Desde finales de 2006, en México han desaparecido 93 personas defensoras del ambiente y el territorio, la mayoría de ellas pertenece a algún pueblo indígena, y el año récord de este delito de lesa humanidad se ha registrado bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas son algunas conclusiones de «Defensores desaparecidos», una investigación periodística colaborativa realizada por los medios independientes Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El reportaje documenta los casos reportados desde el 1 de diciembre de 2006, es decir, cuando comenzó el gobierno de Felipe Calderón, el exmandatario que declaró una guerra contra el narcotráfico que recrudeció la violencia en el país; hasta el 1 de agosto de 2023.

Del total de víctimas, precisa, 39 continúan en calidad de desaparecidas, en tanto que 36 fueron encontradas muertas y sólo 18 con vida. Con respecto al género, 83 son varones y 10, mujeres.

«Al menos 62 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición pertenecen a un pueblo indígena. Los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca, sobre todo las regiones con presencia de minería y tala, resaltan por ser los lugares en donde más se ejerce la violencia de la desaparición en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio», señala.

También destaca que estas cifras convierten a México en uno de los cinco países más peligrosos para las personas que defienden el ambiente.

Riesgos

De acuerdo con la investigación, las zonas en donde hay conflictos agrarios o presencia del crimen organizado sobresalen como regiones en donde han desaparecido defensores.

Por ejemplo, en 71 de los 93 casos se encontró que hay presencia de grupos del crimen organizado; en 46 había algún conflicto agrario y en 31, ambas.

«Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio. Y, en especial, las comunidades indígenas», advierte.

Antes de este análisis, México ya estaba ubicado como uno de los países más peligrosos para los ambientalistas según la organización Global Witness, debido a que, entre 2012 y 2022 fueron asesinados por lo menos 185 activistas, pero se carecía de datos precisos sobre los desaparecidos.

«Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras», dice el reportaje que, además, elabora un listado anual que establece que el año con mayor número de desapariciones de ambientalistas y defensores de territorios es 2021, con 23 casos.

Fue justo el año en el que López Obrador cumplió la mitad de su mandato.

Entre los aportes de la investigación destaca una detallada base de datos con los nombres de las víctimas, edad, pueblo indígena de pertenencia; fecha, localidad y condiciones de la desaparición; y el tipo de activismo que realizaba, ya fuera contra la tala ilegal, por la restitución de tierras, o denuncias contra las mineras o proyectos hidroeléctricos.