Germán Reyes 

Barahona.- Decenas de organizaciones campesinas, de mujeres, jóvenes y cívicas celebraron el Día del Agricultor con una marcha en la que solicitaron al presidente Luis Abinader contribuir con soluciones a los problemas que aquejan a los residentes en la región Enriquillo.

El llamado al jefe del Estado fue formulado a propósito de que el próximo día 23 encabezará una reunión del Consejo de Gobierno en la ciudad de Santa Cruz de Barahona.

El agrónomo Manuel Pérez, quien leyó el manifiesto al final de la caminata que partió de la avenida Luperón esquina Duarte hasta el antiguo local de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), urgió exigió al Presidente garantizar de la paz social en la demarcación.

“Hoy, en el Día del agricultor y la agricultora hemos marchado porque nuestros medios de vida, nuestros ríos, nuestras tierras y nuestras posibilidades de desarrollo sostenible están seriamente amenazados y nos movilizamos para proponer una alternativa de bienestar integral para nuestras familias y comunidades”, destacó el productor.

Pérez, conocido como Manuel Lemba, demandó la anulación de las concesiones mineras y el cese la explotación exportación a granel de piedra caliza y todo material mineral o industrial granulado, arena o polvo, por el puerto de la ciudad de Barahona y que éste sea declarado “de interés  turístico”.

También, la terminación de la presa de Monte Grande y todas las obras colaterales contempladas en el proyecto y la rendición de un informe técnico de las inversiones realizadas en los 11 años de construcción.

El vocero de las organizaciones demandó que el presidente Abinader ofrezca las garantías de que por parte del Estado, las tierras que se regarán con la presa se dedicarán a la agropecuaria “en beneficio de los jóvenes, mujeres y agricultores de la región y no al fomento del latifundio cañero que promueve la familia Campollo, con el apoyo del CEA y el IAD”.

El CAC y el campamento

Los manifestantes también reclamaron la solución al problema de las tierras que administra el Consorcio Azucarero Central y las de los agricultores de la región. “Exigimos limitar el latifundio cañero a las tierras sembradas y nada más, detener la práctica abusiva e ilegal de dedicar las tierras de la reforma agraria al latifundio cañero”, dijo Pérez.

El vocero de las organizaciones cívicas dijo que los agricultores y agricultoras que en condiciones humanitarias dramáticas a sol y sereno defienden sus tierras en el “campamento libertad” de El Polvorín, El Aguacatico, Tamayo, desde el lunes 19 de abril, “merecen el reconocimiento del Estado y una solución inmediata”.

Reclamaron que se acuda en auxilio de la agricultura, la seguridad y soberanía alimentaria de la población. “No más acoso, no más robo de nuestras tierras, agua y biodiversidad, no más destrucción de cultivos, no más agresiones”.

Una inversión extranjera falsa

“La del Consorcio Azucarero Central es una inversión extranjera falsa”, indicó Pérez en medio de aplausos de quienes participaron en la marcha y entonces se concentraron en las proximidades del Malecón.

En opinión de los grupos cívicos, “todo lo que supuestamente han invertido, ha salido de la venta en 20 años de 997,262 toneladas métricas de azúcar y 71.5 millones de galones de melaza, durando más 10 años sin pagar la cuota de arrendamiento”.

Emplazaron al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a desmentir estas informaciones y publicar los estados financieros del Consorcio Azucarero Central.

Razonaron que el CEA es titular de un patrimonio público “cuya verdadera dueña es la población de la Región Enriquillo”, por lo que “en vez de enviarles guardias y papeles de intimación a nuestros agricultores, lo que debe explicar el CEA por qué el Consorcio recibió en el año 2000 en arrendamiento 242,881.03 tareas de tierras cañeras y 5,634,01 tareas de tierras de potreros y ahora alega que solo detenta 141,197 tareas tierras nacionales”.

Se preguntaron qué se han hecho las otras tierras. “No estamos inventando: estas informaciones son datos del contrato de arrendamiento y enmiendas firmadas por el CEA y el Consorcio”.

Exigieron limitar el latifundio cañero a las tierras sembradas y nada más, así como detener la práctica “abusiva e ilegal” de dedicar las tierras de la reforma agraria al latifundio cañero.

Alianza público-privada

«Ni el Estado, ni el Gobierno, ni ningún otro organismo pueden obligar a la región Enriquillo a establecer alianzas público-privadas con  empresas que violan nuestras leyes, los derechos al trabajo digno, al agua, a la tierra, a la salud y a un ambiente sano de nuestras comunidades», sentenciaron.

Reclamaron que el Gobierno acuda en auxilio de la agricultura, la seguridad y soberanía alimentaria de esa población.

“No más robo de nuestras tierras, agua y biodiversidad. No más destrucción de cultivos. No más agresiones”, expresaron en el manifiesto.

«Ya basta de soluciones enlatadas a favor de agendas foráneas que desconocen nuestras realidades».

Manuel Pérez

Demandaron que el Estado, sus instituciones, el gobierno y todos los actores que inciden en la demarcación territorial, tomen posición clara respecto a la propuesta de dichas organizaciones campesinas y sociales de generar más 12 mil empleos sostenibles coopetivizando el ingenio Barahona.