La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó preocupación ante la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afectaría gravemente al Parque Nacional Jaragua, una de nuestras áreas protegidas más importantes, ordenando la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y disponiendo, en los hechos, la exclusión de ciertas parcelas.

La entidad indicó que más allá del fallo jurídico, la decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta.

«Nos enfrentamos a lo que constituye un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios», precisó la institución.

La Coalición señaló que Esta persistencia representa hoy la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y requiere ser frenada con contundencia para evitar la enajenación del patrimonio público.

Advierte que la decisión judicial, tal como ha sido dictada, plantea serios riesgos para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y para el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales asumidos por el Estado dominicano.

Precisó que, de confirmarse este criterio, se estaría estableciendo un precedente según el cual omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley, debilitando el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la Nación.

“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Las áreas protegidas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental, social esencial para la sostenibilidad”, señala la Coalición.

Asimismo, la Coalición advierte que esta interpretación temeraria de los jueces del TSA podría abrir la puerta a una judicialización masiva del Sinap, generando incertidumbre jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con los principios consagrados en la Constitución de la República y varios acuerdos internacionales del que el país es signatario, en especial el derecho colectivo a un medio ambiente sano.

Las organizaciones que integran la Coalición reiteran que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental y que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse por la vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto de la Constitución y  los compromisos internacionales del país.