Hasta ahora, los destacados economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isa Contreras parecen no tener cola que pisarles y son conocidas su posiciones en favor de causas justas.

Sin embargo, crea mucha inquietud y hay que tener mucho cuidado con la posición que en favor de la privatización del agua y sus servicios han mantenido desde el MEPYD.

Ellos, como Ministro y Viceministro, fueron y son responsables del proyecto privatizador que cursa en el Congreso, en el cual se privilegia el agua como un bien económico, cuyo derecho de uso podrá ser concesionado y negociado en el mercado como cualquiera otra mercancía.

En dicha ley se establece el marco legal para que el sector privado, a través de las nefastas alianzas público-privadas y fideicomisos, al estilo Punta Catalina y Pedernales, pase a administrar y explotar con rentabilidad de mercado los cuerpos de agua, la infraestructura existente y sus servicios, incluyendo la posibilidad de las propias CORAs, y sus acueductos.

Y aún más, para asegurarse de que esa visión economicista y mercantilista del agua, negadora del agua y sus servicios como derecho humano y constitucional, quede entronizada en el nuevo modelo institucional y de gestión planteado en la ley, asignan al MEPYD, que nada tiene que ver con los recursos hídricos, su infraestructura y servicios, la dirección del Consejo de Administración de la Autoridad Nacional del Agua, que se propone como máxima autoridad de su gestión en el país, desplazando a un segundo lugar al ministerio de MAyRN, que es el ente rector del sector.

Con la designación de Miguel Ceara como ministro de éste y el ascenso de Pavel Isa como ministro del MEPYD, su visión y posición promotora de la privatización del agua se amplia, fortalece y gana más poder. Es decir, se apodera de la dirección del sector agua, quedando la iglesia en manos de Lutero.

Esto debe quedar muy bien claro en la mente de todos los dirigentes y militantes del movimiento ambientalista del país y sus organizaciones para que no nos vayamos a perder ni dejar confundir por la imagen profesional que acompaña a estos dos ministros.

Veamos primero cuál es su visión, posición y a cuáles intereses responden en este conflicto entre el pueblo, por un lado, por la preservación, uso y gestión del agua como recurso vital, patrimonio nacional, inalienable, inembargable e imprescriptible y derecho humano universal y constitucional y, por el otro, la oligarquía y grupos de poder por explotarla, usarla y aprovecharla como bien económico y mercancía generadora de rentabilidad.

El movimiento social y ambiental de este país, junto con sus fuerzas populares, democráticas y progresistas, debe ponerse en alerta frente a esta maniobra gubernamental, seguir denunciando el carácter privatizador de la Ley General de Aguas que se discute en el Congreso y profundizar y expandir con más fuerza la lucha en defensa del agua, del derecho humano al agua y de todos los derechos humanos, como el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la tierra, a un ambiente sano y a una vida digna.