El movimiento Red Socioambiental Nacional expuso razones por las que no firmará el Pacto por el Agua que propone el Gobierno. A continuación, compartimos el comunicado de al entidad:

En noviembre del año 2021, el actual gobierno creó un organismo, el Gabinete del Agua, encargado de convocar a las fuerzas políticas, a algunas organizaciones sociales y a representantes de la red empresarial, universidades y medios de comunicación, para constituir una Mesa Temática del Agua, mejor conocida como la Mesa del Agua, con el objetivo de lograr acuerdos orientados a una adecuada planificación y gestión racional del agua.

Para ello y durante casi tres años, el Gabinete del Agua convocó a la Mesa del Agua, para realizar diversas actividades: reuniones, visitas a las cuencas hídricas y la construcción conjunta de un documento de consenso, llamado “Compromisos por el Agua” o “Pacto Nacional por el Agua”, más conocido como Pacto por el Agua.

Varias de las organizaciones sociales y ambientales que conformamos la Red Socioambiental Nacional participamos activamente en este proceso de diálogo y aunque considerábamos que “un pacto social” no podía forjarse sólo entre algunas organizaciones de la sociedad, mutilando el derecho de participación de los demás sectores y entidades organizadas, vimos con buenos ojos este proceso de discusión y concertación, por lo que lo apoyamos decididamente, con nuestra presencia, tiempo, análisis, ideas, generación de documentos y realización de debate, convencidos de que de esta manera contribuiríamos a preservar tan importante bien común como es nuestra Agua, recurso estratégico constitutivo de nuestro Patrimonio Nacional.

Llegamos a creer que, por fin juntos, sociedad y Estado, podríamos garantizar el Derecho Humano del acceso al agua y su gestión pública, y así vencer las amenazas de privatización del agua que habíamos soportado por más de 20 años (durante los que, varios legisladores presentaron anteproyectos de ley que, ineludiblemente, pretendían privatizar el agua del país, y en los que además, sufrimos la injerencia de organismos financieros internacionales, incitando a los sucesivos gobiernos a facilitar préstamos, siempre que tendieran a realizar políticas de privatización del agua). Esta vez llegamos a creer que podríamos crear algo nuevo, grande y justo, apegado al mandato reflejado en nuestra Constitución.

Sin embargo, la actuación constante de este gobierno ha dejado clara la intención privatizadora del Presidente Luis Abinader para quien, la Mesa del Agua no ha sido más que el montaje de una supuesta democracia participativa.

Aunque el documento consensuado para el Pacto por el Agua refleja buena parte de nuestras mejores intenciones, en el fondo es un simple papel mojado, incapaz de marcar o incidir mínimamente en la política pública hídrica que ya está pautada.

El Pacto del Agua sólo busca utilizar a los sectores firmantes para validar una estrategia que, una vez más irremediablemente, se encamina decididamente hacia la privatización de todo el dominio público hídrico.

¿Por qué afirmamos esto? Nuestros motivos para rechazar la firma del Pacto del Agua son contundentes y verificables y abarcan toda una serie de trapisondas que desde el sector gubernamental se han venido urdiendo en los tres últimos años:

1.- Falta de Transparencia en la Inversión requerida: desde el Gabinete del Agua, se nos presentaron datos de una inversión supuestamente necesaria de 8,500 millones de dólares en 15 años, pero nunca se presentó el correspondiente Estudio Técnico-Económico, a pesar de haber sido solicitado, ni otros estudios adicionales de entidades científicas reconocidas que pudieran avalar los datos de inversión precisa.

2.- Ambigüedades gubernamentales con Tendencia a la Privatización: desde junio del 2020 y desde el gobierno anterior, se han realizado sucesivos aprestos gubernativos para que se apruebe una Ley de Aguas.

En todas las propuestas ha figurado la privatización del recurso hídrico con distintas palabras como: concesión, derecho real administrativo sobre el agua, la inversión mediante las Alianzas Público-Privadas y otros calificativos encaminados a la privatización de este bien público propiedad de todos los dominicanos cuya gestión debe permanecer en manos del Estado para garantizar un acceso equitativo para todos.

3.- Aprobación de Leyes Inconstitucionales: se han aprobado, a toda velocidad, leyes inconstitucionales, como la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22) y la Ley sobre Fideicomiso Público (Ley 28-23) que preparan el escenario para una privatización del agua y de otros bienes públicos.

Estas leyes vulneran el derecho de acceso al agua como un bien esencial para la vida y el bienestar de la población, contradiciendo los principios democráticos.

4. – Validación sin discusión: desde el Gabinete del Agua, se pretende validar un Pacto por el Agua que la mayoría de las instituciones sociales y ambientales desconoce y que no ha sido discutido por parte de los integrantes del Consejo Económico y Social.

5.- Desprecio a la Mesa del Agua: el gobierno ha irrespetado y desestimado la importancia de la Mesa del Agua y, de espaldas a ella: – ha continuado con su política antinacional de concesionar las cuencas altas de nuestros ríos al capital minero internacional, y según expresa nuestra Constitución en su Art. 15. Párrafo: «Las cuencas altas de los ríos y las zonas de diversidad endémica, nativa y migratoria son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión como bienes fundamentales de la Nación»- ha firmado un Convenio ilegal e inconstitucional con la empresa israelí Mekorot, para la elaboración de un Plan Maestro de Gestión del Agua, sin consulta pública, ninguneando la calidad y profesionalidad de los técnicos locales e ignorando las competencias del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) respecto a la administración, gestión y regulación del patrimonio hídrico nacional.

El contenido de este Convenio viola y lesiona el interés y la normativa nacionales e internacional en materia de compras y contrataciones públicas, transparencia y combate a la corrupción. En varios aspectos clave, no se ha cumplido con la correspondiente licitación pública, se ha realizado en un idioma prevalente y una jurisdicción, para el caso de arbitraje, que no son los de República Dominicana, lo cual no se corresponde con nuestro marco constitucional y legal.

En su día solicitamos el documento de este Convenio al Gabinete del Agua, quedó en conseguírnoslo, pero nos dio “la callada por respuesta”.

Ante los hechos citados, ¿para qué firmar un Pacto por el Agua? Frente a estos hechos y ante la alarmante carencia de un compromiso firme, por parte del gobierno, hacia una gestión justa y sustentable del preciado recurso del agua y del dominio público hídrico, la Red Socioambiental Nacional invita, con urgencia, a todas las organizaciones ambientales y sociales, especialmente a las participantes en la Mesa del Agua, a unirse en un sólido frente común para rechazar con determinación la firma del Pacto del Agua bajo la administración actual que ha continuado la política entreguista heredada de sus predecesores.

No queremos ser los cómplices de contribuir a que el agua pase a ser administrada por el sector privado o a ser considerada un bien económico. El agua es, al mismo tiempo, DERECHO HUMANO, PATRIMONIO NACIONAL ESTRATÉGICO, ELEMENTO NATURAL FUNDAMENTAL, BIEN COMÚN, FINITO, VULNERABLE E INSUSTITUIBLE El agua no es, ni ha de ser nunca, una mercancía susceptible de ser gestionada por manos privadas.