La mejor forma de hacer frente a las olas de calor y evitar sus graves consecuencias es proteger y conservar el mayor climatizador que existe en el planeta. La naturaleza: los bosques, los océanos, los hielos. Si seguimos descuidando su mantenimiento y menospreciando todos los servicios que nos presta, el clima seguirá recalentándose y sus impactos serán cada vez más graves para la economía, la seguridad y la salud de todos.

Lo que se ha decidido en el Parlamento Europeo con la votación de la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza es ni más ni menos que nuestro futuro. Porque el propósito de esta norma es proteger lo que nos protege, es decir, los espacios naturales europeos y la rica biodiversidad que acogen. Los humedales y los ríos, las costas y los mares. Los bosques, las praderas, las cumbres, los campos, las estepas, los glaciares y, por supuesto, también las zonas verdes de nuestras ciudades.

Y con estos espacios, todas las especies silvestres que los habitan y que nos prestan servicios ecosistémicos tan imprescindibles como la depuración del aire, la polinización, la absorción de carbono o el acceso al agua potable y al resto de recursos naturales de los que dependemos. Por todo ello, antes que como una normativa medioambiental, la ley de restauración de la naturaleza debe ser entendida como una ley de seguridad alimentaria, de salud pública y de bienestar. Una ley de desarrollo económico y social, y uno de los mayores legados que podemos dejar a las futuras generaciones.

El pleno de la Eurocámara ha rechazado el veto del Partido Popular Europeo a esta norma, un texto que ha contado con el respaldo de socialistas, liberales, verdes, izquierda y de algunos eurodiputados populares que apoyaban el texto a pesar del rechazo frontal que ha manifestado el grupo en los últimos meses. Tras esta votación inicial, que suponía el primer escollo para el texto y que ha cosechado una gran ovación entre los partidarios de la legislación, los eurodiputados deberán votar las centenares de enmiendas que perfilarán el texto final.

Una exigencia de la sociedad

A propuesta de la Comisión Europea (CE), con el respaldo de un millón de firmas de ciudadanos europeos, más de 3.000 científicos y un centenar de las principales empresas del continente (excepto las agrícolas), la legislación que se ha debatido en la Eurocámara propone restaurar y preservar el 80% de los hábitats silvestres, actualmente amenazados y en mal estado de conservación, para que, además de recuperar su biodiversidad, nos puedan seguir prestando servicio.

El objetivo principal es que las ayudas para la restauración de los ecosistemas naturales dañados lleguen al menos al 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE antes de 2030, para seguir extendiéndose a todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos, en 2050. También limitará el uso de plaguicidas, hasta reducirlo a la mitad en 2030. Para todo ello, los estados miembros deberán asumir una serie de nuevos objetivos, jurídicamente vinculantes, que complementarán y ampliarán la legislación al respecto.

Pero, tal y como destaca la iniciativa legislativa de la CE, restaurar no significa prohibir. “Restauración de la naturaleza no equivale a protección de la naturaleza y no implica automáticamente la creación de más zonas protegidas”, dice la nota del poder ejecutivo, subrayando a continuación que, aunque muchas de las restauraciones se llevarán a cabo en espacios protegidos, las zonas que se restauren fuera de ellos no pasarán a estar protegidas.

Este importante aspecto, con el que la CE deja muy claro que el propósito de la ley de restauración de la naturaleza no es aumentar la superficie protegida de la UE, ni mucho menos limitar la actividad económica ni el uso del territorio, es uno de los falsos argumentos a los que se acogen las formaciones de extrema derecha y también el Partido Popular Europeo (PPE), quienes junto al poderoso (aunque cada vez menos) grupo de interés del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), llevan interponiendo obstáculos a la normativa desde el primer momento, al considerarla contraria a los intereses de los agricultores y un lastre para el desarrollo económico de las zonas rurales.

Usar y conservar

Por el contrario, la CE afirma que su iniciativa no excluye la actividad económica en el medio rural, sino todo lo contrario. Para ello, argumenta que la propuesta que subyace en el contenido de la ley es la de “vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades”.

Así, mientras la degradación de los suelos provoca pérdidas superiores a los 50.000 millones de euros al año, la inversión en restauración de la naturaleza generaría hasta cerca de cuarenta euros de beneficio por cada euro invertido, gracias a los servicios ecosistémicos que nos retornaría en diferentes ámbitos, como los de la seguridad alimentaria, la mitigación y adaptación al cambio climático o la mejora de la salud y el bienestar de todos.

Entre los objetivos que propone la ley destacan estos:

• Reversión de la disminución de los polinizadores de aquí a 2030 y aumento de sus poblaciones a partir de ese año.
• Mantenimiento de los espacios verdes urbanos hasta 2030 y aumento del 5% en 2050, garantizando una superficie de arbolado del 10% en todas las ciudades.
• Eliminación de las barreras fluviales (que no presas) para que al menos 25.000 km de ríos europeos pasen a ser de caudal libre en 2030.
• Restauración preferente de los hábitats marinos, como las praderas de posidonia y los fondos sedimentarios.
• Reducción a la mitad del uso de plaguicidas químicos de aquí a 2030 y su prohibición en lugares sensibles como zonas verdes urbanas, incluidos los parques o jardines públicos, parques infantiles, escuelas, áreas recreativas, caminos públicos y espacios naturales de especial interés para los polinizadores.

Para el vicepresidente ejecutivo de la CE y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, “así como los seres humanos dependemos de la naturaleza, para el aire que respiramos, para el agua que bebemos, para los alimentos que comemos, es decir, para vivir, nuestra economía también depende de la naturaleza, por lo que esta es también una ley para el impulso económico”, añadiendo que “al reducir el uso de plaguicidas también contribuimos a la recuperación de la naturaleza y protege a las personas que trabajan con esas sustancias químicas”.

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, redunda en la idea al destacar que “cada euro gastado en restauración de la naturaleza nos reportará al menos ocho de beneficio, por lo que esta propuesta no va solo de restaurar la biodiversidad y los ecosistemas para que podamos vivir y prosperar en harmonía con la naturaleza, sino para dotarnos de una economía sana”.