La Corte Suprema de Panamá declaró este martes «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, lo cual detonó un movimiento de protestas que se ha extendido durante más de un mes por todo el país.

La decisión, reclamada por las protestas de gremios de varias ramas podría ser una inflexión a una crisis nacional y puede abrir frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

El fallo fue anunciado por la presidenta de la CSP, María Eugenia López, por «unanimidad» del pleno de nueve magistrados declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato. 

López explicó que «los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró.

Asimismo indicó que una vez quede «ejecutoriada la sentencia», se procederá «a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial».

Con este fallo, el contrato «deja de existir» técnicamente la ley 406, contentiva del contrato minero y, en consecuencia el Ejecutivo tendrá, en el corto plazo, que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.

El fallo fue recibido con júbilo por las personas que desde hace semanas mantienen una vigilia en la Corte Suprema de Justicia esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que desde el pasado viernes analizaba las dos primeras querellas, de las 10, que se han presentado contra la Ley 406.

El sindicato Suntracs calificó de victoria popular y de un triunfo del pueblo en la calle el resultado emanado de la corte.