La comunidad del municipio de San José, del departamento de Escuintla en el sureste de Guatemala rechazó en consulta el proyecto de privatizar una carretera mediante el cobro del peaje, una votación popular histórica en el país centroamericano.

“Exigimos respeto a la voluntad expresada por los vecinos del Puerto San José”, recalcó José Urbina, integrante de Defensores del Puerto San José, en conferencia de prensa. 

Un total de 4,734 (99.1%) personas que emitieron su voto, se niegan al cobro del peaje, lo que equivale a suspender el proyecto por vìa de la voluntad popular expresada en consulta.

Con la participación de 4,861 personas, este domingo se llevó a cabo una consulta de vecinos en San José para decidir el futuro de la carretera que les comunica con la cabecera de Escuintla, debido a la privatización que pretende realizar el Gobierno.

La comisión específica para la consulta de vecinos y la organización Defensores del Puerto San José dieron a conocer la noche de este domingo los resultados de la consulta que se realizó en el municipio San José. 

De más de 35 mil personas habilitadas para votar, 4.861 acudieron a las urnas para decir sí o no a la privatización de la carretera que comunica el Puerto San José con la cabecera de Escuintla.

“Los resultados finales evidencian que prevalecen los votos en contra de la privatización y el cobro de peaje a los vehículos que circulen sobre esta vía” afirmó Urbina.

Para que la consulta fuera vinculante se requería la participación de al menos el 20 por ciento del total de personas empadronadas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, los representantes de vecinos enfatizaron que el resultado de la consulta “recoge las aspiraciones de los pueblos” por lo que debe ser tomado en cuenta por el Congreso, el Gobierno y las empresas del sector privado que se verían involucradas en la ejecución del proyecto.

“Exigimos el respeto a la voluntad expresada por los vecinos del Puerto San José, al Concejo Municipal que realice las acciones pertinentes para cumplir con el mandato ciudadano y a los tres poderes del Estado a derogar el decreto por medio del cual aprueba la concesión”, agregó Urbina.

Si los resultados de la consulta son o no vinculantes, el colectivo recalcó que tienen derecho presentar un recurso de inconstitucional y un recurso contencioso- administrativo e incluso podría llevar la batalla legal a nivel internacional.