Los indígenas del pueblo Kukama en Puinahua habían advertido del impacto ambiental de las actividades de Petrotal, la mayor productora de petróleo del país. Y la gota que colmó el vaso fue la aprobación del reglamento de administración del Fondo de Desarrollo para el distrito de Puinahua.

Este fondo recauda un 2,5% de la producción fiscalizada en concepto de regalías destinadas al desarrollo de la población. En este reglamento, las comunidades denuncian que están siendo manipulados por la empresa y el Estado corriéndolos de la administración de dicho fondo.

Las protestas escalaron con la complicidad de la prensa hegemónica, con noticias de carácter racistas y represivas. La medida de fuerza llego a su punto más agudo este martes, con la retención de dos barcos de la empresa, pero los reclamos habían comenzado desde mayo.

Las autoridades organizadas en la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) denunciaban a Petrotal: “que se entienda que es una obligación de la empresa petrolera abonar el 2.5% de la producción fiscalizada, no es un aporte voluntario ni un regalo ni una limosna, es un derecho conquistado por los pueblos indígenas (…)  No aceptamos que la empresa petrolera PETROTAL y la empresa estatal PERUPETRO formen parte y controlen el fondo social. Los culpables de los impactos ambientales y sociales no pueden ni deben manejar fondos de desarrollo. Aceptar eso sería ser cómplices de la destrucción de la destrucción del medio ambiente y de la institucionalidad indígena por medio de los impactos sociales negativos”.

Petrotal tiene un antecedente de represión contra las comunidades indígenas de Loreto. En agosto del 2020 una protesta indígena fue sofocada a balazos y con palos.

Tres personas de la comunidad fueron asesinadas y la autopsia confirmó que habían recibido impactos de armas de fuego. En aquel momento, la comunidad Kukama pedía lo mínimo para vivir, mientras las empresas transnacionales recaudaban fortuna: el servicio de energía eléctrica las 24 horas, un hospital rural intercultural y la entrega de un fondo económico que proceda del 10% de la producción fiscalizada de petróleo, para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, agua y saneamiento.

La prensa hegemónica acompañó los reclamos de la petrolera exhibiendo la violencia de las comunidades, sin mencionar los reclamos.

En una entrevista televisiva, José Luis Medina, gerente de sostenibilidad de Petrotal declaró: “en estos momentos tenemos dos barcazas, una de ellas de bandera brasilera, con tripulación brasilera y la otra es peruana. Ambas retenidas contra su voluntad tipificando un tema de secuestro” (…) “Lo que más preocupa es que una de las barcazas tiene 40 mil barriles de crudo que puede ser muy riesgo y peligroso para el impacto ambiental de la zona”.

Todavía está fresco el petróleo derramado

El 15 de enero del 2022 se registró un derrame de petróleo en las costas del distrito de Ventanilla, en el norte de Lima, Perú. La contaminación provocada por este desastre produjo daños irreparables a la biodiversidad y áreas protegidas de la zona. Fueron 12 mil barriles de crudos vertidos sobre el mar por La Refinería La Pampilla, empresa de Repsol. Podemos imaginarnos que ocurriría si uno de estos barcos que operan diariamente por los ríos del Amazonas tendrían un derrame.

Imagen del mayor derrame medioambiental de la historia de Perú, provocado por Repsol. La empresa había anunciado beneficios récord en el año 2022 superando en un 70 % los del año anterior.

Amenaza de otra masacre

A través de un comunicado, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) emitió una alerta, tras conocerse una reunión con el fin de actuar en la zona. Temen que se esté tramando un operativo represivo que lleve a una «masacre» preparada por la empresa Petrotal, la Marina, la Polícia Nacional del Perú y la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) contra las comunidades nativas, que vienen acatando movilización y control territorial en la comunidad nativa 7 de junio (Loreto).

“Las comunidades estamos ejerciendo nuestro derecho a defendernos de las agresiones de un petrolera para seguir existiendo como pueblo originario, por eso acatamos el mandato de nuestras asambleas desarrollando control territorial en contra de la vulneración de nuestros derechos por parte de la empresa Petrotal y el Estado, que junto a sus aliados sometidos al poder de dinero pretenden, como el 8 de agosto del 2020, masacrar una vez más al pueblo cocama del Puinahua”, detalla la alerta.