Abortar en Catalunya y en el Estado español es legal y gratuito desde el 2010. La ley del 1985 legalizaba el aborto, pero las mujeres que no lo hacían por causas médicas tenían que pagar su interrupción. Ahora cualquier mujer puede abortar gratis gracias, en gran parte, a la lucha de los colectivos feministas.

Pero el circuito público para interrumpir el embarazo es todavía confuso y desconocido por muchas mujeres. Es decir, que a pesar que la información se puede dar desde la pública, a menudo la mujer se tiene que desplazar hasta una clínica privada para parar su gestación.

El acceso al aborto farmacológico —que se puede pedir hasta la semana nueve de la gestación— es más directo porque se atiende y se resuelve mayoritariamente desde la sanidad pública. En 2019, representaron el 47,7% de los abortos practicados en Catalunya (10.473). En cambio, un 97,8% de abortos instrumentales —también denominados quirúrgicos— se derivan a clínicas privadas que tienen concierto con la Generalitat. En total, el 2019 se hicieron 11.463 en el Principat, el 52,3% del total de los abortos.

De hecho, el Departament de Salut destina aproximadamente tres millones de euros anuales a estos centros para que practiquen las interrupciones instrumentales, puesto que casi no se hacen casi en los centros de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP), según datos oficiales a los cuales ha tenido acceso este medio.

¿Por qué se privatiza el aborto quirúrgico?

Con todo, en estos casos el aborto no tiene un coste económico para la mujer, puesto que sigue dentro del circuito público y lo abona la Generalitat. Ahora bien, ¿qué implica tener que desplazarse a una clínica privada que quizás no está ni en su comarca o provincia? ¿A qué se debe la externalización del aborto instrumental? ¿Por qué no los asumen los hospitales? Para la coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert, el estigma social que todavía hay hacia el aborto, tanto por parte de las mujeres que lo solicitan como por los profesionales que los practican, así como la objeción de conciencia, son los principales motivos de la externalización.La mitad de los ginecólogos del sistema público catalán son objetores de conciencia

Según los datos facilitados por el Departament de Salut a partir de una petición de derecho de acceso a la información pública hecha por este medio, la mitad de los ginecólogos del sistema público (305 de 613) son objetores de conciencia, si bien la cifra no corresponde a la totalidad de los profesionales sino que la muestra se limita al 80% de los centros del SISCAT, el sistema sanitario público de Catalunya, que incluye también los concertados.

Esto tiene un efecto directo sobre las mujeres, puesto que limita su acceso al aborto en algunas demarcaciones y aumenta la dependencia de la Generalitat hacia las clínicas privadas, de las cuales diez tienen un concierto con Salut.

Para Aldavert, el estigma y la falta de información accesible también podría explicar que el 57% de las mujeres pagaran su aborto instrumental a clínicas privadas el 2019, según las cifras del Govern. Y ello, a pesar que la Generalitat asume el coste de los procedimientos dentro del sistema público desde el 2010. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué tantas mujeres optan por ir a la privada? Para acercarnos a una posible respuesta, primero hay que ver cómo funciona el circuito actual.

¿Cómo se solicita el aborto en Catalunya?

Si una mujer quiere abortar en Catalunya por la vía pública, lo primero que tiene que hacer es ir a uno de los centros de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR). Actualmente 39 de los 47 centros pueden realizar o derivar abortos. Allí, una profesional como María, comadrona de un ASSIR de Barcelona que quiere mantener el anonimato, le explicará que tiene dos opciones para escoger: el farmacológico y el instrumental o quirúrgico. Los motivos son varios, pero la gran mayoría (un 90,4%) se solicitan por voluntad de la mujer de no ser madre. El resto son por riesgo grave por la vida o salud de la mujer, riesgo de anomalías graves en el feto o enfermedad muy grave e incurable del feto.

En la primera atención la mujer ya se encuentra con la primera barrera: por ley, tiene que hacer tres días de reflexión una vez ha notificado la voluntad de abortar. «No se lo han pensado bastante, encima las hacen meditar», protesta la María. Una vez pasan estos tres días, tiene que volver a hacer una segunda visita al ASSIR.

Si está en las primeras nueve semanas de gestación puede solicitar el aborto farmacológico, que le proporciona un ginecólogo. Después de esta segunda visita, «ya sale con día y hora para venir a hacer la interrupción», explica la comadrona. Según ha podido saber Públic, el 88,8% de los 10.473 abortos farmacológicos del 2019 se hicieron por la vía pública.

Si está de más de nueve semanas o desea escoger el método instrumental, el circuito se complica: en la mayoría de casos se la deriva en una clínica privadaque tiene un concierto con la Generalitat. Los ASSIR le proporcionan el listado de opciones de clínicas y, una vez escogida, la mujer llama y pide cita. Aquí la dependencia con la privada es absoluta: prácticamente la totalidad (el 97,8%) de los abortos quirúrgicos se hacen en centros privados.

