En los últimos días, un asunto de gran trascendencia ha despertado preocupación y controversia en la República Dominicana. Se trata del sorprendente “palo asechao” que representa el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la empresa estatal israelí Mekorot para la gestión del agua en nuestro país.

Sin embargo, lo que con mucha fanfarria, aplausos y las sonrisas, debió vendernos la idea de que se trataba de una medida tendiente a “fortalecer nuestra capacidad de manejo hídrico”, se ha convertido, gracias a la Red Socioambiental Nacional, en una amenaza directa a nuestra soberanía y derechos fundamentales.

Haciendo uso de la ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la Red Socioambiental, una coalición de organizaciones y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente y la justicia social, logró conseguir una copia del contrato INAPA-Mekorot donde encontraron diversas violaciones que ponen en riesgo nuestra soberanía hídrica y la gestión responsable de uno de nuestros recursos naturales más valiosos.

En el pacto, la falta de transparencia es evidente. A pesar de que se trata de un tema de vital importancia para el país, el convenio fue firmado sin la debida divulgación de su contenido. La sociedad dominicana merece conocer los detalles de un acuerdo que afectará directamente nuestra vida cotidiana y el futuro de nuestra nación.

Otra cuestión alarmante es la experiencia y tecnología de Mekorot en el manejo del agua, que no se ajustan a las condiciones ecológicas y acuíferas de la República Dominicana. Israel es un país con una realidad geográfica y climática muy distinta a la nuestra, y las soluciones aplicadas en su territorio podrían no ser adecuadas para enfrentar los retos hídricos que enfrentamos en nuestro entorno tropical.

Pero quizás lo más preocupante son las acusaciones y denuncias contra Mekorot por su papel en la ocupación ilegal de territorios palestinos y la apropiación indebida de recursos hídricos en esa región. La empresa ha sido señalada por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por su complicidad en violaciones a los derechos fundamentales de la población palestina.

Además, la falta de consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones es un grave error que atenta contra la democracia y el derecho del pueblo a ser escuchado en asuntos de relevancia nacional. La gestión del agua es un tema que nos afecta a todos, y debemos tener voz en el proceso de definición de políticas y estrategias para su manejo responsable.

Es imperativo que las autoridades competentes revisen a fondo este pacto y tomen en cuenta las denuncias y preocupaciones expresadas por la sociedad civil. Debemos priorizar la protección de nuestra soberanía hídrica y garantizar que el agua sea manejada por dominicanos, para dominicanos.

Es momento de detener esta alianza cuestionable y buscar soluciones internas que se ajusten a nuestras necesidades y realidades. Contamos con profesionales calificados y expertos en el manejo del agua que pueden desarrollar estrategias sostenibles y adaptadas a nuestro entorno.

El agua es un recurso vital, es el bien común de todos los dominicanos, y su gestión debe ser un asunto de interés nacional. No permitamos que intereses foráneos pongan en peligro nuestra soberanía hídrica y derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a la sociedad dominicana a mantenerse informada y unida en esta lucha por la protección de nuestro recurso más preciado. Exijamos a nuestras autoridades que escuchen nuestra voz y tomen las medidas necesarias para anular este pacto. Nuestro futuro y el de las generaciones venideras dependen de ello.

Es hora de defender nuestra soberanía hídrica y nuestros derechos fundamentales. No permitamos que el agua dominicana esté en manos de intereses ajenos. Unámonos en esta causa y trabajemos juntos por un manejo responsable y sustentable de nuestro recurso más valioso.
¡El agua es nuestro tesoro nacional, defendámosla!