Luego de 15 días de protesta de los pueblos originarios y otros sectores sociales, el gobierno de Ecuador dio marcha atrás con la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad con las que el presidente Daniel Noboa busca replicar el «modelo Bukele» en su país. 

La obra, inicialmente planificada en la ciudad amazónica de Archidona, provincia de Napo, será reubicada en la provincia costera de Santa Elena, donde ya están en marcha las obras de la primera de las dos cárceles de máxima seguridad que Noboa impulsó con la idea de aislar a líderes de bandas criminales.

Sin embargo la construcción en Santa Elena también corre riesgo, ya que un juez evalúa una acción de protección presentada por una comunidad para frenar las obras.

Andrés Tapia, exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), sostuvo en diálogo conPáginaI12: «Es evidente que el gobierno tiene una visión bastante alejada de la realidad local, mucho más en la Amazonía que, no sólo para este gobierno sino sobre todo para estos últimos gobiernos neoliberales, ha sido vista como el patio trasero«.

Para Tapia el anuncio de construir una cárcel en Archidona no fue dimensionado políticamente en su justa medida por parte del gobierno, y agregó: «Eso no quiere decir que todo esté resuelto, porque hay muchos temas técnicos que se deben operativizar para que el anuncio de no hacerla se concrete. Pero desde lo político, sin lugar a dudas, hay un claro retroceso del gobierno«.

Freno al gobierno de Noboa

El Ministerio de Gobierno ecuatoriano anunció en un comunicado que aceptó la invitación del municipio de Salinas «para la implementación de un proyecto de infraestructura penitenciaria de máxima seguridad», removiendo de esta forma el proyecto original de Archidona.

El Ejecutivo de Noboa recordó que Archidona ya cuenta con una cárcel de mínima seguridad, la misma que será «repotenciada» ya que su infraestructura es actualmente deficiente. Allí están recluidas unas 500 personas, cuando su capacidad es para algo más de 300.

«Esta decisión reafirma el compromiso del gobierno nacional con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y con el impulso al desarrollo económico y social, ahora de la comunidad del cantón Salinas, generando empleo directo e indirecto y dinamizando la economía local mediante una obra de esta envergadura», agregó el Ministerio de Gobierno, que no se refirió a las protestas indígenas en Archidona, donde grupos sociales advirtieron de una fuerte militarización para intentar parar las movilizaciones.

En la mañana del lunes las manifestaciones indígenas, apoyadas por amplios sectores sociales de la provincia amazónica de Napo, llegaron a bloquear las rutas que unen a esa jurisdicción con el resto de la Amazonía y con el interior del país. Las manifestaciones incluyeron la toma simbólica de instituciones públicas como la gobernación de la provincia, donde habitan indígenas kichwas y waoranis.

Apoyados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), los manifestantes advertían que el proyecto del gobierno no había consultado a las comunidades afectadas y pretendía imponerlo a la fuerza.

El máximo líder de la Conaie y candidato presidencial, Leonidas Iza, había exigido la semana pasada al gobierno y a las Fuerzas Armadas que cesaran la represión en la provincia de Napo y justificó la reacción de sus bases. 

«Cuando los gobernantes de turno no escuchan al pueblo, es necesario que el pueblo no escuchado levante su voz», dijo entonces Iza al advertir de que la propuesta carcelaria del gobierno no representaba «ninguna solución» ante el impacto del crimen organizado en el país y, más bien, trasladaba el problema a «los hombros del pueblo».

Iza recomendó al gobierno de Noboa que concentre su esfuerzo en controlar las otras cárceles del país, donde bandas criminales se disputan el control y se han convertido en focos de violencia. La Confeniae señaló en la red social X que «el pueblo ha decidido posicionar la lucha contra la cárcel y también contra la minería que está envenenando los ríos y enfermando a las familias indígenas y campesinas».

«Un triunfo del pueblo movilizado»

Amada Grefa, alcaldesa de Archidona, explicó que la oposición de las comunidades se fundamentó en razones claras. La ubicación prevista para la cárcel estaba dentro del área urbana del cantón, cercana a cuatro establecimientos educativos donde estudian más de cinco mil estudiantes. 

«Archidona siempre ha sido un cantón de paz y tranquilidad, y no queremos que la construcción de una megacárcel traiga problemas de delincuencia y desestabilice nuestra comunidad«, expresó Grefa, quien destacó que la cárcel que ya funciona en Archidona tuvo un impacto negativo en la población, con el incremento de delitos como la venta de drogas, robos y asesinatos. 

Para Andrés Tapia, el punto de quiebre en la intención original del gobierno se dio cuando a las protestas se sumaron la Conaie, la Confenaie y otros actores como los trabajadores municipales, logrando que el tema se amplifique a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

«Como resultado de todo eso hay un desgaste del gobierno que, quizás en términos electorales por el número de votos que no es tan alto en la Amazonía, podría aparentemente no influir tanto, pero sí hay un desgaste de su imagen y de la campaña electoral», pensando en los comicios presidenciales de febrero del año próximo, explicó a este diario el licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Central del Ecuador, Quito.

«No sé si la palabra exacta es victoria, pero sí hay un triunfo político del pueblo movilizado, es decir, los 15 días de resistencia rinden efecto porque finalmente el gobierno se retracta y retrocede en su intención inicial«, agregó Tapia.

Para la cárcel de Santa Elena, que ya está en marcha, fue el mismo Noboa quien puso en junio la primera piedra que dio inicio a la construcción de este centro penitenciario que se levanta sobre un terreno de 16,2 hectáreas y con una inversión de 52 millones de dólares. 

¿Otra cárcel en suspenso?

Está previsto que la cárcel de Santa Elena esté lista en 300 días y que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40 mil pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Sin embargo, una audiencia judicial prevista para este viernes estudiará una demanda presentada por la comunidad Bajada de Chanduy, cercana a la zona en la que se está construyendo el centro penitenciario.

La comunidad se declara como nativa de la zona y alega tener el derecho a que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario en su territorio, conforme a lo dispuesto por la legislación nacional ecuatoriana para las comunidades indígenas.

En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Noboa había prometido instalar dos centros carcelarios en el país con un modelo inspirado en las prisiones construidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. 

Con ese proyecto buscaba hacer frente a la violencia desatada en las prisiones desde hace unos cuatro años atrás por bandas criminales que se disputaban el control de las cárceles.

Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales, en una ola de violencia criminal que también se extendió a las calles del país.

Muchos de los muertos se presentaron en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen el control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado. 

La violencia del crimen organizado transformó los últimos años a Ecuador, con 17 millones de habitantes, en una de las naciones más violentas del mundo.

La tasa de homicidios trepó de 6 cada 100 mil habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.