El máximo tribunal de las Naciones Unidas considera que los países deben cumplir con sus obligaciones internacionales de acción climática y que no hacerlo podría justificar que vean allanado el camino para que otros Estados afectados por los daños que acarrea la crisis climática soliciten reparaciones en litigios en casos específicos.

El Tribunal Mundial de La Haya afirma que los países tienen la obligación de adoptar medidas para acatar los tratados para proteger el clima y que las naciones industrializadas están comprometidas legalmente a liderar la lucha en este campo.

El resultado del dictamen de este tribunal es que uno de los países más vulnerables del mundo a las consecuencias del cambio climático acaba de ganar una batalla legal histórica.

El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) falló a favor de la isla de Vanuatu, en el Pacífico Sur, en un litigio presentado hace dos años ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La opinión consultiva emitida señala que los países tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para contener el calentamiento en el umbral crítico de 1,5°C, con el argumento de que de no hacerlo podrían violar el derecho internacional.

 “Los tratados sobre el cambio climático establecen obligaciones estrictas para los Estados”, sentenció el juez Yuji Iwasawa, quien añadió que su incumplimiento constituye una violación del derecho internacional.

El Tribunal Internacional de Justicia declara que las medidas gubernamentales que impulsan el cambio climático son legales y que los Estados deben ser considerados responsables de las emisiones que alteran el clima.

En su primer fallo sobre esta cuestión, el tribunal de la ONU deja claro que los gobiernos y las empresas deben detener el calentamiento y compensar a las naciones y comunidades vulnerables por el daño que han causado.

Incurrir en responsabilidades

Los países podrían incurrir en responsabilidades, dicen los jueces, si no cumplen con sus obligaciones, lo que podría comportar incluso el posible cese en la producción de combustibles fósiles. 

El documento invoca el derecho a reparaciones a los países que se hayan visto afectados por el cambio climático, como Vanuatu; eso sí, siempre y cuando se demuestre una relación causa-efecto.

El Tribunal señala que ese incumplimiento, que desprotege al planeta y las personas ante los efectos del cambio climático, podría constituir una violación del derecho internacional. En un pronunciamiento que se considera crucial y, para algunos incluso histórico, el TIJ afirma que un “medio ambiente limpio, saludable y sostenible” es un derecho humano.

El arma de unos argumentos reforzados

Esta opinión consultiva redefine el panorama jurídico para los gobiernos, las empresas, los inversores y otros sectores interesados. Todo indica que esta será nueva y poderosa herramienta jurídica que desencadenará una reacción en cadena que acelerará los litigios climáticos a escala mundial.

Es probable que los tribunales de todo el mundo hagan referencia a esta sentencia en sus próximas decisiones. También reforzará los argumentos jurídicos en los litigios climáticos en curso y futuros, especialmente los dirigidos contra empresas demandadas como las de combustibles fósiles

Un victoria con repercusiones

“Las cuestiones planteadas representan más que un problema legal”, declaró Iwasawa Yuji, presidente del TIJ, durante la presentación de la opinión. “Se refieren a un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida y la salud misma de nuestro planeta”.

El dictamen emitido durante dos horas en La Haya se considera una gran victoria para los activistas climáticos, que llevan tiempo buscando vías legales para presionar a los países a detener las actividades que causan el calentamiento, ya que las negociaciones internacionales no logran resultados con la suficiente rapidez.

Diversos observadores creen que los productores de combustibles fósiles y los países desarrollados son los que podrían tener motivos de preocupación ante la posibilidad de que esta decisión se utilice en los argumentarios que se puedan esgrimir ante diversos tribunales internacionales. 

Sería una manera de facilitar la presión y favorecer la lucha contra el cambio climático y a financiar la adopción de medidas (adaptación, reparación…), aunque aún está por ver si habrá cambios de comportamiento.

El TIJ no tiene la facultad de ejecutar su decisión por sí sola, y Estados Unidos se encuentra entre los países que no reconocen automáticamente su autoridad legal. 

Sin embargo, el caso cuenta con el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en principio, aumenta la presión sobre los Estados miembros de la ONU para que actúen de conformidad con la decisión del tribunal.

Dictamen no vinculante, pero de gran peso político

Aunque la opinión consultiva de la TIJ no es jurídicamente vinculante, sí posee un importante valor normativo reconocido a nivel internacional.  La deliberación de los 15 jueces de La Haya tienen peso jurídico y político; y los futuros casos climáticos no podrían ignorarla.

