno que comenzó el 14 de enero de 2020, encabezado por Alejandro Giammattei, político y médico, el Congreso regula legalmente a discreción, el ejercicio de las organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy debaten la facultad de la policía y del ejército para empuñar las armas contra los manifestantes. 

“Si callamos y no protestamos perdemos todo”, comentan. Están hartos de una guerra patrocinada por las élites, angustiados pero en lucha. Atrincherados en sus sueños de vida. Ese espíritu, que gran parte de su pueblo siente como un aliento fresco y optimista.

Combaten contra el alto costo de la vida en Guatemala, la persecución a los defensores de derechos humanos, como a periodistas y a funcionarios judiciales. 

Pelean contra la censura a la prensa y la libertad de expresión, características que describen al Gobierno, refieren en sus comentarios de las redes sociales.

La arremetida contra fiscales y jueces que combaten la corrupción, lleva unas 20 víctimas de amenazas, que los obligan a dimitir y exiliarse en muchos casos.  

Ello ha catalizado los ánimos de miles de personas, integrantes de diversas organizaciones sociales, indígenas, estudiantes y campesinos, quienes desde el pasado 9 de agosto, lideran acciones para exigir la renuncia de Giammattei, su gabinete y el Congreso.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó que los bloqueos y las manifestaciones, incluyen multitudinarias marchas por más de una decena de trayectos y caminos en ocho de los 22 departamentos del país. 

La llevan a cabo los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, la Asamblea Social y Popular -que aglutina a varias organizaciones-, la Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad San Carlos y el Comité de Unidad Campesina, entre otros participantes. 

“Vamos a la calle, no nos callarán”, se manifiestaban y enarbolaban sus consignas: “Mientras más engordan los corruptos, más flaco está el pueblo”.

Somos lo que hacemos

El VII Encuentro Nacional y IV Latinoamericano de Comunicadores por estos días sirvió de marco a la denuncia.

Resulta útil el proceso para la formación de periodistas y comunicadores de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER). Fortalecerlos con los conocimientos y las técnicas de radio, los ubica en mejor situación para mostrar en redes y en plataformas digitales, la situación de sus territorios.

En este contexto se escuchó la voz de los pueblos nativos de Guatemala. A través de sus representantes fue denunciada la represión de la cual son víctimas por parte de la fuerza pública, así como el señalamiento de que el avance de los proyectos extractivistas son un atentado contra la vida de la población nativa.

Un comunicado de prensa enfatizó que “al no ceder ante las amenazas, son obligados a abandonar sus territorios en busca de protección y, en el peor de los casos, asesinadas para acallar sus luchas”

Como afirmara en una anterior contienda, la exalcaldesa indígena de Sololá, Dominga Vázquez Julaju, frente a los modelos de “desarrollo” y el conflicto con la mina Marlin, “nosotros los pueblos indígenas no somos una marca, somos lo que hacemos y queremos para existir. Y por eso no dejaremos de luchar, porque la minería nos trae destrucción y nosotros queremos vivir.”

Lo devoran todo

Y es que a la megaminería no le basta con asentarse en el lugar del yacimiento. Necesitan toda la tierra, lo devoran todo. Así mismo comprometen al agua, a la tierra, a los bosques, lo hacen también con la salud y el futuro de las comunidades indígenas. 

La población indígena latinoamericana está constituida por cerca de 45 millones de personas. Viven en 826 pueblos y habitan el 86 por ciento de las áreas boscosas protegidas de América Latina, refiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Con el aumento de la minería con capital transnacional, en Latinoamérica se han registrado unos patrones de “facilidades” – normativos, tributarios e incluso conceptuales- equivalentes al incremento del extractivismo.  

Coincidentemente a finales de la década de 1990, en América Latina se incrementaron los conflictos sociales asociados con la explotación minera. También en Guatemala, a partir de la segunda mitad de la citada fecha.

Las industrias extractivas, implican la explotación y extracción de elementos naturales del suelo, subsuelo o el mar. Se realiza a escala industrial -por ejemplo la industria petrolera y minera- a un ritmo mucho mayor del que naturalmente permitiera reponer los elementos sustraídos. 

El círculo vicioso que nos llevará al abismo se desarrolla en torno a crisis energéticas, climáticas y de biodiversidad, frente al aumento de la demanda de recursos básicos. Dentro del ruedo, están los conflictos por el control y apropiación de los recursos naturales.

En la década de 1990, el Ministerio de Energías y Minas de Guatemala, multiplicó por tres la cantidad de licencias de exploración y explotación que hasta entonces se habían dado, con un total de 398.

En 2015, existían 552 en trámite y concedieron 342 licencias mineras, según la Agencia de Regulación y Control Minero. 

La cruda realidad refleja que, entre el 2000 y el 2015, la industria minera aportó menos del 1 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y paradójicamente, fue el sector que creó menos empleo.

Todos recuerdan cuando detonó la licencia de explotación minera en Guatemala, al autorizar por 25 años, sin consulta previa, a la compañía canadiense Glamis Gold Ltd para el proyecto Marlin. 

El caso de la mina Marlin, ubicada en el departamento de San Marcos, fue ampliamente divulgado nacional e internacionalmente. Se hizo a través de su subsidiaria Montana Exploradora, de 2005 a 2017. 

