Cecilia González

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desató un escándalo político, que incluye fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, luego de que la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa destituyera a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional, una de las cuatro instancias que forman la Corte Suprema de Justicia.

La destitución, que se aprobó con 64 votos a favor y 20 en contra, se llevó a cabo el sábado por la noche, durante la primera sesión de la Asamblea Legislativa que está controlada por diputados afines a Bukele, que fueron electos en los comicios de febrero pasado y que contaron con el respaldo de algunos aliados.

Previo a la jornada, las bancadas opositoras alegaron que ni siquiera sabían cuál sería la agenda del día, así que la decisión los tomó por sorpresa, al igual que al resto de los salvadoreños. Pero Bukele la defendió y la presumió desde el primer momento como parte de las transformaciones que, según él, necesitaba el país.

Esa misma noche, sin cumplir con el procedimiento de postulaciones y análisis y debate sobre las candidaturas de nuevos jueces, la bancada oficialista designó a los cinco magistrados sustitutos.

El Parlamento también destituyó al fiscal general Raúl Melara, con quien Bukele mantenía un enfrentamiento y al que acusaba de tener vínculos con el partido opositor Arena, y nombró de inmediato a Rodolfo Delgado como su sucesor.

Las denuncias de «golpe» o «autogolpe» de Estado se esparcieron de inmediato en las redes sociales y en pronunciamientos de opositores salvadoreños, así como las críticas de políticos de países vecinos y de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watchs, que advirtieron sobre la supuesta violación a la independencia de poderes y el riesgo de que Bukele consolide un régimen autoritario.

El presidente, quien desde que asumió en junio de 2019 comenzó a ganar fama internacional por sus exabruptos y carácter confrontativo, calificó a sus críticos como «hipócritas» y defendió su gestión.

«Estamos limpiando nuestra casa (…) y eso no es de su incumbencia», escribió en un mensaje dirigido a la comunidad internacional, mientras se multiplicaban las críticas, incluidas las del Gobierno de EE. UU., país que, por sus políticas intervencionistas, suele tener un mayor peso en Centroamérica.

Justificaciones

«Todos, absolutamente todos los que critican desde otros países, pidieran hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Déjense de hipocresías. El 75% del pueblo salvadoreño votó en elecciones libres por el cambio que estamos viendo», advirtió Bukele, al recordar que él comenzó a gobernar hace dos años, que el oficialismo arrasó en las elecciones parlamentarias de febrero y que los diputados solo cumplieron con sus funciones.

De hecho, la bancada afín al mandatario en el Parlamento pudo tomar esta decisión porque cuenta con los votos necesarios para tener una mayoría absoluta en ese espacio. Concretamente, en los comicios de febrero, el partido Nuevas Ideas (NI), creado en 2018 por Bukele, obtuvo 56 asientos en el organismo legislativo y a ello se le suman los cinco puestos alcanzados por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), movimiento que llevó al dignatario a la Presidencia en 2019. En esta votación en particular se sumaron a los oficialistas los del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tiene un escaño, y Partido de Concertación Nacional (PCN), que cuenta con dos legisladores.

La Constitución de El Salvador, en su artículo 186, establece que tanto para la elección como para la destitución de estos magistrados se necesita el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados, es decir 56 votos.

Tras la medida, las y los diputados colmaron las redes sociales de mensajes en los que justificaron la destitución de los jueces. La diputada Suecy Callejas Estrada, por ejemplo, aseguró que la Sala de lo Constitucional limitó las facultades para controlar la pandemia, emitió sentencias para justificar las «decisiones arbitrarias» que generaron violaciones a derechos y garantías constitucionales, e invadió funciones propias de otros órganos del Estado.

«La Sala se auto convirtió en un súper poder frente al Legislativo y Judicial, quebrantando el equilibrio del Estado de Derecho», denunció al subrayar que la bancada oficialista «se debe a los salvadoreños, no a una cúpula económica ni partidaria». En ese sentido, añadió: «Continuaremos trabajando para limpiar nuestra casa de funcionarios con intereses contrarios al bienestar del pueblo».

Rodrigo Ayala, vicepresidente de la Asamblea, aseguró que «destituir funcionarios que impartieron justicia selectiva y extralimitaron, tergiversaron e ignoraron sus facultades a conveniencia, o peor, no cumplían con los requisitos para ser elegidos (fiscal), no es un golpe de Estado y mucho menos un ataque a la institucionalidad».

Por el contrario, dijo, lo ocurrido el sábado fortalece a las instituciones y Estado de derecho, «sin titiriteros bajo las sombras; con el objetivo de rendirle cuentas únicamente al pueblo salvadoreño aplicando la ley con rectitud e imparcialidad. Los ojos y la confianza de la ciudadanía están, al igual que en nosotros, ahora también en ustedes, nuevos Magistrados y Fiscal».

Cruces

El sábado por la noche, en cuanto se consumó la destitución, la Sala de lo Constitucional denunció en un comunicado que la medida era ilegal porque violaba las formas de gobierno republicana, democrática y representativa.

«La decisión de los diputados incide negativamente en el control del ejercicio del poder (…) la falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción», acusó.

Sin embargo, el mensaje fue eliminado el domingo, ya que los nuevos jueces habían asumido en un proceso exprés. Bukele aseguró entonces que el pronunciamiento no era válido porque quienes lo firmaban ya habían sido destituidos.

El agitado fin de semana continuó el domingo por la noche con un mensaje del fiscal general destituido, Raúl Melara, quien también acusó la inconstitucionalidad del proceso concretado por la Asamblea Nacional. Ante la situación, el exfuncionario presentó su «renuncia irrevocable» por falta de garantías para ejercer el cargo, aunque en realidad ya había sido depuesto. Lo mismo ocurrió con dos de los jueces que ya habían sido echados de sus cargos.

Críticas

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, es la política de más alto nivel a escala internacional que ha criticado hasta ahora lo ocurrido en el país centroamericano.

«Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte», escribió en Twitter al respaldar al secretario de Estado, Antony Blinken, quien reveló que ya le había manifestado a Bukele la «gran inquietud» del Gobierno estadounidense.

La OEA, en tanto, rechazó la destitución de los jueces y del fiscal, así como el papel que desempeñó Bukele para que se tomaran estas decisiones.

«En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales… cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo», explicó.

Para la OEA, severamente cuestionada por su papel en países como Bolivia y Venezuela, la decisión tomada en El Salvador podría llevar a la «erosión y a la cooptación del Poder Judicial», lo que a su vez conduciría a «a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política».