Miles de manifestantes marcharon contra la construcción de infraestructuras de almacenamiento de agua en el municipio de Sainte-Soline, en el centro-oeste de Francia. Los opositores denuncian que estos estanques dejan un recurso tan esencial como el agua en manos de la agroindustria, mientras que sus promotores aseguran que son esenciales para luchar contra la sequía en verano.

6,000 personas, según las autoridades, y 25,000, de acuerdo a los organizadores, estuvieron presentes este sábado en Sainte-Soline, para reivindicar su rechazo a la construcción de mega-cuencas de agua que el Gobierno francés está ayudando a construir en la zona. 

Las autoridades desplegaron en un gran operativo cerca de 3,000 policías, luego de que en marchas anteriores contra los depósitos se produjeran enfrentamientos entre policías y manifestantes. De acuerdo a las autoridades, un millar de los presentes eran activistas “radicales” que incluso han llegado de países vecinos como Italia, Suiza y Alemania. 

En esta ocasión también se produjeron choques. Aunque en su mayoría la protesta fue pacífica, algunos manifestantes lanzaron explosivos y proyectiles, mientras que la policía lanzó gases lacrimógenos y cañones de agua. Si bien hasta el momento no se conoce una cifra de heridos, la AFP informó que hubo “llamados a médicos”.

De acuerdo a la gendarmería, antes de iniciar la manifestación, los agentes incautaron cuchillos, tirachinas, productos incendiarios, hachas, entre otros, y se detuvo a 11 personas, de las cuales siete permanecen en custodia policial.

Los organizadores de la manifestación son grupos ambientalistas: Bassines non merci (No a las reservas de agua ), el movimiento ecológico de revueltas por la tierra (Mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre) y la confederación de agricultores (Confédération paysanne).

El llamado de estas organizaciones había sido a protestar pacíficamente. Un portavoz de “Bassines non merci”, Julien Le Guet, había llamado a la manifestación pacífica. “No caigan en la violencia; la verdadera violencia es la del Estado”, sostuvo.

Contra «el monopolio del agua»

Los manifestantes rechazan la construcción de este tipo de infraestructuras financiadas por el Estado (en el 70% para este proyecto) y que benefician a las industrias agrarias locales. Reclaman que proyectos de este tipo concentran recursos esenciales como el agua en pocas manos y que no están pensados para beneficiar a todo el país. 

«El objetivo es acercarse y rodear la cuenca para detener el sitio de construcción», dijo a la AFP un miembro del colectivo Earth Uprisings al comienzo de la manifestación. Estos «reservorios sustitutos» se han convertido en el símbolo de una lucha contra «el monopolio del agua por parte de la agroindustria», dijo el manifestante, según recoge la AFP. 

La de Sainte-Soline (departamento de Deux-Sèvres) es una de las 16 mega-cuencas que forman parte de un proyecto desarrollado por un grupo de 400 agricultores. Aseguran que de no contar con esos recursos hídricos, no podrían sobrevivir en verano con las intensas sequías.

Por su parte, ONG como Greenpeace también se han manifestado recientemente contra este tipo de proyectos. La Organización denuncia que estos estanques se alimentan de aguas subterráneas, por lo que debilitan las capas subterráneas y acuíferos y afectan la supervivencia de los ecosistemas.

Además, señala que constatan políticas estatales a favor de la agroindustria, que para la Organización es “un modelo devastador” de producción de alimentos, que genera un gran impacto en el medio ambiente y que también “es parte responsable del cambio climático”. 

Las manifestaciones en Sainte-Soline se dan en un momento de máxima tensión contra el Gobierno de Emmanuel Macron debido a su controvertida aprobación de la reforma a las pensiones. Las multitudinarias protestas en su contra provocaron el aplazamiento de la visita del rey Carlos III al país el viernes. 

Además, el Consejo de Europa, el principal organismo de control de los derechos humanos del continente, y varias ONG, han denunciado la brutalidad policial con la que las autoridades han respondido a las manifestaciones contra la propuesta del presidente en las últimas jornadas.