Serias amenazas de depredaciones forestales se estarían orquestando en un área altamente sensible del Parque Nacional Luis Quinn, en San José de Ocoa, en terrenos propiedad del Estado, las que podrían afectar el embalse de la presa Jigüey y el resto de la cuenca del río Nizao.

Según se ha podido constatar en la zona de La Laguna, próximo al poblado Los Indios, grupos de particulares, “de alta importancia económica”, están abriendo trochas en medio de la vegetación hacia el corazón de esta zona boscosa en procura de abrir espacio para la futura construcción de una carretera que daría acceso a un mirador frente a la presa de Jigüey, donde se construiría un supuesto complejo de villas campestres o de alquiler a turistas.

También se levantan empalizadas tratando de delimitar las áreas donde serían construidos los proyectos, que de permitirse, explican grupos ecológicos y productores agrícolas del lugar, arrasarían con espesas capas vegetales que cubren estos suelos montañosos, así como con una tupida arboleda de pinos y otras especies endémicas que protegen estos suelos de las erosiones que causarían las lluvias si se pelan estas montañas.

El Parque Nacional Luis Quinn es un área protegida, enclavada en la región sur de país, de unos 197 kilómetros cuadrados de extensión, que transita las provincias San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal, y que acoge uno de los sistemas montañosos más importantes del país, donde nacen afluentes del río Nizao, que suple de agua acueductos de Baní, San Cristóbal y Santo Domingo, así como cuatro presas que sirven a sistemas hidroeléctricos que abastecen el sistema nacional de electricidad; Jigüey, Aguacate, Valdesia y Las Barías.

Estos enclaves montañosos de la Cordillera Central, donde se localiza el Parque Luis Quinn, son permanentemente agredidos por grupos humanos y de intereses económicos que generan fuegos forestales, amplias talas de árboles, erosiones y deslaves, que dañan suelos y acuíferos.

Ante esa realidad, recientemente las principales organizaciones comunitarias y profesionales de Ocoa emitieron un comunicado, del que se hizo eco LISTÍN DIARIO,  “en el que piden al presidente Luis Abinader que ordene detener esas agresiones” en una zona de tanta importancia para la producción de agua.

Grupos como la Fundación Ocoa de Pie, Ecologistas de El Maniel, Asociación Productores de Aguacates de Ocoa (ASOPRAMA), Fundación Antonio Castillo, Fundación Juventud y Naturaleza y la Regional Sur del Colegio Médico Dominicano, han denunciado “los graves daños al río Nizao y a la loma de La Cruz”, entre otras, por lo que han reclamado paralizar de inmediato “las acciones contra la sostenibilidad ambiental de Ocoa”.

Estos grupos ambientalistas, ecologistas y de productores, afirman que este tipo de acciones son las que ponen en peligro de extinción a importantes especies de flora y fauna silvestre “únicas de nuestra la Isla”.

Zona protegida

Los terrenos donde se levantan las actuales amenazas, justo frente a la presa Jigüey, inaugurada en 1992, durante uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, junto a la de Aguacate, son propiedad del Estado dominicano, adquiridos a través del Instituido de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para la construcción de ambas presas, según guardaparques de esta área protegida, consultados en el lugar de los hechos.

En declaraciones para LISTÍN DIARIO, aseguraron que en esta zona protegida mediante ley ambiental no está permitida ninguna acción que implique la construcción de carreteras, caminos, casas de veraneo, tampoco caza y pesca, villas ni ninguna infraestructura que altere el orden ecológico que sostiene este sistema montañoso.

Estas apreciaciones fueron ratificadas por Madelin Núñez, administradora del parque, quien aseguró que el Consejo de Coadministración de este parque nacional es sumamente celoso, por lo que no permitirán que se produzcan acciones dañinas en esta área protegida.

Dijo desconocer que exista algún tipo de permiso que permita acciones deplorables en el parque y aseguró que tanto ella como el Consejo que resguarda este sistema ecológico se opondrían resueltamente a permitir acciones que dañen este importante recurso natural del pueblo dominicano.