Organizaciones a favor de los derechos indígenas expresaron este martes su indignación ante la respuesta gubernamental con respecto al último derrame de crudo en una manifestación frente a la sede donde se desarrolla el  Encuentro Anual de Energía y Petróleo (ENAEP) en Quito.

El vertido de hidrocarburos afecta a cerca de 60,000 personas. A su vez, las repercusiones del derrame están volcadas fundamentalmente en el río Coca, que  constituye la más importante vía fluvial de la Amazonía ecuatoriana, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Por su parte, el titular de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) considera que la integración regional resulta vital para hacerle frente a las explotación abusiva de los recursos minerales al recordar las catástrofes ambientales registradas en el Perú y Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano tiene como directrices la ampliación  de la extracción minera y petrolera. Esto afecta a las comunidades indígenas asentadas en esos territorios, que exigen que se materialice lo acordado en las diferentes convenciones y declaraciones internacionales con respecto a la protección medioambiental.

En este sentido, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, presente en la manifestación, repudió la falta de garantías legales que afrontan los pueblos indígenas.

La población indígena denuncia haber sido marginada históricamente. La conquista y luego la instauración de gobiernos pro imperialistas han socavado sus derechos. Los intereses de las transnacionales agreden directamente el entorno en el que se desarrollan estas comunidades.

El derrame actual tiene como antecedente al ocurrido en  abril de 2020, que se extendió a cientos de comunidades. Todavía líderes de los pueblos que allí habitaban exigen una compensación por los daños causados.