La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Estado de EE.UU., autorizó hasta el 19 noviembre las transacciones de cuatro empresas energéticas estadounidenses con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En un escrito publicado en la página web de la OFAC, se informa que la licencia general 8L reemplaza «en su totalidad» a la 8K, emitida el 26 de noviembre de 2022.

Esta prórroga de seis meses permitirá que un grupo de cuatro empresas estadounidenses realicen junto a PDVSA las maniobras necesarias para «el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela» o para «la liquidación de operaciones para ciertas entidades» en el país suramericano.

Lo permitido y lo prohibido

En líneas generales, la diferencia entre ambas licencias es que la más reciente permite conservar los activos de las compañías Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International en el país.

Estas corporaciones, según el escrito, podrán realizar «transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela».

Esta licencia autoriza que estas empresas participen en asambleas de accionistas y directorios; paguen facturas a terceros por transacciones y actividades autorizadas, impuestos locales y servicios públicos; cancelen los salarios de sus trabajadores y contratistas en Venezuela.

Entre las prohibiciones se encuentran «la perforación, levantamiento o procesamiento, compra o venta, transporte o envío de cualquier petróleo o derivados del petróleo de origen venezolano».

Asimismo, no está autorizado el «diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de cualquier pozo u otro instalaciones o infraestructura en Venezuela o la compra o provisión de cualquier bien o servicio, excepto lo requerido por seguridad».

Tampoco está permitida la contratación de personal ni de servicios adicionales, a excepción de que sea requerido por seguridad.

Esta licencia también limita «el pago de cualquier dividendo, incluso en especias», a PDVSA, o a cualquier entidad en donde la petrolera tenga una participación de 50 % o más.

En la larga lista de restricciones también está vetada la realización de transacciones o tratos relacionados con la «exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela»; «préstamo, acumulación de deuda adicional o subsidio de PDVSA, o cualquier entidad de la petrolera»; transacciones o actividades establecidas en el régimen de sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés); transacciones con cualquier persona bloqueada que no pertenezca a estas cuatro empresas.

La licencia anterior

En noviembre pasado, la OFAC otorgó a la empresa estadounidense Chevron la Licencia General de Venezuela (GL) 41, con una validez de seis meses, que le permitía «reanudar operaciones limitadas» en campos petroleros venezolanos con empresas conjuntas con la compañía estatal PDVSA.

Tras esta autorización, la compañía petrolera estadounidense envió dos buques a Venezuela, uno de los cuales llevará el primer cargamento de crudo venezolano a EE.UU. en casi cuatro años.

Esta licencia se hizo en un contexto similar al actual. Las conversaciones entre la oposición venezolana y el Gobierno de Nicolás Maduro estaban paralizadas, luego de que extraditaran al empresario y diplomático venezolano Alex Saab de Cabo Verde a EE.UU.

A mediados de este año, la posibilidad de nuevas conversaciones volvió a cerrarse, luego de la OFAC permitiera la subasta de acciones de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el país norteamericano.

Estas acciones pasarían a ser controladas por el sector oposición que apoyó al exdiputado Juan Guaidó, que desconoció a Maduro como mandatario y que promovió la aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela.

Este revés ocurrió días después de que los gobiernos de 20 países se reunieran en Bogotá en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, tras una convocatoria hecha por el presidente colombiano Gustavo Petro, para tratar de destrabar el conflicto político en el país vecino.

Las sanciones

Esta nueva licencia se expide cuatro años después de que el expresidente Donald Trump anunciara la imposición de sanciones contra PDVSA, que comprenden el congelamiento de unos 7,000 millones de dólares en activos de esa compañía estatal venezolana.

Según cifras de Caracas, entre 2015 –cuando el exmandatario Barack Obama declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de su país– y 2020, el país dejó de producir 4,000 millones de barriles de crudo, debido al boicot ejecutado contra la industria petrolera, lo que se traduce en 232,000 millones de dólares que no ingresaron a sus arcas públicas.

En reiteradas oportunidades el Gobierno venezolano ha denunciado en los medios y ante organismos internacionales las consecuencias negativas y el fuerte impacto sobre la población que han causado las sanciones de Washington, como medida de presión para deponer a Maduro. Y es que la nación suramericana, cuyo principal producto de exportación es el petróleo, perdió el 99 % del ingreso de divisas entre 2014 y 2020.

Hasta el momento, se contabilizan 930 medidas coercitivas unilaterales, según el registro del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Esto ha causado un daño que supera los 630.000 millones de dólares, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.