Las organizaciones del Movimiento Ambiental y el Movimiento Social, reunidos el 3 de julio del 2022 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), acordaron un programa de trabajo común para garantizar el conocimiento, aprovechamiento sostenible, la protección integral y el carácter patrimonial de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios ambientales que estos generan.

Las acciones priorizadas por las entidades incluyen:

1.- Impulsar actividades en defensa de las áreas protegidas y la biodiversidad que incluyen:

1. Incoar acciones judiciales para revertir permisos y autorizaciones, sancionar violaciones y demandar la restauración de daños.
2. Generar material informativo, visitas, actividades educativas para promover la importancia de las AP, la función social de los servicios ambientales que garantizan y conocer las amenazas en curso y potenciales.
3. Desarrollar actividades de sensibilización social sobre las AP, incluyendo visitas guiadas, jornadas en torno a su restauración y creación de soportes comunitarios para su protección y defensa.
4. Promover la intervención social y comunitaria en actividades de defensa de ecosistemas frágiles amenazados o en proceso de intervención.
5. Desarrollar una estrategia común para el uso de los medios de comunicación, las redes sociales e instrumentos y medios de difusión propia (Esta es prioridad de prioridades).

2.- Desarrollar procesos ascendentes de sensibilización y movilización social en defensa de los derechos ambientales y humanos afectados por actividades en curso o proyectadas ambiental o socialmente impertinentes:

1. Explotación minera en Bahoruco Oriental, extracción de agregados de ríos, concesiones y permisos de extracción en zonas frágiles, aserraderos, ganadería extensiva.
2. La expansión de Barrick Gold, la construcción de su presa de cola y la intención de FALCONDO de explotar Loma Miranda.
3. Las concesiones mineras en San Juan y la Región del Valle, en Restauración y otras zonas productoras de agua.
4. Los proyectos de presa de Boca de los Ríos y Las Placetas, en este último implementar acciones judiciales para revertir decretos y decisiones administrativas que lesionan a las comunidades.
5. Las iniciativas legales tendentes a privatizar recursos, crear privilegios y/o negar derechos ambientales como la Ley de Aguas, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Alianzas Público-Privada, fideicomisos, entre otras.
6. Las demandas sociales y ambientales insatisfechas en cada territorio. Identificar, jerarquizar y priorizar situaciones y tendencias que reclamen acciones conjuntas.
7. Las iniciativas judiciales en curso y las que pueden y deben ser incluidas en el corto y mediano plazo.
8. Las agresiones contra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

3.- Crear mecanismos e instrumentos para la coordinación y potenciación de las actividades, garantizar los flujos de información, apoyos logísticos y evaluación continua de los procesos, sus resultados y tendencia.

1. Un equipo coordinador que garantice el contacto y la interacción permanente entre los movimientos sociales y las organizaciones ambientales en los territorios y a nivel nacional.
2. Un Observatorio Ambiental a través de Redes de Monitores Comunitarios, con apoyo técnico y acompañamiento de entidades técnicas y científicas.
3. Un medio de difusión digital común que permita difundir informaciones, documentos y análisis, que pueda operar como fuente alternativa a los medios de desinformación.
4. Un programa radial, televisivo o en las redes (o una combinación de todos) que permita llegar a la mayor cantidad posible de personas en todo el país.
5. Un programa de actividades de formación cruzada para los activistas sociales y ambientales.
6. Una agenda de encuentros territoriales presenciales y virtuales para integrar a la mayor cantidad posible de sujetos institucionales e individuales y para dar forma continua a los Planes de Acción por territorio.
7. Un equipo de logística que permita identificar recursos accesibles y potencializar los existentes en las distintas organizaciones y entidades de los movimientos ambiental y social, incluyendo recursos humanos, de comunicación, transporte y desplazamiento, editorial y difusión y cualquier otro potencialmente utilizable.
8. Un equipo técnico-jurídico de intervención rápida que pueda reaccionar con rapidez y pertinencia ante situaciones nuevas o coyunturas que requieran respuestas inmediatas.
9. Un espacio común, permanente y a disposición general para intercambiar ideas, propuestas y mensajes en tiempo real.