Imagen: José Cabezas, Reuters

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes en rueda de prensa que su país rompe su acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción mediante una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies).

«Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-Cicies, porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con, precisamente, las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador», declaró el mandatario.

Indicó que el paso fue provocado por la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de nombrar para el cargo de asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que actualmente es procesado penalmente en El Salvador.

«Cometimos el error de confiar en la OEA», declaró el presidente, y preguntó a continuación: «¿Cómo pudimos confiar en gente que da impunidad a los criminales?».

«Nosotros pudimos haber seguido trabajando con ellos, y hacer como si nada pasaba. Pero nosotros no trabajamos así. Para nosotros es importante tener principios», destacó. Y afirmó que su país buscará «otra organización que sí quiera combatir la impunidad».

Por su parte, la embajada de EE.UU. en El Salvador lamentó la decisión de la Administración de Bukele de cerrar su acuerdo con la OEA. «La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad», afirmó esa representación diplomática a través de su cuenta en Twitter.

Este viernes, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó arresto domiciliario para Muyshondt. Es procesado por delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, después que, siendo diputado, supuestamente negociara con pandillas a cambio de votos.

Poco después, la Policía Nacional Civil comunicó que detuvo a Muyshondt, «tras una nueva orden de detención administrativa de captura, girada por la Fiscalía General de la República por el delito de apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública».