Instituciones de la provincia de San José de Ocoa alertan a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, Poder Ejecutivo y alcaldías sobre los graves daños que se vienen produciendo en los últimos meses en esta zona.

Mediante un documento, Fundación Ocoa de Pie, Ecologistas del Maniel, Asociación Productores de Aguacates de Ocoa (Asoprama),  Fundación Juventud y Naturaleza y el Colegio Médico Dominicano (Dirección Regional Sur) rechazan la tala indiscriminada de importantes zonas boscosas en esta provincia.

A continuación, el documento íntegro de las entidades:

A la opinión pública local y nacional

Declaración de prensa

Ante las graves daños que se están cometiendo a los recursos naturales y las cuencas hidrográficas de la provincia San José de Ocoa, las organizaciones abajo firmantes dejan constancia de su rechazo a tales acciones y se hacen eco de la preocupación e indignación que bulle en amplios sectores de la sociedad Ocoeña, por la ocurrencia de esos daños con la mirada indiferente de las autoridades locales y nacionales que tienen que velar por la protección de nuestra naturaleza.

Manifestamos ante la opinión pública nuestro rechazo a las talas indiscriminadas de importantes zonas boscosas del municipio, acciones que están deteriorando ambientes críticos de invaluable valor hidrológico en toda la geografía de la provincia, poniendo en peligro de extinción a importantes especies de flora y fauna silvestre únicas de nuestra la Isla.

En este caso, solo nos referiremos a las acciones que se realizan en la finca de Tota, en el distrito Municipal de la Ciénaga y en la Loma la Cruz, Municipio San José de Ocoa.

La información que se dispone, es que las acciones depredadoras se llevan a cabo  con la autorización o anuencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto de la sede central y como del departamento provincial; pero lo más grave de estos hechos, es que ninguno de estos proyectos cuentan con los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Ley 64-00, que establece que ante de hacer una intervención en cualquier área natural debe realizarse una evaluación de impacto como requisito fundamental para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda otorgar la Licencia Ambiental; en ambos casos no se han cumplido con estos requisitos.

Con relación al proyecto que se desarrolla en la finca de Tota, en el Distrito Municipal de la Ciénaga, por su envergadura, el Ministerio  de Medio Ambiente debió exigirle al propietario un estudio de impacto ambiental realizado por expertos en el tema, así como un detallado estudio hidrológico llevado a cabo por una compañía reconocida en esa rama; además, debió contar con la autorización del Director de la Junta Distrital de la Ciénaga, como lo requiere la Ley 176-07, que norma las prerrogativas de los cabildos. Estas son dos condiciones sine qua non para que el Ministerio debe exigir para otorgar los permisos correspondientes.

Las acciones depredadoras que se han ejecutado  en la finca de Tota ya han ocasionado daños irreversibles a la maltratada foresta del lugar, la tala realizada de importantes especies árboles nativos y endémicos como pinos, cabirma, pino de teta, caya, cigua entre otros, es realmente asombrosa, las imágenes hablan por sí solas. Es muy lamentable, que por carecer de los estudios ambientales correspondientes nunca se sabrá los impactos negativos causados que estas irresponsables acciones han ocasionado a los recursos naturales y la biodiversidad de la zona.

Otro componente crítico que el Ministerio no debió ignorar  es que este proyecto está ubicado en la cuenca media del río Nizao, un componente de suma delicadeza que las autoridades no tomaron en consideración para otorgar este permiso, por el alto consumo de agua que tendrá esta plantación de aguacates que se va implementar en esta zona. Esta actividad indudablemente que tendrá efectos demoledores sobre los ya exiguos caudales superficiales y subterráneos del menguado arroyo La Ciénaga, que es tributario del rio Nizao, del cual se va usar el agua para la irrigación. Como se sabe, las aguas de este arroyo están comprometidas, no solo por la comunidad de La Ciénaga, sino también con los acueductos de Santo Domingo, Baní y Najayo; también con la generación de energía de las presas de Aguacate, Valdesia, el contra embalse de las Barías y con los miles de agricultores de las provincias Peravia y San Cristóbal.

Nuestras organizaciones se preguntan ¿Es que los incumbentes de estas instituciones, encargadas de regular las actividades humanas y de la conservación del medio ambiente desconocen las condiciones y características especiales que tiene esta frágil zona de la cuenca del río Nizao?.

