Desde hace días hay un dato que vuelve una y otra vez a mi cabeza: el policía Matías Ezequiel Martínez tenía 18 denuncias antes de asesinar a Úrsula Bahillo. 18 veces fueron mujeres a denunciarlo. 18 denuncias que estaban desparramadas por distintos lugares, que seguramente fueron subestimadas, de las que se rieron o la que “resolvieron” con alguna frase machista de las que estamos hartas de escuchar.

En 2020, en Argentina, según datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que si nos ven” tuvimos más de 298 femicidios y el 20% de esas mujeres había realizado denuncias previas. Esto se da en un contexto en que el 13% de las víctimas estuvieron desaparecidas previamente y, como sucedió en distintos casos, no se le tomó la denuncia a la familia e incluso se las culpó.

La realidad nos muestra que debemos pensar nuevas institucionalidades, porque está más que claro que las existentes no funcionan, no dan respuestas eficaces; Funcionan de manera fragmentada, con falta de soluciones inmediatas, que nos deja a las mujeres en una absoluta soledad y peligro. Así no se puede seguir.

Todas conocemos “la ruta crítica de la denuncia” que debemos recorrer en busca de ayuda. Los obstáculos burocráticos que transitamos bajo el sistema de protección actual, nos envuelve en la iatrogénica necesidad de realizar largos recorridos por distintas oficinas de justicia y entidades administrativas en busca de medidas de protección, teniendo que repetir en las mismas muchas veces el mismo relato doloroso, gastando además, recursos de los cuales no disponemos, y poniéndonos en un lugar de absoluta exposición y des-instrumentación, solo para obtener respuestas paliativas que no resuelven la situación de fondo. Este dato constituye una preocupación ya que en muchos casos puede desalentar acciones y decisiones que tienen que tomar las mujeres, así como también potencian nuestra revictimización.

El incremento de femicidios, no solo nos causa angustia e indignación, en cada Úrsula, vemos la cara de nuestras compañeras, de nuestras hermanas y la posibilidad que también sea la nuestra.

El horror nos impacta, pero no nos congela.

Queda claro que nuestras instituciones están ancladas en un poder machista y patriarcal, y piensan desde esa lógica. No hay forma sino de explicar que, a pesar de tantos avances legislativos, generación de dispositivos y demás, no se pueda estar salvando la vida de las mujeres ni dando respuestas a las que están sometidas al terror.

El Estado es patriarcal, y queda en evidencia cuando por ejemplo en Santa Fe se sigue discutiendo la implementación de la ESI, negando las herramientas para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan prevenir situaciones de abusos y violencias, aprender el respeto a la diversidad, a pensar nuevas formas de vinculaciones amorosas y no abusivas. Y la justicia por su lado es patriarcal y anacrónica, sin perspectiva de género, y desde ese lugar es que deja de ser justicia para las mujeres. La institución policial se evidencia llena de estereotipos machistas, que reproducen violencia institucional contra nosotras.

La complejidad de la temática requiere de un enfoque integral, interdisciplinario, de protección de derechos y perspectiva de género que se complementan con las normativas provinciales, nacionales e internacionales que brindan marcos conceptuales y legales para la adecuada actuación. ¿Todo esto está claro y lo repetimos una y mil veces, pero hasta cuándo?

Las mujeres no debemos y no podemos ser las garantes de nuestra seguridad, el Estado debe asumir la responsabilidad de protegernos, y arbitrar los recursos necesarios para penar a quienes incumplen por distintos motivos esta función.

Hoy entendemos que más allá de todos los avances sociales en materia de erradicación de violencias, se hace necesario que los Estados desde sus distintos planos de responsabilidades asuman un compromiso de coordinación de acciones que habiliten el eficiente acceso de las mujeres a la justicia y determinen planes en conjunto para evitar la re victimización, generando propuestas y respuestas ajustadas a los tiempos y necesidades de nosotras.

Desde la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe presentamos hace algunos meses el proyecto “Espacio Multipuertas”. Se trata de la creación de un lugar físico que concentre todos los servicios y oficinas de trámites necesarios para la atención a la mujer en situación de violencia de género. Todos los espacios de asistencia, atención, ayuda y acompañamiento integral de forma interdisciplinaria y especializada con perspectiva de género, en un solo lugar, donde también se garantice el acceso al patrocinio legal gratuito y también la atención médica sanitaria, mediante constatación de lesiones y la evaluación de indicadores de riesgo, que permita la obtención de datos objetivos tendientes a facilitar la labor judicial.

Dicho espacio busca garantizar la centralidad de las intervenciones, como parte de un plan de acciones públicas tendientes a la protección integral de la mujer víctima de actos de violencia, en sus dos aspectos esenciales: prevención y erradicación, en el que convergerán los actos de las distintas dependencias del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, a fin de dar una solución articulada e integral que pueda así evitar la falta de respuesta oportuna y la revictimización antes mencionada.

Es imprescindible, en este contexto, que desde el Estado se pueda comprender que las mujeres somos las que mejor sabemos lo que necesitamos, y si no se arbitran los mecanismos necesarios para generar respuestas en función de nuestras necesidades, la complicidad del Estado y sus instituciones en relación a la violencia de género seguirá perpetuándose.

Al momento de terminar de escribir esta nota solo me quedan dos cosas: rogar que no haya más víctimas de femicidios y volver a preguntar ¿Cuántas puertas más tenemos que golpear?

¡Que sea sólo una! Y nos dé respuestas para no morir.

Gisel Mahmud, Diputada provincial por el Partido Socialista.