El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado el miércoles para la realización de exámenes a raíz de dolores abdominales en el Hospital de las Fuerzas Armadas, luego de que pasara 13 días con una crisis de hipo causada por una hernia en la región abdominal. El presidente brasileño ya fue intervenido al menos cuatro veces en los últimos dos años.

Un día antes, en su carrera por el desmantelamiento del Estado, Bolsonaro, promulgó la ley que privatiza la estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, con algunos vetos que permiten eliminar una protección social por un año para los trabajadores que sean despedidos, que había sido aprobada por el Congreso.

El primer intento de privatización de Eletrobras había sido entre 2016 y 2018 durante la gestión de Michel Temer, cuya agenda de venta del patrimonio público se profundizó con la llegada de Bolsonaro con su ministro de Economía, Paulo Guedes, entidades de consumidores consideraron que el costo de la energía eléctrica será un 15% más caro con la privatización, a raíz de que el oficialismo en el Congreso, con ayuda de liberales derechistas opositores, retiraron medidas de control de impacto de precios.

El gobierno planea que el Congreso apruebe a fin de año la venta de la estatal Correios, la empresa de logística más grande de América Latina, mediante una subasta, en un negocio en el que oficialmente se admite interés de la multinacional argentina Mercado Libre y la estadounidense Amazon, además de los interesados de los grandes conglomerados brasileños.

La corrupción, las amenazas

Y luego de dos semanas en riguroso silencio, el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro mencionó la denuncia que el diputado Luiz Miranda hizo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la corrupción en la conducción del gobierno en la pandemia.

La denuncia se refería a un encuentro de Bolsonaro con los hermanos Miranda –uno diputado y el otro alto funcionario del ministerio de Salud– cuando se enteró de mecanismos de alta corrupción manejados por militares incrustados en puestos antes ocupados por médicos, científicos y especialistas. A los dos hermanos el mandatario les dijo que ordenaría una investigación de la Policía Federal. Nunca lo hizo.

Pues en una entrevista a una radio argumentó que recibe a unas cien personas por mes, además de su agenda con ministros, y que no puede adoptar medidas a todo lo que le dicen. Optó por proteger, con su silencio, a los denunciados.

Es muy malo el momento político de Bolsonaro, a quien hasta se le aguó la programada fiesta de la Copa América de fútbol, Todas las encuestas de opinión pública reafirman que Lula da Silva lo arrollará en las presidenciales del año que viene. Y peor aún para el mandatario, más de la mitad de los brasileños –el 52% en una, 54% en otra encuesta– aprueban su destitución. Además, el 63% de los encuestados no creen en nada de lo que dice.

Su estrategia ha sido la de acelerar la tensión institucional, atacando a la Comisión Investigadora del Senado, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, mientras lanza amenazas de suspender las elecciones presidenciales del año próximo, “a menos que haya voto impreso, para prevenir fraudes que lleven al nueve dedos (Lula, que perdió un meñique en sus épocas de obrero metalúrgico) al poder”, incitando a las fuerzas armadas a consumar un golpe.

No está solo: el ministerio de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas han dejado en claro la posibilidad de dar un golpe cuando ellos lo crean necesario (¿en nombre de la democracia y de las instituciones?), tras las declaraciones del presidente de la CPI, el senador Omar Aziz, quien señaló que la mayor parte de los militares deberían estar avergonzados por lo que hizo la minoría, la “parte podrida” de las Fuerzas Armadas.

Una Comisión de Investigación del Senado avanza en denuncias cada vez más sólidas de corrupción en el gobierno, mientras Bolsonaro se hace cada vez más agresivo para alentar a la minoría que lo sigue defendiendo a cualquier precio (entre 12 y 15% del electorado) y protege a militares corruptos. Al negarse a atender a las recomendaciones de protección contra la pandemia se hizo cómplice de 540 mil vidas perdidas.

Las Fuerzas Armadas parecen haber perdido el rumbo entre mantenerse en sus funciones constitucionales y proteger a un gobierno corrupto, en el marco de un cuadro trágico de desempleo, hambre, inflación, devastación de todo –todo– por un gobierno determinado a eso.

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).