¿Por qué el aborto farmacológico se atiende mayoritariamente desde los centros públicos y los que requieren intervención quirúrgica se hacen en clínicas privadas? La comadrona del ASSIR denuncia que la falta de formación de los profesionales y el estigma que hay sobre el aborto provocan que el sistema público haya externalizado los abortos instrumentales. «Si no salimos de las clínicas privadas que ahora mismo están monopolizando esta atención, no aprenderemos nunca. Si realmente quieres dar una buena atención, te tienes que formar y tienes que practicar. Tenemos que poder asumir todos los abortos desde la pública», defiende.

El coordinador técnico de salud sexual y reproductiva del Institut Català de la Salut (ICS), Ramon Escuriet, reconoce que el Departament no tiene una respuesta clara de por qué se produce esta división, solo intuiciones. Escuriet asegura que la información sí que se da a través del servicio público y las asociaciones feministas, pero admite que el Departament «intuye» que «muchas veces» las mujeres escogen la vía privada «por razón de flexibilidad, confidencialidad y evitar tener que explicar a un centro público que quieren una interrupción» [del embarazo].

Pero añade un matiz: «No podemos obviar que todavía hay hoy en día cierto estigma, y probablemente esto explica también que las mujeres en muchos casos decidan ir directamente a un centro privado, porque no saben lo que encontrarán en otro lugar si explican su decisión».

Una de cada tres mujeres paga su aborto

El circuito público es un laberinto, pero garantiza el aborto legal y gratuito. Así pues, si la mujer sigue estos pasos, aunque se la derive a una clínica privada no tendrá que pagar el coste de la interrupción. Es una idea que se remarca durante todo el reportaje porque, a pesar de que la información es pública, todavía hay muchas mujeres que no lo saben. Según ha podido saber este medio, el 35% de las 21.936 mujeres (más de una de cada tres) que abortaron el 2019 se pagaron su interrupción, ya fuera instrumental o farmacológica. En el caso del instrumental, el 56,9% pagaron el coste del aborto directamente a clínicas privadas.

Sorprendida ante esta cifra, Aldavert señala que la desinformación podría ser uno de los puntos claves de este fenómeno, puesto que una de las preguntas más frecuentes actualmente es si el aborto es gratuito y legal, dónde se tiene que ir para abortar y cómo se puede hacer.»Las mujeres no están informadas ni acompañadas y cada vez reciben más ataques de grupos fundamentalistas»

«Hace 11 años de la ley del 2010, pero como que no se han hecho campañas informativas ni de sensibilización, la mayoría de la gente no sabe dónde encontrar esta información», denuncia. La comadrona del ASSIR de Barcelona está de acuerdo con Aldavert, pero las dos señalan otra posible opción: que las mujeres que se lo pueden permitir prefieran ahorrarse el circuito público, evitando así ir arriba y abajo, y pagar directamente.

Según explica Salut, las clínicas privadas obtienen el convenio con la Generalitat a través de una licitación pública, que se consigue si «reúnen las condiciones de seguridad y calidad necesarias». Una vez tramitadas las operaciones, las clínicas facturan los abortos que les llegan por la vía pública. Por ejemplo, el año pasado las arcas públicas pagaron 2,89 millones en estas clínicas privadas, que habían recibido 3,16 el ejercicio anterior. ¿Qué supone este dinero? Aldavert denuncia que si más de la mitad de las mujeres se paga su aborto, «los tres millones no son suficientes».

«El circuito tiene muchas dificultades para continuar caminando: las mujeres no están muy informadas, no están muy acompañadas, no disfrutan de equidad territorial y cada vez reciben más ataques por parte de grupos fundamentalistas», expone. En cuanto a los centros públicos, los que practican abortos quirúrgicos médicos son el Hospital Clínico y el Hospital Vall de Hebrón, mientras que hay otros que varían según el año.

El ‘agujero negro’ de Lleida

Desde la ley del 2010, la administración asume el coste de todos los abortos practicados dentro del sistema público, pero casi el 100% de los instrumentales los realizan las clínicas privadas. Desde el 2016, la Generalitat paga aproximadamente tres millones anuales repartidos entre los diez centros con los cuales tiene convenio: siete en Barcelona (Centro Casanova, Centro Médico Aragón, Clínica Dalmases, Clínica Médica Sants, Clínica Emece, Instituto Ginetec, Tutor Médica) dos a Girona (Adalia Centro Médico y Clínica Gine-gir) y uno en Tarragona (Centro Médico Eira).El 72,7% de los ginecólogos del SISCAT de Lleida son objetores de conciencia ante el aborto

Mientras cada capital tiene como mínimo un centro, en Lleida no hay ninguno. La provincia es el punto negro del derecho al aborto en Catalunya: el 72,7% de los ginecólogos del SISCAT de la demarcación son objetores de conciencia, según los datos de Salut.