La otra parte que no llama poderosamente la atención es el caso de la Loma de la Cruz, donde ha ocurrido algo similar, la escasa información que tiene la población ocoeña es que el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) inició la construcción de un reservorio para el acueducto en la Loma de la Cruz, obra que ya dañado parte de la cobertura boscosa y el hermoso paisaje de esa emblemática montaña de San José de Ocoa.

Es inaceptable que esta intervención se haya hecho violando las leyes 64-00,de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 202-04 sobre Áreas Protegidas, las Resoluciones No. 03, del año 2010 del Ayuntamiento Municipal que declaró esta loma como Reserva Municipal, a los artículos 16 y 19 de la Ley 176-07 que rige a los cabildos y también, la Resolución No. 20, emitida el 14 de noviembre de 2011 por el Ministerio Ambiente que le confirió mayor categoría de conservación, al declararla Reserva Natural Loma La Cruz.

Otra debilidad que tiene el proyecto de Loma La Cruz es que tampoco se ha realizado un ponderado e imprescindible estudio geológico, hecho por una compañía con experiencia, un aspecto de suma importancia que debería tomarse en cuenta, conociendo que San José de Ocoa está asentada sobre un sistema de fallas tectónicas, las cuales provocan frecuentes microsismos.

Consideramos que la decisión de construir ese depósito de agua enclavado en ese lugar no ha sido la más acertada, este es un tema muy delicado que debe ser ponderado seriamente por nuestras autoridades locales y nacionales. La ubicación de ese reservorio en la falda de esa montaña, con una cara libre dirigida hacia la población, representa un serio peligro para los habitantes de San José de Ocoa. Es como si fuera una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los habitantes de nuestro municipio. No quisiéramos pensar que si por uno de esos casos fortuitos, ocurriera uno de esos violentos eventos de la naturaleza que hiciera colapsar esa obra, las consecuencias serían impredecibles. Solo nos queda clamar ¡Que Dios nos tome confesado!.

Nuestra organizaciones consideran como muy grave, que a pesar de las infracciones a estas leyes y resoluciones, las debilidades y deficiencias manifiestas ninguna autoridad nacional o local haya tomado acciones en defensa de la integridad de esta importante área protegida de nuestra provincia; peor aún, nuestras autoridades han permitido que estos trabajos continúen su curso a sabiendas de que no cuentan con los estudios de impacto ambiental, sin la licencia ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y tampoco con la correspondiente autorización municipal.

Quisiéramos saber por cuales razones la Dirección Provincial de Medio Ambiente no exige los permisos correspondientes, antes de permitir el inicio de obras y proyectos que comprometen seriamente la estabilidad ecológica y ambiental de nuestra amada provincia.

En vista de la gravedad de los hechos aquí expuestos, solicitamos encarecidamente a la Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión de Recursos Naturales de la Academia de Ciencias, al Instituto de Sismología de la UASD y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) para que hagan un descenso a  las zonas mencionadas en este documento para comprueben la veracidad de los hechos y puedan hacer las recomendaciones de lugar a las autoridades correspondientes a los fines de que se corrijan las negativas acciones aquí enumeradas.

Finalmente hacemos un llamado al señor Presidente de la República Lic. Luis Abinader para que instruya a las autoridades provinciales y nacionales, en particular al Ministerio de Medio Ambiente, al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), al Banco Agrícola y al Ministerio de Agricultura a que le den fiel cumplimiento  a la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos, recientemente promulgada por usted,  para que estas instituciones se abstengan de promover, autorizar y  financiar proyectos que atenten contra las áreas críticas de nuestra cuencas hidrográfica y zonas de amplia sensibilidad ambiental de la provincia San José de Ocoa.

Señor Presidente, sin temor a equivocarnos, por el camino que están conduciendo a nuestra amada provincia San José de Ocoa, lamentablemente la llevan directo al colapso.

FIRMAN

Fundación Ocoa de Pie, Inc.      

Ecologistas del Maniel

Asociación Productores de Aguacates de Ocoa (ASOPRAMA)

Fundación Antonio Castillo,              

Fundación Juventud y Naturaleza

Colegio Médico Dominicano, Dirección Regional Sur