La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana alertó al país sobre la introducción del reciente proyecto de Ley de Agua enviado por el presidente Luis Abinader, el pasado 28 de febrero del 2023 al Congreso. Indican que con esta acción inicia la última etapa del plan concebido por los “buitres económicos” para la privatización del agua.

“Hace más de 20 años se ha propuesto la urgente necesidad de una ley de Agua que permita que este recurso llegue de manera justa a la población y que sea servida en cantidad, calidad, y a buen precio a todos los sectores nacionales, sin discriminación”, expresa la entidad en un comunicado.

La Red señala que a pesar de que “el marco jurídico establece la protección del recurso agua, los interesados en privatizarlo han introducido, en los últimos tres años, cinco propuestas de ley que incluyeron todo un capítulo dedicado a la concesión del recurso lo cual pone en entredicho lo estipulado en el marco legal y la Constitucional dominicana”.

En ese mismo sentido, recordaron que en la Constitución del 26 de enero de ese año 2010, en su artículo 15 precisa que “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida».

También la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone que “todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derecho adquirido sobre ellas”.

Mientras, la ONU, el 28 de julio del 2010, estableció el Derecho Humano al Agua como garantía de otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la producción y la dignidad, entre otros.

Sobre el proyecto de Ley de Agua, la Red Socioambiental La Red Socioambiental advierte que el capítulo III de la actual propuesta de Ley está dedicado a la concesión del recurso y llega tan lejos que, en el artículo 76, que trata sobre el cambio del agua en situaciones de emergencia, dice “en época de sequía o por causa de fuerza mayor, para mantener el servicio de abastecimiento a las poblaciones, la ANA (Autoridad Nacional del Agua, -organismo de posible creación con la Ley de Agua-) podrá utilizar por tiempo necesario, las aguas otorgadas a otros concesionarios, procurándose una justa compensación a ser pagada por los beneficiarios de este cambio”.

«¡Eso significa que el Estado deberá pagarle al concesionario por el uso del agua concesionada: ¡Una aberración!», sentencia la organización.

“Además, prevé 40 años de enajenación del bien y 20 años más si el inversionista está obteniendo buenas ganancias. Esto es indignante y viola el derecho a nuestra dignidad como pueblo», agregó la Red.

Los miembros de la entidad aclararon que el agua es un bien estratégico que no requiere de tecnología sofisticada para su manejo, como sería el petróleo y hasta el oro.

Indicaron que “en este país requerimos una Ley que garantice el derecho humano al agua, que se regule su uso, que se pague lo debido por el manejo administrativo y de suministro de un bien tan importante para nuestras vidas”.

El documento distribuido en la Rueda de prensa está firmado por la Red Socioambiental Nacional, un conglomerado de más de cien organizaciones se apoyan con determinación este posicionamiento, entre las que se encuentran:

Articulación Nacional Campesina (ANC)
Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua (ANDHA)
Ciudad Alternativa
Coalición Enriquillo
Coalición Ambiental del Noroeste (COANOR)
Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientales del Cibao
Comisión Ambiental de la Esperanza por el Ozama (CAMBIESO)
Coordinadora Popular Nacional
Foro USA-RD
La Gente del Ozama
Red Urbano Popular
Samanenses Empoderados
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Voces del Camú