El fallo era muy esperado porque representa una oportunidad única para reforzar los marcos legales globales sobre cambio climático y reivindicar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

Otro valor es que debe servir para proteger los derechos humanos en el contexto de esta crisis, que impacta especialmente a las poblaciones más vulnerables, como las pequeñas islas Estado, y las generaciones futuras, a pesar de que éstas, aunque han contribuido mínimamente al calentamiento mundial, son quienes sufrirán las peores consecuencias.

El dictamen puede ser un documento clave a la hora  de orientar las obligaciones futuras de los Estados en relación con el cambio climático y las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones.

Abordar la “amenaza urgente y existencial”

El máximo tribunal de las Naciones Unidas declaró que los países deben abordar la “amenaza urgente y existencial” del cambio climático cooperando para reducir las emisiones, según recoge el texto jurídico.

El dictamen fue acogido favorablemente por grupos ambientalistas. Los expertos lo consideraron una victoria. sobre todo para los pequeños Estados insulares y de baja altura que habían solicitado al tribunal que aclarara las responsabilidades de los Estados.

Planes ambiciosos

“Las naciones deben cooperar para alcanzar objetivos concretos de reducción de emisiones”, añadió Iwasawa al leer el dictamen consultivo del tribunal.

Los planes de acción climática, añadió, deben ser ambiciosos y mantener colectivamente los estándares para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015, que incluye el compromiso de contener el aumento de temperaturas por debajo de 1,5ºC por debajo respecto al nivel del de la era preindustrial.

Un derecho humano reclamado por Vanuatu

“El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para el disfrute de otros derechos humanos”, dice el fallo.

“Las emisiones de gases de efecto invernadero son inequívocamente causadas por actividades humanas que no están limitadas territorialmente”, argumentó el juez.

“Este es el comienzo de una nueva era de responsabilidad climática a nivel global”, declaró Danilo Garrido, asesor legal de Greenpeace, a Reuters.

Este pronunciamiento fue promovido por Vanuatu, un pequeño Estado insular especialmente afectado por los efectos del cambio climático. 

La iniciativa recibió el respaldo de más de 100 países y fue presentada formalmente por la Asamblea General de la ONU, que solicitó a la CIJ que se pronunciara sobre dos cuestiones clave: ¿Qué obligaciones tienen los Estados, conforme al derecho internacional, para hacer frente a la crisis climática? Y ¿Qué consecuencias legales afrontan si no actúan y causan daños irreversibles?

Falta la lectura atenta

La lectura atenta de la sentencia debe aclarar cómo se  responsabiliza a los principales países emisores de gases y de qué manera sirve de guía para futuros litigios y políticas climáticas.

Aunque no es jurídicamente vinculante, tiene el potencial de sentar las bases para una mayor coherencia, unificar la legislación climática y reformar la legislación nacional e internacional. También ofrece una oportunidad histórica para hacer hincapié en el trato equitativo de las comunidades más afectadas, como las naciones insulares de baja altitud.

A pesar de las dudas que puede suscitar su aplicabilidad, se trata de un avance significativo en el derecho a un clima estable, dado el potencial que tiene para reformar la legislación internacional y nacional y las implicaciones de gran alcance para los gobiernos, las empresas y las comunidades de todo el mundo.

Los gobiernos ya no puedan ignorar sus responsabilidades legales”

Vishal PrasadGirector de la asociación de Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático

“Hoy, los países más pequeños del mundo han hecho historia. La decisión de la TIJ nos acerca a un mundo donde los gobiernos ya no puedan ignorar sus responsabilidades legales”, señala Vishal Prasad, director de la asociación de Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático. “Confirma una simple verdad de la justicia climática: quienes menos contribuyeron a esta crisis merecen protección, reparación y un futuro. Este fallo es un salvavidas para las comunidades del Pacífico que están en primera línea”.

“Este momento demuestra cómo la juventud y las comunidades del sur global tienen el poder de moldear el derecho internacional y buscar reparación por el daño causado”, indicó Nicole Ponce, Líder de Incidencia Global, Jóvenes del Mundo por la Justicia Climática.

Una exigencia exitosa de Vanuatu

El pronunciamiento fue promovido por Vanuatu, un pequeño Estado insular en pleno Pacífico (a 1850 km al este de Austrailia), especialmente afectado por la subida de las aguas costeras.

La iniciativa recibió el respaldo de más de 100 países y fue presentada formalmente por la Asamblea General de la ONU, que solicitó a la CIJ que se pronunciara sobre dos cuestiones clave: Este pequeño país  presionó a las Naciones Unidas para que solicitaran este dictamen, haciendo hincapié en la urgente necesidad de justicia climática para los países vulnerables amenazados por el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos.

