La Academia de Ciencias, la Coalición por la defensa de las Áreas Protegidas, el Comité de Afectados de la Presa de Boca de dos Ríos y técnicos del Ministerio de Medio ambiente rechazan el amañado llamado Plan de Uso público del Plan de Manejo del monumento Natural Cabo Samaná.

Ante la convocatoria hecha por el Viceministerio de Áreas Protegidas para conocer el Programa de Uso Público del Plan de Manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, la Coalición para la defensa de lás Áreas Protegidas expresa su preocupación, debido a la forma y el propósito que se oculta detrás de esta convocatoria.

En medio de una de las situaciones más deprimentes y catastróficas en la que subsiste todo el Sistema de Áreas Protegidas, el cual se encuentra en uno de los momentos más críticos de su existencia, que la autoridad rectora del sistema se enfoque en temas relativos a la posible enajenación de áreas de alto interés ecosistémico, turístico y económico, en lugar de fomentar en primer lugar el fortalecimiento institucional, la supervisión, vigilancia y gestión del más importante patrimonio natural de la nación, es un verdadero desafío a la coherencia.

Si el alegato para ello es que se necesita dinero para la gestión del área, nos permitimos recordar que en los más dos años de la gestión de gobierno, no se ha ejecutado ni siquiera el 50% de lo presupuestado para inversión en Áreas Protegidas, o sea, el problema no ha sido falta de dinero, sino falta de capacidad de gestión.

Es un secreto a voces el descalabro que hoy se vive en la mayoría de los espacios protegidos, la ausencia de control por la falta de personal, logística y equipamiento, las continuas agresiones, invasiones y explotación que sufren muchas áreas ante la mirada indiferente de las principales autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.

En ese contexto resulta un contrasentido que el Viceministerio de Áreas Protegidas continúe enfocando sus esfuerzos principalmente en facilitar la instalación de negocios privados, facilitar concesiones y literalmente poner el usufructo de algunas áreas protegidas en manos de terceros sin que primero se tenga la certeza del efectivo resguardo de estás unidades.

Entendemos que de validarse alguna concesión hotelera, disfrazado bajo cualquier nombre «elegante» en Cabo Samaná, estaríamos sentando un precedente ilegal, peligroso y lesivo contra el interés nacional, que ya ha encontrado respuesta en jurisprudencias emitidas en casos anteriores y que esta Coalición estará recorriendo el camino institucional y legal que permite el marco jurídico con el fin de impedir este despropósito.

Sólo que está vez, someteremos por ante la justicia a cualquier funcionario que en el ejercicio de sus funciones se preste a inobservancia, contubernios, colusión y cualquier otro tipo penal por acción u omisión en perjuicio del patrimonio del pueblo dominicano.

Aspiramos a que el Ministro Miguel Ceara Hatton y el Presidente Luis Abinader comprendan la gravedad de estos temas y actúen en consecuencia, preservando la integridad y fortaleciendo la gestión de las Áreas Protegidas.