La organización ambientalista Greenpeace encendió las alarmas ante la fuerte reducción del presupuesto destinado a la Ley de Bosques para 2026.

Según su análisis, la falta de financiamiento y la disolución de los fondos fiduciarios encargados de su administración comprometen gravemente el control de la deforestación ilegal y las políticas de conservación en todo el país.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 destina apenas el 3,5% de los recursos establecidos por ley para la protección de los bosques nativos.

Esto, advierte Greenpeace, debilita la capacidad de los gobiernos provinciales para controlar los desmontes, ya que un 30% de esos fondos se usa para fortalecer las instituciones y el resto para conservar ecosistemas o promover actividades sustentables.

La situación se agrava por la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, ordenada en 2024. Ese instrumento garantizaba que el dinero recaudado se utilizara exclusivamente en conservación. Ahora, los recursos podrían ser redirigidos a otros fines, dejando sin respaldo económico a las acciones de preservación.

Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor deforestación del mundo. Desde 1998 hasta 2023 perdió cerca de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, y solo en 2024 desaparecieron 150.000 hectáreas más, según el monitoreo satelital de Greenpeace. Gran parte de esa pérdida ocurre en el norte argentino, donde el avance de la frontera agropecuaria continúa sin control efectivo.

La Ley de Bosques en peligro

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en 2007, fue un hito en la política ambiental argentina. Su objetivo es detener los desmontes y promover un uso sustentable del territorio mediante la clasificación de los bosques según su valor de conservación (alto, medio o bajo).

Además, establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que debería financiar proyectos provinciales y compensar a las comunidades locales por proteger estos ecosistemas.

Por ley, ese fondo debe representar el 0,3% del Presupuesto Nacional más el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, nunca se cumplió con ese monto. En 2026, el financiamiento previsto es uno de los más bajos desde su creación, lo que amenaza con paralizar los programas de conservación, restauración y monitoreo.

Greenpeace advierte que esta situación no solo pone en riesgo a los bosques, sino también a las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia. Los bosques nativos actúan como sumideros de carbono, regulan el agua, evitan la erosión y sostienen una enorme biodiversidad. Sin fondos ni control, aumentan los desmontes ilegales, los incendios y la degradación del suelo.

Un llamado urgente a la acción

Para Greenpeace, el retroceso en la política forestal refleja una falta de compromiso estatal frente a la crisis climática. La organización insiste en que el país debe cumplir con los estándares internacionales de protección ambiental y fortalecer el control sobre las actividades que destruyen los ecosistemas.

El debilitamiento de la Ley de Bosques, sumado a la escasez de brigadistas forestales y la disolución de los fondos del Manejo del Fuego, anticipa un escenario preocupante: menos prevención, menos fiscalización y más impactos ambientales.

“Sin una política forestal sólida, los bosques argentinos seguirán desapareciendo a un ritmo alarmante”, advierte la organización. Greenpeace reclama la restauración del Fondo Fiduciario, el cumplimiento pleno del financiamiento legal y una estrategia nacional que priorice la conservación frente a los intereses económicos de corto plazo.