Ocupó 6.5 kilómetros cuadrados (km2) para las exploraciones en territorio maya-mam y maya-sipakapense, en 1996. Los extractores de oro y plata utilizaron una combinación de tecnología mixta de tajo abierto y mina subterránea.

Un reporte de la Prensa Comunitaria dijo que en Sipakapa, el pueblo maya-sipakapense realizó una consulta popular en 2005, con el resultado del 99 por ciento de la población en contra de la actividad minera y de los que lucran de la continua explotación.

De ello queda el impacto ambiental, social y humano. Un artículo en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó, en abril de 2014, que “firman convenio de cooperación” para “fortalecer las acciones de Salud y Saneamiento, incluyendo el mejoramiento en (…) el servicio de consumo de agua segura para el uso humano.” Un año más tarde, en el área extractiva, el agua para saciar la sed no era potable y mostraba alta presencia de metales pesados. Así fue durante la intervención sobre esta mina.

“Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, bien lo expresó el cantor de pueblo indígena, Atahualpa Yupanqui.

En más de 11 años de operación, dicha empresa ganó más de 4,000 millones de dólares, mientras que el Estado recibió unos 100 millones de dólares. Se dijo que los trabajos de desmantelamiento de la infraestructura y recuperación ambiental llegarían hasta el 2020, indica un análisis de Prensa Comunitaria.

Marlin pagó una fianza de Q. 8 millones para cubrir la recuperación, pero no es suficiente. Queda el daño ecológico, el mal sobre las personas y la enunciación de la culpa de la mal llamada “minería responsable”.

Porque hubo quien dijo en la prensa bien pagada, que los males de los regionales se debían a “aspectos culturales”. Es fácil mirar a un lado ante las causas estructurales de la pobreza. Es la muestra del capitalismo despiadado, como del racismo puro y duro que todavía justifica, como 500 años atrás, la explotación y el subdesarrollo.

“Las vaquitas”

Según los datos publicados hace un año atrás, en Guatemala existían 339 licencias mineras vigentes, que afectan a casi 350.000 hectáreas, y más de 400 en trámite. 

En los últimos años, se han aprobado más de 50 proyectos de grandes represas hidroeléctricas y magnas infraestructuras turísticas, ubicadas en tierras ancestrales indígenas.

Tal cual en 2020, se produjeron denuncias. Entonces, igualmente allanaron las casas de dos periodistas de Prensa Comunitaria y de defensores del territorio Q’eqchi’. Nada ha cambiado en 2022.

Por eso la voz indígena sigue latente, donde “se violan derechos humanos y se actúa de forma arbitraria”. Así denuncian las organizaciones, en advertencia de que el conflicto podría aumentar la criminalización.

El ejemplo reciente de la empresa extractiva Fénix, de no acatar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2021, que ordenó el cese de las operaciones de la última mina metálica activa, es un lugar común en el comportamiento impune con que actúa el poder económico frente a la justicia social.

Lin Valenzuela de la Fundación Guillermo Toriello, expresó en esa ocasión que a pesar de la sentencia en la Corte, que debían de cumplir de forma irrestricta, violaron la medida.

Paralelamente, continúa la incriminación criminal contra quienes denuncian estos hechos. “Es una violación a los derechos humanos, perseguir a los líderes para crear terror e intimidación”, dijo en 2021 el padre Abel Carbajal, párroco de la Iglesia San Antonio de Padua, sobre las vivencias en el municipio de El Estor. 

Poco ha cambiado desde que la Policía Nacional Civil arremetió violentamente contra la resistencia pacífica organizada en protesta a la minería, por líderes y habitantes de las comunidades del Pueblo Maya Q’eqchi’.

La noticia de enero de 2022, emitida por el ministro de Energía y Minas (MEM) de Guatemala, Alberto Pimentel, dijo que firmó una resolución para permitir a Solway Investment Group reanudar las actividades extractivas en su operación de níquel Fénix.

Importantes convenios han sido firmados por los gobiernos para la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios. Sin embargo, en los últimos cuatro años se reportan 1.641 agresiones contra personas, un 61 por ciento contra líderes indígenas, todos defensores de los derechos humanos. 

Más del 50 por ciento de la población de Guatemala, estimada en 17.4 millones de habitantes, es de ascendencia indígena, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

Las datos del censo de 2018 reflejaron a unos 6.5 millones (43.75 por ciento) que se identificaron como indígenas mayas, garífunas, xincas y croeles o afrodescendientes, de los cuales el 58 por ciento resultaba afectado por la desnutrición crónica y un 75 por ciento de personas originarias estaban bajo la pobreza. 

Durante los últimos cinco años, los pequeños agricultores han perdido entre el 75 por ciento y el 100 por ciento de los cultivos a consecuencia de la sequía y las enfermedades sobre el café cultivado. El 75 por ciento de la población se dedica a la economía  informal. 

Mientras tanto, el 65 por ciento de la superficie agrícola estaba en manos de 1.9 por ciento de los productores, indica el Informe de Desarrollo Humano del 2021.

“Las penas y las vaquitas
Se van par la misma senda
Las penas son de nosotros
Las vaquitas son ajenas”.