Deliberaciones

En dos semanas de audiencias celebradas en diciembre pasado en la CIJ, los países ricos del Norte Global indicaron a los jueces que los tratados vigentes, incluido el Acuerdo de París de 2015 (que en gran medida no es vinculante), deberían ser la base para determinar sus responsabilidades. 

Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares fueron lo que abogaron por la aplicación de las medidas más contundentes para reducir las emisiones, y la implantación de ayuda financiera por parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

La era de la impunidad ha terminado. Gobiernos y corporaciones tienen obligaciones legales claramente definidas para prevenir la catástrofe climática

Tasneem EssopDirectora ejecutiva de Climate Action Network International.

“La era de la impunidad ha terminado. Gobiernos y corporaciones ahora afrontan obligaciones legales claramente definidas para prevenir la catástrofe climática y reparar décadas de emisiones imprudentes”, señala Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network International.

El fallo se produce a cuatro meses de la próxima cumbre del clima, en Brasil, donde estas demandas estarán respaldadas “no solo por la voz de la gente y el peso de la evidencia científica, sino también por el derecho internacional”, dice Essop. “Con este fallo, estamos mejor preparados para garantizar que tanto las personas como el planeta estén protegidos, y que quienes se benefician de la destrucción finalmente rindan cuentas”, sentencia.

“Amenaza existencial”

El máximo tribunal de las Naciones Unidas resalta en su fallo “la amenaza urgente y existencial que representa el cambio climático”, durante la lectura del dictamen de las obligaciones legales de los Estados para actuar. 
“Las emisiones de gases de efecto invernadero son inequívocamente causadas por actividades humanas que no están limitadas territorialmente”, declaró el juez Yuji Iwasawa. 
Antes del fallo, los defensores de la acción climática se congregaron frente a la CIJ para corear ”¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya!”.
“Este fallo es tan importante que podría ser uno de los más trascendentales de nuestro tiempo debido al alcance de los temas que aborda, que atañen a la esencia misma de la justicia climática”, adelantó Joie Chowdhury, abogada sénior del Centro de Derecho Ambiental Internacional. 

Pleitos

Necesidad de actuar: la vía judicial abierta

Los expertos señalan que las medidas adoptadas por los Estados para responder a la crisis climática en las últimas décadas no han frenado el aumento de los gases de efecto invernadero, “lo que ha tenido graves repercusiones en las personas, las comunidades y los medios de vida. Como es sabido y aceptado, son especialmente los países en desarrollo y, en nuestra región, las naciones del Pacífico, los que se enfrentan a mayores retos”, señala Sandra Morrison, catedrática de la Facultad de Estudios Maoríes e Indígenas de la Universidad de Waikato, en la isla norte de Nueva Zelanda, según recoge la plataforma SMC España

 Desde hace tiempo, los países en desarrollo vienen presionando para que se reconozca la responsabilidad de los Estados en los mecanismos de pérdidas y daños,

Mientras los activistas buscan exigir responsabilidades a empresas y gobiernos, los litigios relacionados con el clima se han intensificado, con unos 3.000 casos presentados en casi 60 países, según datos del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de Londres, de este mes de junio.

Pero hasta ahora, los resultados han sido dispares. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se había pronunciado contra la inacción climática de un Estado (concretamente de Suiza), y reconoció que esta omisión afecta directamente los derechos fundamentales, en un pleito ganado por un amplio número de mujeres suizas mayores de 65 años (KlimaSeniorinnen).

En mayo, un tribunal alemán desestimó un caso entre un agricultor peruano y el gigante energético alemán RWE, pero sus abogados y ambientalistas afirmaron que el caso, que se prolongó durante una década, seguía siendo una victoria para los casos climáticos que podrían dar lugar a demandas similares.

El pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con jurisdicción sobre 20 países de América Latina y el Caribe, declaró en otra opinión consultiva que sus miembros deben cooperar para abordar el cambio climático. 

En ella, por primera vez en la región americana, se vincula de manera directa la emergencia climática con la protección de los derechos humanos.

Además, el año pasado, se emitía el primer pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar relacionado con las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático, con una referencia explícita a los derechos humanos.

Además, la Corte Africana de Derechos Humanos trabaja en la formulación de una opinión consultiva en esta dirección.

Contexto

Las respuestas jurídicas, al igual que las científicas, ya son unánimes en todo el mundo: “necesitamos medidas urgentes para abordar el cambio climático, pero también medidas para enfrentar las irresponsabilidades políticas, especialmente del Norte Global, que ponen en peligro la vida en el planeta”, señalan las voces de los países del sur menos adelantados.

El argumento para la acción es que la emergencia climática ya está generando graves vulneraciones de derechos fundamentales, como el acceso al agua, a la alimentación, e incluso el derecho más básico: el derecho a la vida.