El presidente de EE.UU. firmó una orden ejecutiva para «garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales», una decreto que a grandes rasgos implica un llamado al endurecimiento de los controles financieros sobre las criptomonedas.

Aunque la orden se ampara en la necesidad de mitigar los riesgos que conlleva el uso de estos activos, el texto deja claros los tres aspectos que parecen motivar a la Casa Blanca para avanzar con contundencia: evitar que las criptomonedas puedan usarse «para eludir los regímenes de sanciones»; el deseo de mantener su hegemonía financiera en el sistema global y la «máxima urgencia» de investigar «las posibles opciones de diseño e implementación de un Banco Central» de monedas digitales en EE.UU.

Según el documento, la estrategia de la Administración de Biden es movilizar el entramado gubernamental en seis áreas claves:

• La protección de consumidores e inversores.
• La estabilidad financiera.
• La financiación ilícita.
• El liderazgo de EE.UU. en el sistema financiero global y competitividad económica.
• La inclusión financiera.
• La innovación responsable.

«Reforzar el liderazgo de EE.UU.»

Esta semana, varios medios de comunicación adelantaron que la orden ejecutiva sobre las criptomonedas estaba por salir, y que dictaría los lineamientos a las agencias federales para la elaboración de políticas y reglamentos sobre activos digitales.

El plato fuerte, sin duda, es el hecho de que Washington evalúe la aparición de una moneda digital del Banco Central y que tenga previsto un plan de regulación que no solo se circunscribe al ámbito nacional, sino que involucraría a sus «aliados».

El texto publicado este miércoles hace énfasis en el «crecimiento explosivo» de las criptomonedas, «superando una capitalización de mercado de 3 billones de dólares en noviembre pasado», y en el hecho de que al día de hoy «alrededor del 16 % de los estadounidenses adultos, aproximadamente 40 millones de personas, han invertido, intercambiado o usado» esos activos digitales.

El contexto de crecimiento exponencial, detalla el texto, «crea una oportunidad para reforzar el liderazgo estadounidense en el sistema financiero», más allá de los riesgos que pueden implicar esas operaciones, por lo que ahora Washington pretende ejercer un rol en la «gobernanza global de los activos digitales en consonancia con los valores democráticos y la competitividad global de EE.UU.».

En el corto plazo, Biden ha ordenado al Departamento del Tesoro y a otras agencias la evaluación y desarrollo de «recomendaciones de políticas» para el sector, que garanticen «una supervisión eficiente» y resguarde «la estabilidad financiera mundial y de EE.UU.«. 

En paralelo, se instruye al Secretario del Tesoro a elaborar un informe «sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago», considerado ahora como un asunto de interés nacional para EE.UU., al igual que la promoción del «acceso equitativo a servicios financieros seguridad y asequibles». En otras palabras, a hacer más atractiva a la banca tradicional (y fuertemente regulada) ante el ‘boom’ de otras alternativas descentralizadas como las criptomonedas.

Las áreas claves

Los objetivos de la orden ejecutiva, de momento, están concentrados en seis áreas claves, que pretenden robustecer el papel de EE.UU. como regulador, a pesar de que el sistema que rige las criptomonedas nació como una alternativa a las transacciones centralizadas de la arquitectura financiera tradicional.

• Protección a los consumidores

De acuerdo al texto, la protección de los consumidores figura como prioridad para la administración estadounidense, «en ausencia de supervisión y estándares suficientes» para controlar a las empresas que brindan los servicios de activos digitales.

En aparente consonancia con el principio de ‘excepcionalidad estadounidense’, Washington defiende su supuesto «deber» de garantizar la implementación de salvaguardas, para impedir «la vigilancia arbitraria o ilegal, que puede contribuir a los abusos contra los derechos humanos».

• Estabilidad financiera

Otra de las prioridades de la Administración de Biden con esta orden ejecutiva es «mitigar el riesgo sistémico» y garantizar su propia estabilidad financiera.

Al respecto, se alienta al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera a identificar y mitigar los riesgos financieros de toda la economía que plantean los activos digitales, y desarrollar recomendaciones de políticas adecuadas para abordar cualquier brecha regulatoria.

Para las autoridades estadounidenses los emisores de activos digitales, las bolsas y las plataformas de negociación, y los intermediarios cuyas actividades puedan aumentar los riesgos para la estabilidad financiera, deben, según corresponda, «estar sujetos y cumplir con las normas regulatorias y de supervisión que rigen las infraestructuras de mercado tradicionales y las empresas financieras». Esto se haría en coherencia con el principio de «mismo negocio, mismos riesgos, mismas reglas».

• Financiación ilícita

Otra de las cuestiones que se busca con esta orden ejecutiva es mitigar las finanzas ilícitas y los riesgos de seguridad nacional que plantea «el mal uso» de los activos digitales, dice el documento. Entre otras cosas, se señala que las criptodivisas pueden presentar importantes riesgos como el lavado de dinero, el delito cibernético y el ransomware, los narcóticos y el tráfico de personas, y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Pero aquí también entra uno de los aspectos que parecen haber motivado a la Casa Blanca en el asunto, al indicar que los activos digitales pueden usarse «como una herramienta para eludir los regímenes de sanciones financieras de EE.UU. y otros países».

Aparte, Washington alega que hay jurisdicciones que aún no han implementado de manera efectiva los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI), cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, lo que permitiría a los actores ilícitos, incluidos los perpetradores de incidentes de ransomware y otros delitos cibernéticos, que a menudo laven y vendan dinero en efectivo proveniente de negocios sucios.

De esta manera justifican su insistencia en los controles. «Cuando los activos digitales se abusan o se usan de manera ilícita, o socavan la seguridad nacional, es de interés nacional tomar medidas para mitigar estos riesgos financieros y de seguridad nacional ilícitos a través de la regulación, la supervisión, la aplicación de la ley o el uso de otros recursos del gobierno de los EE.UU.», señala la orden ejecutiva.

• El liderazgo de EE.UU. en el sistema financiero

«Reforzar el liderazgo de los EE.UU. en el sistema financiero global y en la competitividad tecnológica y económica», es otra de las prioridades de esta política estadounidense.

En el documento se menciona el interés de EE.UU. de permanecer «a la vanguardia» del desarrollo y diseño responsable de activos digitales, así como la tecnología que sustenta nuevas formas de pago y flujos de capital en el sistema financiero internacional.

En este punto insisten en su empeño de establecer estándares que promuevan sus vociferados y cuestionados «valores democráticos», así como «la regla de la ley; intimidad; la protección de los consumidores, inversores y empresas; e interoperabilidad con plataformas digitales, arquitectura heredada y sistemas de pago internacionales».

• La inclusión financiera

En la orden ejecutiva se establece que con esta política se busca promover el acceso a servicios financieros seguros y asequibles, particularmente para aquellos estadounidenses desatendidos por el sistema bancario tradicional.

«Muchos estadounidenses no tienen suficientes servicios bancarios y los costos de las transferencias y pagos de dinero transfronterizos son altos», dice el texto.

• La innovación responsable

El documento firmado por Biden también señala que procurarán apoyar los avances tecnológicos que promuevan el desarrollo y uso responsable de los activos digitales.

Al respecto, denuncian que la arquitectura tecnológica de diferentes activos digitales tiene implicaciones sustanciales para «la privacidad, la seguridad nacional, la seguridad operativa y la resiliencia de los sistemas financieros, el cambio climático, la capacidad de ejercer los derechos humanos y otros objetivos nacionales».

También hacen referencia a los impactos ambientales que resultan de la minería de criptomonedas.