Recientemente se aprobó en la cámara de diputados el Código Penal con criminalización total del aborto excluyendo las posibles eximentes vinculadas a las tres causales, incesto-violaciones, riesgo de muerte de la mujer-adolescente embarazada o malformaciones incompatibles con la vida.

Luego de 20 años de lucha del movimiento de mujeres y feministas por la inclusión de las tres causales como excepciones en el Código Penal y la ausencia de condenas a las mujeres-adolescentes en casos de abortos por estos tres motivos, mayoría de diputados y diputadas dio la espalda a esta realidad social que afecta cotidianamente a esta población.

Se supone que las personas elegidas como diputadas deben escuchar las demandas de la población y reconocer el peso que tiene la población joven en los reclamos de respeto a sus derechos. 

Establecer un canal de interacción y consulta en pueblos, barrios y comunidades para indagar las posibles consecuencias que tiene una decisión como esta en quienes ellos/ellas representan.

La lucha por el respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos y por la garantía de salud integral a niñas, adolescentes y mujeres ha crecido grandemente en el país, lo que se evidencia con la instalación del campamento frente al Palacio Nacional por más de un mes y frente al Congreso Nacional por unos días.

Este movimiento sufrió la represión policial y las amenazas a la integridad física de sus integrantes con el envío de bizcochos envenenados que intoxicaron unas 12 personas. Sin embargo, estas amenazas, sistemas abusivos y represivos no detuvieron el movimiento, por el contrario, se integraron múltiples organizaciones de la sociedad civil y comunitarias que se articularon alrededor de la misma.

¿Qué pasará?
El aborto no dejará de existir, las clínicas clandestinas existentes en barrios marginados y pueblos de todo el país seguirán funcionando y quizás aumenten sus tarifas de cobro empujando a la adolescente y mujer a prácticas informales que la sometan a mayor riesgo como el uso de perchas, tirarse de escaleras, que se le suba encima una amiga o tirarse al mar. Igualmente, la ingestión de sustancias tóxicas que le provoquen el aborto. Si la descubren en estas prácticas, irán a la cárcel.

Si van a los hospitales no las atenderán y las pueden acusar de abortos inducidos, su sangrado puede provocarle la muerte y ser un número más en la alta tasa de mortalidad materna del país como hasta ahora. Se incrementan así las diferencias sociales, la desprotección de la población femenina pobre del país desde el sistema de salud, cayendo sobre ellas la condena de ser víctimas de violación y no en sus agresores.