Después de 40 años de presión por parte de los colectivos feministas para que se pudiera abortar de forma instrumental, este 2021 se ha autorizado una clínica privada para practicarlos. Ahora bien, Aldavert apunta que no se sabe si los profesionales de este centro (Mi NovAliança) tienen la formación y experiencia adecuadas y considera que esta derivación es una muestra más de la externalización de estos abortos. Además, hasta que la clínica no esté en funcionamiento, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo quirúrgicamente tendrán que ir a Girona, Barcelona o Tarragona.

Por otro lado, también este año el Hospital del Pallars y el Hospital de la Cerdanya han ampliado su cartera de servicios para practicar abortos farmacológicos. Hasta ahora, las mujeres del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y Alta Ribagorça se tenían que desplazar hasta el CAP de Balaguer para abortar farmacológicamente.

Un nuevo modelo donde poner la mujer en el centro

Frente a tantos líos para poder abortar de forma gratuita y con equidad territorial en Catalunya, los colectivos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos reclaman generar un modelo nuevo donde formar profesionales comprometidos con el derecho al aborto desde una perspectiva feminista, donde se sitúe las mujeres en el centro.

«No puede ser que en el modelo pensemos en los circuitos, en los profesionales, pero en ningún momento en las mujeres», denuncia Aldavert, de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. A pesar de reivindicar el papel de la pública, señala que hay que tener en cuenta que quizás una mujer que aborta porque no quiere ser madre no querrá hacerlo en un hospital y preferirá una privada, mientras que si lo hace por causas médicas querrá hacerlo en un centro hospitalario.

En cambio, algunas comadronas lo tienen muy claro: la pública tiene que asumir la mayoría de los abortos. «Hemos asumido el farmacológico desde la pública. ¿A qué estamos esperando para el instrumental?», se pregunta María. Otra de las soluciones que plantea la comadrona es reducir al máximo los intermediarios. «Tendríamos que poder resolver la demanda en el primer lugar donde vas y garantizar una atención personalizada y humana», exige.

Pese a las peticiones de la comadrona y la activista, Escuriet (ICS) insiste que la derivación es «simple». Además, advierte que «muy probablemente la colaboración con los centros privados sea necesaria porque se tiene que garantizar tener una solución para las mujeres». Aquí es cuando vuelve a entrar en juego la objeción de conciencia, porque cuando la mujer reclama una interrupción en una demarcación donde todos los profesionales son objetores de conciencia de los abortos quirúrgicos sin causa médica, como es el caso de Lleida, la mujer se tiene que desplazar obligatoriamente en Barcelona, Tarragona o Girona. Para Salut, la solución de momento es mantener los convenios con las clínicas privadas para asegurarse de que ninguna mujer se quede sin acceso al aborto.

Además, Escuriet asegura que «los ginecólogos ya tienen esta formación» para practicar interrupciones, y añade que la mayoría de abortos médicos que necesitan una técnica instrumental se realizan en hospitales públicos. «Los ginecólogos [del sistema público] lo hacen dentro de su práctica diaria», apunta. Así pues, para el cargo de Salut el problema principal no sería la formación, sino la sensibilización de los profesionales para que entiendan que tendrían que practicar abortos de todo tipo. Explica que, poco a poco, hay algunos ginecólogos que reciben casos de los ASSIR y practican los abortos en hospitales públicos.

Glosario básico del aborto

Aborto médico: interrupción del embarazo que se practica cuando hay riesgo grave por la vida o salud de la mujer, de anomalías graves en el feto o enfermedad muy grave e incurable del feto.

Aborto farmacológico: interrupción del embarazocon dos fármacos: mifepristona (vía oral) y misoprostol (vía bucal). Se puede practicar hasta la semana nueve del embarazo.

Aborto instrumental o quirúrgico: interrupción del embarazo a través de técnicas quirúrgicas -normalmente dilatación y aspiración del útero- por la vía vaginal. Se puede practicar en cualquier momento del embarazo.

El aborto aún está en el código penal

El aborto es legal y gratuito, pero todavía no está plenamente despenalizado. Según el artículo 145 de la ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, una mujer que practique un aborto fuera de los casos permitidos por la ley —como podría ser una menor de 16 o 17 años que no tenga la autorización paterna para solicitarlo— será penalizada con una multa de entre 6.000 a 24.000 euros. El ginecólogo que practique la interrupción puede enfrentarse apenas de prisión de entre uno y tres años.